Bogotá. Las protestas contra el gobierno de Colombia se recrudecieron este sábado en rechazo al caso de una joven de 17 años que se suicidó después de haber sido llevada a rastras y presuntamente abusada por policías que disolvían una manifestación en la ciudad de Popayán.
El Defensor del Pueblo (ombudsman), Carlos Camargo, denunció este sábado que en esa ciudad del suroeste del país hubo “excesos y gravísimos abusos por parte de la policía, incluidos actos de agresiones sexuales”.
El ombudsman remarcó “actos de terrorismo contra las instalaciones de Medicina Legal y de la Fiscalía General de la Nación con destrucción de evidencias y expedientes judiciales, el hurto de narcóticos incautados, bloqueos y violencia de todo tipo”.
Camargo también lamentó la muerte del joven Sebastián Quintero durante las protestas del viernes en Popayán. Según organizaciones de derechos humanos y videos que circulan en redes sociales, el estudiante universitario al parecer falleció por el impacto de un artefacto de gas lacrimógeno en el cuello.
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Colombia ha sido escenario de 18 días de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque en las que han muerto 42 personas (un uniformado y 41 civiles), según la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos. El Ministerio de Defensa, que tiene a su cargo a la policía, cuenta más de 1.500 lesionados entre manifestantes y agentes.
El caso de la menor de edad que al parecer fue agredida sexualmente se sumó a los reclamos de los manifestantes en Popayán y el resto del país.
Oenegés han documentado múltiples abusos policiales y las denuncias han tenido eco en la comunidad internacional que, encabezada por Estados Unidos, ha pedido moderación a la fuerza pública.
Protestas no cesan
Las manifestaciones continuaron este sábado en distintos puntos de Bogotá, con expresiones artísticas en rechazo a la violencia policial y las políticas del gobierno conservador.
Miles de personas se reunieron en el norte de la capital con música y teatro. Un grupo de jóvenes con sus cuerpos manchados de rojo como si estuvieran ensangrentados hizo acrobacias en telas que pendían de un puente peatonal decorado con mensajes como “resistimos con circo, no nos respondan con balas”.
En Madrid, miles de colombianos salieron a la calle en solidaridad con las protestas antigubernamentales en su país.
Colombia pasa por una severa crisis social por cuenta del deterioro que trajo la pandemia y la represión de las protestas contra el gobierno, que intenta desactivar el descontento mediante negociaciones con los frentes inconformes que reclaman un Estado más solidario y una sociedad menos desigual.
El gobierno invitó a una reunión el domingo al llamado comité nacional del paro —la organización más visible de los manifestantes— para avanzar en las negociaciones.
Colombia registró este sábado un récord diario de muertes por covid-19 (530) en más de un año de pandemia y su sistema hospitalario está al borde del colapso. Las aglomeraciones podrían aumentar el número de contagios, según autoridades.
Popayán, nuevo foco
Popayán estalló el viernes entre los desmanes, edificios públicos incinerados y fuertes choques con la fuerza pública. Bogotá y Cali también han sido foco de manifestaciones y disturbios desde que comenzaron las protestas el 28 de abril.
El miércoles en la noche, una joven fue conducida hacia una sede de la Fiscalía por agentes que se enfrentaban con manifestantes en Popayán. En un video que se hizo viral, se ve a la mujer gritando mientras la inmovilizan de pies y manos y la llevan hacia el sitio.
Según la Comisión de Garantías y Derechos Humanos, que acompaña las protestas, la menor manifestó haber sido golpeada y manoseada. El jueves, la muchacha se suicidó en su casa.
La Policía, que negó los abusos durante la detención, anunció la suspensión de cuatro uniformados implicados en el caso.
El ministro de Defensa, Diego Molano, lamentó su muerte y la de Sebastián Quintero pero insistió en que “nada justifica que se tome justicia por sus propias manos”.
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Para Molano, los desmanes contra los edificios de la fiscalía y de la autoridad forense en Popayán fue “un ataque a la institucionalidad, un acto delincuencial premeditado y organizado” por disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en el 2016 con la exguerrilla.
El objetivo era desaparecer investigaciones en curso relacionadas con grupos armados en el departamento del Cauca, de acuerdo al ministro. Cinco despachos quedaron afectados y 50 armas fueron robadas, añadió.
Molano ofreció una recompensa equivalente a $13.500 a quien dé información que permita capturar a los responsables y anunció un despliegue adicional de militares y policías antidisturbios en Popayán sin mencionar el número de uniformados.
La Alcaldía local ordenó un toque de queda nocturno y restringió el consumo y venta de bebidas alcohólicas.