EscucharLos productores de bienes que se exportan a la Unión Europea trabajan en la adaptación de sus procesos para cumplir con los requerimientos que la Unión Europea implementará a partir del próximo año, en todos los productos de importación.
El Parlamento Europeo aprobó la Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro con la que buscan asegurar que los cultivos importados cuyas prácticas puedan causar deforestación tengan requisitos más estrictos. En otras palabras, quieren cerciorarse de que no causan deforestación y de la sostenibilidad en la cadena de suministro.
La primera fase de esta ley entrará a regir en 2024. Entre los productos impactados se destaca el café, el banano, la piña, la carne de res, el cacao, la soya, la madera y la palma aceitera. Varios de estos productos se producen en Costa Rica y se exportan a Europa.
Este tema fue el eje central del Foro Sostenibilidad de La Nación, realizado la mañana del 22 de agosto. En la actividad, productores, así como representantes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Universidad de Costa Rica y empresas públicas y privadas plantearon sus puntos de vista sobre ese nuevo reto. Todos coincidieron en que, aunque deben hacerse cambios, ya hay camino recorrido y esta es una oportunidad para Costa Rica de sacar a relucir ventajas competitivas con otros países.
“Muchos consumidores europeos están cada vez más interesados en productos sostenibles y amigables con el medio ambiente, por eso esto puede ser una ventaja competitiva para Costa Rica”, manifestó Jorge Blanco, vicepresidente de la Cámara Costarricense de Comercio e Industria Alemana, en su exposición.
Para lograrlo, añadió Blanco, es necesaria la cooperación entre los exportadores costarricenses y las autoridades europeas, ya que esta ley no es una moda, sino que supone una visión de mundo.
Con él coincidió Karla Mena, directora nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para quien la participación de todos los sectores es trascendental.
“Nosotros venimos promoviendo que nuestras fincas de todos los sectores sean unidades productivas que valoremos como un ecosistema vivo, dinámico, cambiante... donde hay una serie de actores que interactúan para que hoy podamos hablar de que no solo es producción primaria, también conciencia ambiental”, señaló.
En su opinión, Costa Rica tiene ventajas competitivas porque lleva más camino recorrido y la producción nacional no se hace de la misma forma que 30 o 40 años atrás.
Para Enrique Montenegro, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica (UCR), esta es una oportunidad para crear productos ecoamigables y destacar.
El ‘pacto verde’
Dentro de las consideraciones de esta nueva legislación, existe un marco llamado pacto verde, del cual muchos sectores productivos nacionales son conscientes y buscan adherirse a él con sus prácticas.
“Básicamente es una estrategia política que tiene la Unión Europea para alcanzar su neutralidad para 2050. Y por ello esto exige, en una primera fase, a las empresas que exportan a estos países ser libres de deforestación″, resumió Gustavo Jiménez, director ejecutivo del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) durante su presentación en el Foro.
Según Jiménez, en los cultivos ese grano, ya venía haciéndose desde hace al menos diez años.
“Los productos que se impactan directamente en esta primera fase, como café, ganado, aceite y otros, significan aproximadamente productos exportables por $200 millones. El 39% del café de Costa Rica llega a Europa”, expresó.
El representante recordó que para el 31 de diciembre de 2024, Costa Rica tiene que estar reportando todo el café que va a Europa.Se trata, dijo, de una demanda de los europeos para saber qué están llevando a su mesa.
A su juicio, ese reclamo representa una ventana que se abre para, porque no todos los países van a poder cumplir, pero Costa Rica sí.
“Cuando uno oye ‘pacto verde’, la primera palabra que se le viene a la mente es ‘requisitos’, pero para Costa Rica es ‘oportunidad’”, manifestó.
Una de estas ventajas está en que ya el 20% de los cafetales de Costa Rica se han convertido en una especie de corredor biológico.
También hay producción de café con técnicas agroforestales que permiten una producción sostenible. Desde 2014, en el país funciona el programa NAMA (Acción Nacional de Apropiación y Mitigación, por sus siglas en inglés), una iniciativa del Minae, el MAG y el Icafé, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector cafetalero y a su vez, adaptarse al cambio climático.
Un reto pendiente es contar con mayores detalles de georreferenciación y de trazabilidad local con las empresas. La gran pregunta, planteó Jiménez, es cómo se financiará eso. Otro reto, a su juicio, deviene de que el café está subutilizado, por lo que hay que buscar formas de aprovechar otras partes de la planta o sus residuos.
Karla Mena sumó otros desafíos, como medir las emisiones de gases del ganado bovino, algo que anteriormente no se había visto. Por esa razón, el sector agropecuario también trabaja para bajar las emisiones.
“Buscamos que ese productor de leche y carne aplique buenas prácticas agrícolas que nuestro equipo extensor dice ‘haga pastoreo rotacional’, ‘implemente cercas vivas’, fertilizantes nitrogenados, bioinsumos. Y comienza a bajar la cuota (de emisiones). Con el Minae hemos coordinado el concepto de agropaisaje sostenible”, destacó.
La idea, explicó, es que cuando se vaya a una finca ganadera se vean fuentes de emisión, pero también recursos que absorben esas emisiones, las cuales se traducen en algo llamado “dióxido de carbono equivalente”.
Como apuntó Enrique Montenegro, hay muchos recursos para poder estudiar, analizar y luego sacar provecho. De ahí que estén trabajando con los productores para mejorar los cultivos y suelos, hacerlos más amigables con el ambiente y llevarlos a los niveles solicitados por Europa.
“Se nos pide tener una agricultura ‘climáticamente inteligente’ y Costa Rica tiene las bases para hacerlo. Ya tenemos la experiencia, por ejemplo, con el pago por servicios ambientales, con prácticas agrícolas más sostenibles y estrictos controles legales. Esto ha llevado a la reversión de la deforestación”, consideró.
Más allá de prácticas ambientales
Para que los exportadores cumplan con la ley no solo deben asegurar una producción ecológica, también hay otros aspectos. Blanco especificó que también deben garantizar que se respeten los derechos humanos de los trabajadores, como salarios justos, y que no haya trabajo infantil.
También nuestro país contempla, en el caso del café, que los productores tengan garantía de ingresos por cada exportación.
“Somos el único país con una ley de café. Regula desde la producción hasta la exportación. El principal impacto es asegurarse de que el productor reciba la mayor cantidad de dinero posible. Por cada dólar que se genera, 80 centavos van directamente al productor. Y por cada dólar exportado hay 1,5 (centavos para el Icafé)”, manifestó Jiménez.
Esto también cobija a los recolectores. Jiménez aseguró que todo recolector, independientemente de su estatus migratorio, se asegura durante el tiempo de recolección. También mencionó las casas de la alegría, que son guarderías para los hijos de los recolectores, en los que no solo se da cuido, sino también educación y salud.
