El aumento en el precio de los combustibles en Costa Rica y la propuesta de nuevos incrementos para noviembre próximo presionan los costos de operación de las empresas de autobús y podrían traducirse en nuevas alzas en las tarifas que pagan los usuarios.
Silvia Bolaños, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), explicó que el combustible representa cerca del 30% de los costos considerados en la metodología tarifaria del transporte público, por lo que cualquier variación importante en su precio repercute directamente en ambos actores.
Por primera vez en tres años y ocho meses, el diésel cuesta más que las gasolinas en Costa Rica. Actualmente, el litro se vende a ¢785. Sin embargo, el pasado 9 de octubre, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un nuevo ajuste. De aprobarse el aumento propuesto, el precio por litro subiría a ¢816.
Según Bolaños, el aumento reciente en el litro de diésel afecta el flujo de caja de los operadores y compromete, afirmó, la sostenibilidad y continuidad del servicio público.
Recientemente, la ruta de buses N.° 16, que brindaba servicio a barrio México, San Cayetano, Seminario y Escalante, dejó de operar debido a los altos costos del combustible, entre otras razones.
“Ante esta situación, solicitamos a la Aresep activar la fijación extraordinaria prevista en el artículo 30 de su ley, para atender circunstancias de fuerza mayor que alteran los costos del servicio”, dijo.
Actualmente, esa solicitud se encuentra en consulta y contempla una proyección de aumento tarifario cercana al 4,95%. Se trata de una estimación que está pendiente de la resolución correspondiente, según explicó.
La funcionaria de la Cámara aclaró que el ajuste tarifario reconoce un precio promedio del combustible, y no necesariamente el precio que los operadores están pagando en ese momento.
Bolaños advirtió que, en un escenario de aumentos sostenidos en el precio del combustible, podría mantenerse una diferencia entre el costo del combustible reconocido en la tarifa y el costo real de operación de las empresas, incluso después de aplicar el ajuste.
“Desde Canatrans hemos insistido en que el aumento del pasaje no puede ser la única respuesta ante estas situaciones extraordinarias. Debemos discutir mecanismos que permitan garantizar la continuidad del transporte público sin trasladar toda la carga a los usuarios”, agregó.
Entre las alternativas que propone la organización está valorar la suspensión temporal del impuesto al diésel utilizado por el transporte público de ruta regular durante situaciones de “fuerza mayor”.
“Nuestro objetivo es proteger tanto la continuidad del servicio como la economía de quienes dependen del autobús para trabajar, estudiar y acceder a servicios esenciales. La sostenibilidad del transporte público requiere una respuesta de política pública que vaya más allá del ajuste tarifario”, dijo la presidenta de la Cámara.