La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advirtió sobre un “inminente riesgo” de tener que recurrir a los recursos de la reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para cubrir el pago de pensiones en el 2025, pese a que su uso estaba previsto hasta el 2041, según el último estudio actuarial.
En el informe AD-AFINPE-0024-2025, se alertó que el flujo de efectivo del régimen registra un saldo negativo en los últimos años, porque los gastos superan los ingresos por cotizaciones. El estudio, del 26 de marzo, es firmado por el auditor Olger Sánchez Carrillo bajo el título Oficio de advertencia sobre la situación financiera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
Ante este panorama, señaló, se recurre cada vez más a los intereses de las inversiones de la reserva para cubrir el pago a los jubilados.
“Se evidencia un estrés en las proyecciones de los ingresos y la generación de intereses para cubrir los egresos ordinarios, lo que ha venido afectando la capitalización de recursos y en consecuencia la utilización de intereses, con un inminente riesgo de utilización de los recursos de la reserva al cierre de este ejercicio anual“, advierte el documento en poder de La Nación.
La Nación informó, el 21 de marzo anterior, de que una avalancha de jubilaciones anticipadas disparó el gasto en pensiones del IVM, el principal fondo de retiro del país.
Los estados financieros no auditados del 2024 reflejan que el régimen destinó ¢1,85 billones al pago de pensiones y seguros médicos el año pasado, frente a los ¢1,63 billones reportados en el 2023. Esta variación interanual de ¢227.744 millones representa un incremento del 14%.
El efecto se atribuyó a que más de 5.000 personas adelantaron el retiro del IVM el año pasado. Como resultado, el sistema registró un crecimiento sin precedentes en la cantidad de pensionados por vejez, al pasar de 208.743 beneficiarios, en 2023; a 221.888, en 2024.
La Auditoría Interna de la CCSS otorgó un mes de tiempo para que las autoridades de la institución analicen los resultados de la fiscalización y planteen propuestas de solución viables en corto plazo.
Al cierre del 2024, todo el IVM contaba con 379.189 jubilados (incluyendo a los beneficiarios por invalidez o muerte de un familiar).
Jaime Barrantes: ‘Son temas que hemos estado señalando’
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, confirmó a La Nación que la institución reconoce las advertencias de la Auditoría. Aceptó que el uso de la reserva es un escenario que puede presentarse en el 2025.
Barrantes insistió en que la probabilidad de que ocurra puede disminuir “significativamente” si el Ministerio de Hacienda salda más de ¢56.000 millones adeudados al IVM. Este monto, excluido del presupuesto del 2018, fue objeto de una orden de pago por parte de la Sala Constitucional en junio del 2020. No obstante, debido a los intereses acumulados desde entonces, la deuda asciende a ¢68.000 millones.
Además, Barrantes señaló que Hacienda mantiene otra deuda con el IVM por ¢27.000 millones, lo que elevaría el desembolso total a ¢95.000 millones solo para este año.
El gerente de Pensiones añadió que están a la espera del incremento del 0,5% en las cotizaciones a partir de enero del 2026. También están a la espera de la posible aprobación de un proyecto de ley que trasladaría a la CCSS el aporte patronal del 0,25% del Banco Popular para financiar las pensiones del IVM.
“Hemos insistido en la posibilidad de rebalanceo de cotizaciones y, además, continuaremos con la segunda etapa de discusión de medidas más estructurales para fortalecer el régimen en el mediano y largo plazo”, concluyó Barrantes.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, confirmó que están al tanto de la deuda anual y que será cancelada este año. Además, destacó la necesidad de que la entidad evalúe la rentabilidad de su cartera en relación con las tasas de interés del mercado, ya que esto también puede llevar a que se recurra a la reserva eventualmente.
“Tenemos presupuestado, no quiero decir que está ahí, pagarles ¢58.000 millones y ¢27.000 millones que están ahí del IVM”, aseguró Acosta.
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Intereses se utilizan para compensar faltante de recursos
La Auditoría de la CCSS confirmó que existe un desbalance entre los ingresos y los gastos del régimen.
La tendencia, según su último informe, se agravó en los últimos años y obligó a la institución autónoma a recurrir a los intereses de la reserva para compensar la falta de recursos para pagar pensiones.
Barrantes reconoció, a finales de marzo pasado, que las cotizaciones no son suficientes para cubrir los egresos, por lo que se han complementado con los intereses de la reserva.
“Como alternativa, en los últimos años se ha utilizado la generación de intereses producto de las inversiones en títulos valores para financiar el gasto corriente del régimen.
"Existe una tendencia hacia una mayor utilización de los intereses, siendo que durante el año 2021 se utilizaron alrededor de ¢109.000 millones y para el 2024 se alcanzó la cifra de ¢259.000 millones. Esto aun cuando los ingresos por intereses se han mantenido relativamente estables durante este periodo“, destaca el informe.
La Auditoría proyectó que durante el 2025 los ingresos sumarán ¢1.902.016 millones, mientras que los gastos llegarán a ¢2.044.237 millones, lo que generaría un faltante de ¢142.221 millones, incluso considerando el uso de intereses.
Según las proyecciones de la última Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, presentada en setiembre del año pasado, el IVM entraría en una fase crítica en 2035, cuando las cotizaciones no basten para cubrir los egresos del fondo.
El estudio estimaba que hasta el 2041 sería necesario recurrir a la reserva para sostener los pagos. De utilizar esos fondos este año, la proyección se adelantaría 16 años.
A pesar de estas proyecciones, desde el 2020 el gasto en pensiones del IVM superó los ingresos por contribuciones. Esta situación fue expuesta por el gerente financiero, Gustavo Picado, durante la sesión 9.499 de la Junta Directiva de la CCSS, el 27 de febrero.
La diferencia se amplió en el 2024, ya que los ingresos alcanzaron ¢1.281.932 millones, mientras que el pago de jubilaciones ascendió a ¢1.498.734 millones, lo que representa una disparidad de ¢216.802 millones. Esta supera por más del doble a la diferencia del 2023, que fue de ¢101.803 millones.
Por su parte, en el 2022, la disparidad entre estos dos rubros fue de ¢80.899 millones, mientras que en el 2021 y 2020 fue de ¢62.030 millones y ¢58.229 millones, respectivamente.
¿Qué sigue?
La Auditoría Interna de la Caja concluyó que la morosidad en las contribuciones sociales pasó de ¢711.000 millones en 2021 a ¢985.000 millones en 2024. En ese mismo lapso, la deuda del Estado con el IVM se incrementó de ¢453.000 millones a ¢734.000 millones, lo que podría limitar las opciones para abordar la situación.
Sin embargo, recomendó a las autoridades institucionales realizar un “análisis integral de la situación financiera del IVM” y “plantear alternativas de solución viables” para su implementación en este año o en un plazo más breve.
Desde el 13 de marzo de 2025, según el oficio CR-052-2025 de la Junta Directiva de la CCSS, se reconoció el riesgo asociado a los resultados del flujo de caja del IVM. En consecuencia, se ordenó la elaboración de un informe sobre la deuda del Estado y otro sobre la situación del flujo de efectivo.
Actualmente, las distintas unidades a cargo del IVM cuentan con el plazo de un mes para que, de manera conjunta, analicen lo expuesto por la auditoría y planteen sus propuestas.
