Por eliminar las medidas encauzadas a proteger los tiburones, la organización alemana Shark Project otorgó al presidente, Luis Guillermo Solís Rivera, el título de enemigo de estos animales.
Desde 2004, Shark Project premia a una persona, organización o Estado que se caracterice por proteger a los tiburones (con el galardón Guardián de los Tiburones) o por el contrario, cuyas acciones van en detrimento de estos escualos (con el de Enemigo de los Tiburones).
Este año, el Guardián de los Tiburones fue entregado al Estado de California por la exitosa implementación de la ley que prohíbe el comercio de aletas desde 2012. El otro galardón, el de Enemigo de los Tiburones 2016, fue concedido al mandatario costarricense.
“El presidente Solís ha eliminado de forma sistemática todas las medidas establecidas legalmente para la protección de los tiburones. Es más, su gobierno ha aprobado numerosas leyes y normativas que favorecen la caza de tiburones y el comercio con aletas”, se lee en el comunicado de Shark Project circulado por el Programa de Restauración de la Tortuga Marina (Pretoma), organización nacional asociada a la entidad alemana.
El dictamen del jurado, integrado por 31 organizaciones ambientales dedicadas a la protección del mar, fue unánime.
El mandatario no se refirió al tema, pero los ministerios de Ambiente y Energía (Minae), así como de Agricultura y Ganadería (MAG) cuestionaron dicho nombramiento en un comunicado de prensa. “Enfatizamos el compromiso con la conservación marina y la regulación del aprovechamiento de estas especies, a la vez que desmentimos categóricamente las razones expuestas por Shark Project para nominar al señor presidente”.
Anteriormente, Costa Rica había recibido dos designaciones de Shark Project. La primera, en el 2006, cuando al entonces mandatario, Abel Pacheco, se le llamó también Enemigo de los Tiburones, mientras que en el 2013, la mandataria Laura Chinchilla fue honrada como Guardiana de los Tiburones.
Polémica exportación. Según Randall Arauz, presidente de Pretoma, la nominación de Solís se basó en tres situaciones ocurridas entre los años 2014 y 2015.
La primera de ellas se remonta a diciembre del 2014 y enero del 2015, cuando el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) –como autoridad administrativa de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites)– autorizó la exportación de dos cargamentos de aletas de tiburón (uno de 411 kilogramos y otro de 239 kilogramos) de las especies Sphyrna lewini y Sphyrna zygaena. Esto, en ausencia del Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP).
Dichas especies fueron incluidas en el Apéndice II de Cites. Si bien no se prohíbe su comercialización, esta sí se regula. Los países firmantes de la Convención –como Costa Rica– deben garantizar que la extracción no atente contra la sostenibilidad del recurso. Esa garantía la brinda el DENP, documento técnico elaborado por el Consejo de Representantes de Autoridades Científicas Cites (Craccites).
El Sinac corrigió esta situación en octubre del 2015, cuando fijó una moratoria de un año a la exportación de carne y aletas de estas especies de tiburón.
“El Gobierno de la República ha asumido con responsabilidad un proceso de fortalecimiento del Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, y para ello realizó una revisión del decreto que regula Cites, para otorgarles un papel protagónico a las instancias de carácter técnico y científico y hacer vinculantes sus dictámenes”, adujeron Minae y MAG.
La misiva de Alfaro. La segunda situación data de octubre del 2015, cuando el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, respondió una carta a tres organizaciones ambientales (Pretoma, Fundación MarViva y Conservación Internacional) que pedían conocer los acuerdos negociados con el sector pesquero, tras una protesta ocurrida en Puntarenas, el 1.° de setiembre del 2015.
“El Gobierno de Costa Rica se compromete a no proponer ni apoyar la inclusión de especies de tiburón con interés comercial en Cites o en la Convención de Especies Migratorias (CMS)”, se lee en la carta enviada por Alfaro.
Uno de los puntos de desencuentro entre el sector ambiental y el pesquero se refiere al tiburón sedoso. En noviembre del 2014, Costa Rica dio su apoyo a Egipto para incluir el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) en el Apéndice II de la CMS, lo cual obligaría a los países a tomar acciones para asegurar la recuperación de esta especie en el Pacífico tropical oriental.
Minae y MAG también rechazaron este punto y así lo manifestaron en el comunicado divulgado este lunes, donde se lee: “El Gobierno ha asumido un enérgico liderazgo mundial en torno a la conservación de especies a nivel internacional, como lo fue la inclusión de las especies de tiburón martillo y sedoso en el Anexo II de la CMS”.
Último argumento. La tercera situación en que se basa la nominación a Solís también yace en esa carta de Alfaro.
Entonces, el ministro afirmó: “Se contactará a las casas matrices de transportistas para aclarar e informar la forma en que se realiza la pesca y trazabilidad de tiburón y negociar la reactivación del transporte de subproductos con estas compañías. Paralelamente, se buscarán transportistas independientes que estén de acuerdo en transportar productos de Costa Rica”.
Como reacción a esta declaración, 14 organizaciones denunciaron al Gobierno por “promover activamente la exportación de aletas de tiburón”. En el manifiesto que hicieron, detallaron que “el Gobierno se compromete a intermediar con empresas de transporte internacional para que vuelvan a transportar aletas de tiburón, pese a que aquellas habían dejado de hacerlo por su política ambiental empresarial”.
La defensa de Minae y MAG sobre este último apartado indica lo siguiente: “En el país, solamente se permiten aquellas exportaciones de subproductos que contengan trazabilidad y en el resguardo de este monitoreo intervienen instancias como el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), Sinac y Aduanas. Es falso que no haya regulaciones al respecto por parte del Gobierno en este tema”, puntualizaron.