La decisión de la presidenta Laura Fernández de archivar el proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y despedir a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, abrió un debate sobre qué información puede divulgar el Gobierno durante una negociación comercial.
La controversia surgió después de que Fernández cuestionara que Trejos no compartiera con los sectores productivos el texto negociado. Sin embargo, especialistas en comercio exterior explican que algunos documentos no pueden divulgarse mientras no concluya el proceso legal.
Costa Rica solicitó ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) en agosto de 2022, al inicio del gobierno de Rodrigo Chaves, y terminó las negociaciones técnicas en mayo de 2026.
El resultado quedó recogido en el Protocolo de Adhesión de Costa Rica, que contiene los términos negociados por el país y sí es confidencial. Este velo se levanta cuando se firma el tratado la cual estaba prevista para este mes de noviembre.
Ese documento no debe confundirse con el texto general del CPTPP, que existe desde antes de que Costa Rica solicitara incorporarse al bloque y está disponible en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).
Con la decisión de la mandataria es la primera vez que Costa Rica rechaza un acuerdo negociado y que el Poder Ejecutivo expulsa de su cargo a un jerarca del Comex vinculado al proceso.
El tratado y el protocolo de adhesión
El Protocolo de Adhesión contiene la oferta de desgravación arancelaria que Costa Rica negoció para sus productos.
Álvaro Monge, exintegrante del equipo negociador de acuerdos comerciales del Comex, insistió en que, mientras el protocolo del CPTPP no esté firmado, no es público, según su interpretación de la normativa.
“Una vez concluida la negociación se debe hacer la revisión legal antes de firmar el acuerdo y una vez terminada esa revisión legal y que el documento pase de ser un borrador de negociación a acto finalizado se procede al envío a la Asamblea Legislativa para su aprobación o rechazo”, explicó a La Nación.
Por eso, Monge consideró que Trejos actuó conforme a las reglas vigentes.
“Doña Indiana tenía que esperar a hacer públicos los documentos en su totalidad del protocolo de adhesión de Costa Rica porque tiene que cumplir con todos los procesos que le respalden para no incurrir en un acto incorrecto de conformidad con la ley”, argumentó el especialista.
Según Monge, la protección de la privacidad, el derecho de autodeterminación informativa y las normas sobre secretos de Estado pueden justificar restricciones al acceso a determinados documentos.
El especialista citó el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública. Según su interpretación, esta norma impide divulgar borradores o textos de negociación antes de que se firme el acuerdo o termine el proceso interno correspondiente.
“Un acto final es después de la revisión legal y prácticamente con la firma del mismo”, indicó Monge.
El artículo establece que no hay acceso a los expedientes que puedan comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte
Monge recordó que la Sala Constitucional y el Tribunal Superior Contencioso Administrativo se han referido al tema en varias otras ocasiones.
Por su parte, Roberto Echandi, exnegociador comercial del Comex, sostuvo que el desconocimiento de lo negociado en el Acuerdo Transpacífico no debería utilizarse como argumento para rechazar el acuerdo.
“Las ofertas de acceso a mercado, que no son textos, son usualmente tablas, no se publican. No obstante, cada sector sabe en qué categoría de tratamiento se coloca cada producto y los términos de la negociación”, apuntó.
Texto general es público desde 2018
El acuerdo general del CPTPP entró en vigor en diciembre de 2018 y puede consultarse en el sitio web del Comex. También está disponible en los sitios oficiales de los 12 países miembros: Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.
Al inicio de la negociación en el 2023, Comex elaboró un estudio titulado Posibles resultados de la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico: simulación de un escenario hipotético utilizando herramientas analíticas complementarias, que analizó los posibles efectos económicos de la adhesión.
Echandi consideró que el texto general del CPTPP es público desde hace años.
“Al ser un tratado existente, Costa Rica se estaba adhiriendo a ese texto, que de todas en lo básico y en sustancia es prácticamente igual al DR-Cafta y el Acuedo con la Union Europea”, señaló.
Antecedentes judiciales
La discusión sobre el acceso a documentos de negociación también tiene antecedentes judiciales.
En 2003, la Sala Constitucional rechazó un recurso de inconstitucionalidad presentado por un diputado que solicitó información sobre las negociaciones del tratado comercial entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta).
La sentencia n.° 03838, del 9 de mayo de 2003, respaldó el argumento del Comex de que era prematuro exigir propuestas concretas mientras la negociación no estuviera definida.
“Por el contrario, el dar a conocer las propuestas preliminares de los países participantes, en lugar de promover la participación en la toma de decisiones, equivaldría a una errónea información sobre el estado de las negociaciones, al encontrarse las mismas en una etapa preliminar”, señala la resolución.
Paulina Matamoros, consultora de Comercio Exterior de Grant Thornton, agregó que los acuerdos comerciales también pueden aprobarse mediante referéndum. Una vez aprobados, se consulta a la Sala Constitucional para revisar su constitucionalidad.
La especialista añadió que algunos tratados comerciales requieren cambios en otras leyes para cumplir los compromisos asumidos.
Comex reportó 156 reuniones con sectores
El Comex respondió a La Nación el 19 de octubre que mantuvo espacios de información, consulta y diálogo con los sectores productivos y el público, como parte de los mecanismos habituales para negociar acuerdos comerciales.
El ministerio indicó que realizó 156 reuniones con representantes de cámaras y agrupaciones de productores. También puso a disposición del público 31 presentaciones temáticas con información relevante para cada sector.