Boris Marchegiani Carrero, presidente y apoderado del Grupo Mercantil Lapis Lazuli S.A., dueña del Hotel Gaia, figura entre las personas con derecho a voto en la junta de acreedores del convenio preventivo, pese a que la propia sociedad es la promotora del plan de salvamento destinado a reestructurar y atender el pago de la deuda por $8,3 millones con el Banco Nacional.
En otras palabras, Marchegiani podrá decidir el futuro de la propuesta propuesta de pagos a la entidad pública que él mismo presentó ante el Juzgado Concursal. Esta situación ocurre porque, en 2018, en el proceso judicial se le aceptó el derecho de reclamar el pago de $238.129 por gastos vinculados a su hospedaje turístico.
El empresario de 74 años fue nombrado embajador de Costa Rica en la Organización de Naciones Unidas (ONU), por la administración de Laura Fernández. Además, fue donante y secretario general suplente del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y financió las vallas publicitarias que solicitaron la renuncia de varios jerarcas del Estado
El convenio preventivo identifica al BN como el principal acreedor del grupo empresarial propietario del establecimiento turístico en Manuel Antonio, Quepos, de acuerdo al expediente 14-100021-0425-CI, al que tuvo acceso La Nación.
El convenio preventivo de acreedores fue admitido el 3 junio de 2014, ocho días después que el BN notificó a la sociedad sobre la ejecución del fideicomiso de garantía por impagos, respaldado por el hotel. Desde entonces, la empresa dejó de pagarle al banco público con autorización judicial.
El préstamo firmado entre la sociedad y el BN se formalizó el 19 de agosto de 2011, por un total de $3.554.000 a un plazo de 20 años.
Al 16 de junio de 2026, la deuda con el BN ascendía a $8.345.997, incluyendo principal, intereses y gastos, de acuerdo con información del expediente.
Según una certificación emitida por el Banco Nacional, el último pago registrado se realizó el 1.° de febrero de 2014, según consta en el expediente de más de 3.800 folios.
⇒ La deuda de Marchegiani con su sociedad
En el expediente se precisa que el Juzgado Concursal autorizó a Marchegiani a fungir también como acreedor de su propia sociedad.
Al 17 de agosto de 2018, el Grupo Mercantil Lapis Lazuli le debía $94.980 por concepto de inversión en el Hotel Gaia, a una tasa de 7,50% anual sobre saldos. Además, de $14.631 de intereses, para un total de $109.522.
También señala un monto por $128.607, en concepto de uso de tarjetas de crédito a nombre de Boris Marchegiani para el pago de gastos por el funcionamiento del Hotel.
En total, la deuda de Marhegiani con la sociedad, de acuerdo con lo indicado en el expediente es de $238.129 con corte a junio de 2018.
En el expediente se señala que, de acuerdo con lo informado por la administración del Hotel Gaia, esta deuda, por acuerdo de los socios, fue liquidada a lo interno para depuración de los registros contables y sus auxiliares, “por lo que se estará presentando ante el Juzgado el acta respectiva donde se consigna la decisión de socio”.
Sin embargo, en los documentos en poder de La Nación no se constata la incorporación de dicho oficio bajo el caso 14-100021-0425-CI.
⇒ ¿Juez y parte?
El proceso se desarrolla amparado en la Ley N.º 7643 que establece la Reforma del Título V del Código Procesal Civil y fue aprobada el 17 de octubre de 1996.
A partir del 1.º de diciembre de 2021, este tipo de procesos se rigen por la Ley N.º 9957, Ley Concursal de Costa Rica.
Sergio Artavia, abogado experto en procesos concursales, indicó que desde el punto de vista de legal en este caso sí es posible que el presidente de la sociedad participe en la junta de acreedores de acuerdo a la Ley N.º 7643 y tenga derecho a votar.
“No había una regulación precisa ni tan completa como ahora (con la nueva ley)”, señaló Artavia.
El jurista explicó que en la junta los acreedores ejercen dos tipos de votos, en base al valor del crédito y un voto como acreedor (voto personal).
En el caso del valor del crédito, el peso del voto es proporcional al total del pasivo (deuda).
