Diversos fondos de pensiones, de inversión, aseguradoras y de asociaciones solidaristas están en riesgo de perder miles de millones de colones por la debacle de la financiera Desyfin. Dentro de este grupo, sobresalen diez casos, entre los cuales está la administración de las jubilaciones del Poder Judicial:
Estos diez fondos están en riesgo de perder ¢13.000 millones después de que la Administración de Resolución de Desyfin decidió transferir un 48,97% de la inversión principal de cada uno de los acreedores no garantizados.
La recuperación del 51,03% restante aún no está asegurada, pues depende de que se vendan activos de la financiera por parte de los resolutores o en el proceso concursal para declarar la liquidación de la entidad.
Un número mayor de fondos está en la misma situación, pero con cifras más pequeñas. En total, resultan afectados inversionistas que colocaron ¢57.540 millones en bonos de deuda e inversiones a la vista y a plazo en la entidad, al momento previo de la intervención de la institución en agosto del año pasado.
En total, todos están en riesgo de perder ¢29.366 millones
La Nación corroboró el monto invertido, a junio del 2024, en las bases de datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y los estados financieros de los acreedores.
El pago que se hará a los inversionistas corresponde a los instrumentos de inversión vencidos antes del 31 de mayo. Este 16 de julio, InterClear Valores, entidad que provee servicios de registro y administración de valores, informó en un hecho relevante que transferirá el pago a los inversionistas en agosto próximo.
Actualmente, Desyfin está en proceso de resolución, el cual debe finalizar, como máximo, el próximo 9 de octubre.
Para que los inversionistas obtengan un algún porcentaje adicional de recuperación, el equipo de resolución de la Financiera tendría que concretar la venta de activos o generar una mayor liquidez antes de esa fecha.
De lo contrario, todo lo que no se logre negociar irá al proceso concursal, donde una eventual repartición extra tardaría mucho más tiempo.
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Principales acreedores
Los sistemas de pensiones concentraban el mayor monto en riesgo, ya que hasta junio de 2024 tenían invertidos ¢44.698 millones en títulos valores y depósitos a plazo, según datos de Supén para ese momento.
Entre los regímenes involucrados figuran el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, el Fondo de Garantías y Ahorro de los Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Popular Pensiones y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de Lotería.
En títulos valores, el fondo de pensiones del Poder Judicial invirtió ¢11.500 millones, según el Informe de Inversiones a mayo de 2025.
En este documento se reconoce que la situación de la financiera “afecta directamente a las inversiones” que mantiene el régimen de jubilaciones, pues se espera una recuperación, de momento, del 48,97% del monto, es decir, ¢5.632 millones. Pero quedaría pendiente un ¢5.868 millones.
En el caso de Popular Pensiones, en 2021 la entidad colocó ¢3.099 millones de recursos de afiliados, de cuatro fondos voluntarios y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL). De acuerdo con sus estados financieros, el Fondo del ICE contaba con ¢999 millones y el de Vendedores de Lotería con ¢279 millones.
Por otra parte, tres Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) registran una inversión conjunta por ¢7.697 millones de recursos de sus clientes, provenientes de distintos fondos, invertidos en la Financiera. Se trata de la sociedad Mutual Fondos, la del Banco Popular y la del Banco de Costa Rica (BCR).
Según un hecho relevante difundido por Popular SAFI y datos estadísticos publicados en el portal de la Sugeval, al 31 de julio de 2024, en el Fondo de Inversión Liquidez Mixto Dólares el 8,26% de los recursos administrados están en la financiera, es decir, ¢2.015 millones; y el 8,65% de la cartera del Fondo de Inversión Liquidez Mixto Colones lo está también, lo cual equivale a ¢4.070 millones.
Mutual SAFI había informado a sus inversionistas en un hecho relevante, en agosto del año pasado, que cinco fondos administrados tenían inversiones a la vista en Desyfin. Los instrumentos financieros Fondo Mutual I, Fondo Mutual II, Fondo Crecimiento y Fondo Ingreso sumaban, en conjunto, ¢568,4 millones.
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En el caso del Fondo de Inversión de Titularización de Flujos Futuros de Cartera Hipotecaria de Vivienda en Colones #1, también de Mutual SAFI, lo invertido equivalía al 16,3% del activo, es decir, ¢535,8 millones, con datos a corte de junio 2024 reportados en Sugeval.
