Estas son las principales causas de esta crítica situación, que pone al gobierno japonés bajo presión, a tres meses de los Juegos Olímpicos de Tokio y tras aprobarse este viernes un nuevo estado de emergencia con restricciones mayores en cuatro departamentos del país, incluido el de la capital.
Japón se adelantó el año pasado encargando suficientes dosis para vacunar a toda su población (125 millones de habitantes) a los grupos estadounidenses Pfizer y Moderna y al sueco-británico AstraZeneca.
Pero hasta ahora solo la vacuna de Pfizer ha sido autorizada. En efecto, para cualquier nuevo medicamento o vacuna, el país impone la obligación de hacer ensayos clínicos suplementarios en su territorio, incluso si el producto ha sido validado por estudios clínicos en otras partes del mundo.
Este muy prudente enfoque, que retrasa la vacunación, está motivado por pasadas controversias sobre vacunas en Japón, recuerda Takakazu Yamagishi, director del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad Nanzan en Nagoya (centro).
En 1992, una decisión de la justicia responsabilizó al gobierno de los efectos no deseados de varias vacunas, incluso sin establecerse un vínculo científico. "Es un mal recuerdo para el gobierno japonés" dice Yamagishi.
Igual que varios países, Japón afronta dificultades de suministro agravadas por su dependencia a la única vacuna de momento disponible, Pfizer, de la que ha pedido 144 millones de dosis (son necesarias dos por persona).
Se esperaba para mayo la aprobación en Japón de las vacunas Moderna y AstraZeneca, pero los problemas de ésta sobre sus efectos secundarios podrían retrasar mucho su autorización en el archipiélago nipón.
Además algunas prácticas de la administración japonesa, basadas en el principio de la igualdad, pueden revelarse contraproducentes en la situación actual.
"En Japón, la gente considera que la igualdad es muy importante", explica Koji Wada, profesor de la Universidad Internacional de la Salud y el Bienestar. "Por ejemplo, si hay 9.000 bienes de primera necesidad para 10.000 personas que los necesitan en caso de catástrofe natural, algunos municipios no los distribuyen".
La prensa nipona ha informado de varios casos recientes en los que las dosis de vacunas han sido tiradas en lugar de administrarse a personas que no debían recibirlas en ese momento.
Japón exige que las vacunas sean administradas únicamente por médicos o enfermeras, de ahí la falta de personal para llevar a cabo una vacunación masiva.
El gobierno japonés espera de momento terminar su programa de vacunación en febrero de 2022.