El 13 de abril de 2018, el juez Raúl Buendía Ureña fijó para el 31 de mayo de ese año la junta de acreedores que debía votar la aprobación o rechazo del convenio preventivo propuesto por el Grupo Mercantil Lapis Lazuli.
Posteriormente, la convocatoria fue reprogramada para el 3 de julio de 2018. A la fecha, la junta de acreedores aún no se ha realizado. La última audiencia oral entre las partes se realizó el 28 de julio de 2021.
⇒ ¿Qué dice la Ley?
De acuerdo con la Ley N.º 7643, en el artículo 752, el convenio se tendrá por aprobado, por una mayoría de los acreedores concurrentes, que represente por lo menos dos tercios de la totalidad de los créditos legalizados.
Quedan excluidos de votar en la junta el cónyuge y los parientes, por consanguinidad y afinidad hasta el cuarto grado inclusive, tanto del deudor como de sus socios y sus dependientes que hubieren adquirido créditos durante el año anterior a la fecha de la propuesta.
La ley no indica la exclusión de los socios ni de los accionistas.
Consultados al respecto, el BN por medio de la Dirección Jurídica dijo a La Nación que es el juez concursal quien dirige el proceso, analiza las gestiones presentadas y determina la admisión y validación de los créditos.
La entidad pública indicó que por la naturaleza del proceso y en apego al principio de confidencialidad, no corresponde al Banco emitir valoraciones sobre la situación particular de otros acreedores ni sobre el contenido de sus gestiones, por ser una competencia exclusiva de la autoridad judicial.
“Reiteramos que el Banco Nacional actúa en todo momento conforme al marco normativo aplicable, con un enfoque de responsabilidad, transparencia procesal y defensa adecuada de los intereses públicos que administra”, añadió la entidad.
El BN informó que ha actuado dentro de las facultades que le otorga la legislación, participando en las instancias correspondientes del proceso y valorando las propuestas que se someten a conocimiento de la autoridad judicial, siempre bajo criterios técnicos, legales y de resguardo del patrimonio institucional.
La Nación envió consultas a Gerardo Bouzid Jiménez, apoderado judicial del Grupo Mercantil Lapis Lazuli en el convenio preventivo, sobre si el rol de acreedores de Marchegiani y otras personas vinculadas con la sociedad no los convierte en jueces y partes del proceso. Al cierre de esta nota se esperaban las respuestas.
Piero Vignoli Chessler, curador del proceso, detalló que los acreedores reconocidos pueden intervenir en el proceso.
“Cuando existe una eventual vinculación entre un acreedor y la representación de la sociedad deudora, corresponde al juez determinar el alcance de esa participación y si existe alguna limitación legal aplicable”, explicó el curador.
La sociedad, según consta en el expediente, presentó en mayo de 2022 un plan de salvamento que propone la ampliación del plazo de pago de la deuda del BN hasta en 41 años. El plazo original del crédito es de 20 años.
⇒ Los legalizantes
De acuerdo con un documento del expediente con fecha 20 de mayo de 2022, el Banco Nacional es el legalizante principal.
Un legalizante es el acreedor que reclama su crédito o legaliza su préstamo ante el juez concursal y debe presentar sus pruebas ante el curador (administrador del proceso) y este solicitará al juez a cargo que legalice la deuda en litigio.
El expediente indica además como legalizantes al Ministerio de Hacienda, el Banco Improsa, administrador del fideicomiso; Boris Marchegiani, Thomas J. Farrel, identificado en el expediente como accionista del Grupo Comercial; y Kenneth David Fleming, tesorero de la sociedad.
En el caso de Improsa, la deuda presentada es $37.044 por concepto de costos procesales de demanda interpuesta en el Centro de Conciliación y Arbitraje (CAC) de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).
Sobre la deuda de Fleming, presentada el 30 de agosto de 2018, incluye $167.182, por concepto de honorarios profesionales y $35.553 de intereses, para un total de $202.735,80, según el expediente judicial.
En el caso Farrel, los documentos indican que posee 6.192 acciones nominativas de la serie A de la sociedad y 270.850 acciones comunes y nominativas de la Serie C.
El Grupo Mercantil registra a noviembre de 2024 un capital accionario de 3.078.239 acciones comunes y nominativas con un valor de $1 cada una, distribuidas en las series A, B y C.