El esperado documento de 800 páginas sobre la diócesis de Colonia identificó a 202 responsables de agresión sexual y 314 víctimas entre 1975 y el 2018, afirmó a la prensa el abogado al que la Iglesia encomendó la investigación, Bjoern Gercke.
“Más de la mitad de las víctimas eran niños menores de 14 años”, afirmó Gercke.
Cerca del 70% de los presuntos autores eran miembros del clero y el resto laicos, detalló. Si estos últimos fueron sancionados, no fue el caso de los sacerdotes, subrayó.
Sin embargo, el informe, no ha podido identificar ninguna falta contra el cardenal Rainer Maria Woelki.
“Esto me da una profunda vergüenza”, reaccionó Woelki, que suspendió con efecto inmediato a dos responsables de la Iglesia de Colonia, el obispo Dominikus Schwaderlapp y el titular del tribunal diocesano Guenter Assenmacher, por “encubrimiento” de casos de abusos.
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“Los actos deben tener también consecuencias para los miembros del clero”, afirmó el cardenal.
Entre los eclesiásticos acusados por negligencia en el tratamiento de estos casos, la mayoría de los cuales remonta a los años 1970, figuran el actual arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, exjefe personal en Colonia, al igual que los dos predecesores, hoy en día fallecidos, de Woelki al frente de la diócesis.
El arzobispo de Hamburgo anunció que pidió al papa Francisco ser “apartado de sus funciones de forma inmediata”, aunque negó categóricamente cualquier falta. “Pero estoy dispuesto a asumir mi parte de responsabilidad por el fracaso del sistema”, dijo.
‘Aterradora’
“La amplitud de los abusos e infracciones de los responsables religiosos a su deber”, tal como se describe en el informe, es “aterradora”, reaccionó el comisario del gobierno para las cuestiones de agresiones sexuales, Johannes-Wilhelm Rörig, que destacó la publicación tras una “espera insoportable”.
Woelki había causado un escándalo el año pasado al negarse a hacer público un primer informe sobre el periodo de 1975 al 2018, alegando infracciones y problemas de protección de datos.
La decisión exasperó a las víctimas, provocó la huida en masa en su diócesis y la incomprensión de sus pares. A tal punto que el cardenal pidió este nuevo informe.
La comunicación de monseñor Woelki es “un desastre”, juzgó a fines de febrero el jefe de la asamblea de obispos Georg Bätzing, en una severa crítica poco habitual.
La polémica con Woelki se produjo en un momento en el que la Iglesia Católica había hecho algunos progresos en el reconocimiento de sus culpas y la indemnización de las víctimas.
En el 2018, un informe encargado por la Iglesia alemana reveló que 3.677 niños o adolescentes fueron víctimas de abuso sexual por más de mil miembros del clero desde 1946. La mayoría de los responsables de estos hechos no fueron sancionados.
Al no tener acceso a todos lo archivos, los autores del estudio habían advertido que el número de víctimas era probablemente más elevado.
Las revelaciones, similares a otros escándalos en países como Australia, Chile, Francia, Irlanda y Estados Unidos, llevaron al cardenal Reinhard Marx, un reformador, a pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica alemana.
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Fuga de fieles
Los obispos establecieron una indemnización —juzgada insuficiente por las víctimas— que “podía ser de hasta 50.000 euros” (unos $60.000) por persona, contra 5.000 euros ($6.000) hasta ahora.
Además, cada diócesis inició una investigación local adicional bajo la vigilancia de una comisión mixta.
El caso de Colonia afecta por otra parte las posibilidades de modernización de la Iglesia actualmente en discusión en el marco de un sínodo.
Se trata también de retener a los fieles, que pagan un impuesto en Alemania y contribuyen a financiar por ejemplo las asociaciones caritativas.
El número de miembros de la Iglesia Católica, que sigue siendo mayoritaria en el país, cayó a 22,6 millones en el 2019, es decir 2 millones menos que en el 2010, año de revelación de los escándalos de abusos sexuales.
El papa Francisco ha tomado medidas para luchar contra el silencio que rodean los abusos sexuales a menores en la Iglesia. En el 2019 adoptó una medida histórica que obliga al clero a señalar cualquier abuso sexual.