Sin embargo, este jueves informó a La Nación, que ninguno de los fondos administrados mantiene inversiones en Desyfin; sino solo recursos de la propia Sociedad. “No existe afectación para los inversionistas de nuestros fondos”, se argumentó por escrito.
Previamente, BCR SAFI detalló que únicamente el Fondo de Inversión Mixto Dólares tenía inversión en Desyfin, equivalente al 0,79% del activo, es decir, ¢507,6 millones, según el registro hecho en Sugeval.
En el grupo de entidades afectadas también figuran asociaciones solidaristas, instituciones públicas no financieras, así como las aseguradoras Mapfre y Oceánica de Seguros (hoy MNK Seguros), que poseían instrumentos de la financiera.
Optimismo
Róger Porras, gerente de Popular Pensiones, afirmó que se espera que la venta directa de la cartera crediticia de la Desyfin genere pagos adicionales, por lo que todavía no es correcto determinar una pérdida para los afiliados.
“La interventoría ha mostrado disposición y transparencia en el seguimiento del proceso, lo que nos permite mantener comunicación fluida y estar bien posicionados para recibir actualizaciones oportunas. Estamos a la espera de más información, la cual nos permitirá determinar, con mayor precisión, los ingresos adicionales que el fondo podría presentar con el pago futuro de las inversiones”, explicó Porras.
La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial indicó que tienen una posición de optimismo con respecto al panorama de recuperación de las inversiones en la Financiera, ya que esperan obtener de vuelta la mayor cantidad posible de dinero.
“Actualmente, no es posible confirmar una pérdida definitiva del 51,03% de los recursos invertidos, ya que dicha valoración dependerá del resultado del proceso de resolución en curso, así como de un eventual proceso concursal (...) En consecuencia, la determinación de posibles pérdidas solo podrá establecerse una vez concluidos dichos procesos”, afirmó la Junta.
Añadieron que toda inversión conlleva un riesgo inherente y que la colocación de recursos en Desyfin se realizó a través de la Bolsa Nacional de Valores (BNV) y en sintonía con su perfil de riesgo, lo que otorgaba un respaldo normativo y técnico al momento.
Por su parte, Dalianela Redondo, gerente de Popular SAFI, afirmó que si bien este pago parcial es un primer paso, la expectativa de una recuperación adicional dependerá de la evolución de las gestiones judiciales y administrativas en curso, así como del eventual resultado del proceso de intervención y venta de activos.
“Desde el inicio, la Sociedad ha venido aplicando con rigurosidad todos los protocolos técnicos y regulatorios, así como gestionando activamente las coordinaciones necesarias con las autoridades competentes, con el objetivo de mitigar en la mayor medida posible cualquier impacto en los portafolios”, afirmó Redondo.
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Primeros pagos
InterClear Central de Valores informó que la resolución de la Financiera procederá con la transferencia del 48,97% del saldo principal de las emisiones anotadas en su cuenta, con vencimiento al 31 de mayo.
En un comunicado de Hecho Relevante, se indicó que el pago se efectuará mediante el mecanismo formal establecido a través de InterClear, la cual enviará los recursos a las entidades custodias para que estas los trasladen a sus respectivos inversionistas.
De acuerdo con un documento de tenencia de emisiones de Sugeval, en este primer pago se incluyen emisiones en colones y en dólares en manos de personas físicas y jurídicas, así como de asociaciones solidaristas, aseguradoras y entidades públicas no financieras.
La Nación extrajo la información de cada una de las emisiones incluidas en el comunicado de InterClear. En total, los títulos valores del primer pago tendrían un valor absoluto de ¢12.704 millones y de $6,43 millones.
Con base en esto, los inversionistas de este primer pago recuperarían ¢6.221 millones y $3,15 millones, con lo cual quedarían en riesgo ¢6.483 millones de los bonos en colones y $3,28 millones en dólares.
Financiera Desyfin fue intervenida por orden del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) el 13 de agosto de 2024. El 9 de octubre pasado fue declarada inviable tras la intervención.
La decisión se fundamentó en un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el cual reveló deficiencias en la gestión de la cartera de créditos y debilidades en la administración de la financiera.
