En la extensa resolución —aprobada por 629 votos contra 19, con 40 abstenciones—, el Parlamento Europeo también condenó “firmemente todas las acciones represivas” contra “partidos de la oposición democrática” y pidió que “se restablezca el estatuto jurídico a los partidos a los que se privó de él”.
La Resolución insta al gobierno nicaragüense a modificar "inmediatamente la ley electoral en conformidad con los parámetros internacionales", incluyendo los sugeridos por la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Para que el Parlamento Europeo reconozca las elecciones y el gobierno resultante de ellas, deben aplicarse los cambios solicitados por la OEA y las organizaciones internacionales" en la legislación electoral, en particular "el restablecimiento de los derechos (...) que permiten un proceso electoral libre, creíble y equitativo", apuntó el texto.
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Los eurolegisladores también solicitaron la liberación "inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria", incluidos varios precandidatos presidenciales que aspiraban a las elecciones de noviembre.
En la resolución, los eurodiputados formularon un llamado a “que se restablezcan un diálogo integrador y la democracia como única salida pacífica a la crisis política, económica y social que atraviesa Nicaragua”.
Esta resolución es resultado de un debate realizado el martes en la plenaria del Parlamento Europeo con la participación del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.
En ese debate, Borrell adelantó que "en los próximos días" propondrá al Consejo de la UE la adopción de nuevas medidas restrictivas y sanciones específicas contra Nicaragua a raíz de la detención de líderes opositores.
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"En los próximos días plantearemos al Consejo la posibilidad de tomar medidas restrictivas al estilo de las que se han tomado ya en el pasado, procurando que no afecten a los ciudadanos" nicaragüenses, dijo ante el Parlamento Europeo.
La adopción de sanciones por parte de la UE requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros. La UE adoptó un régimen de sanciones contra Nicaragua en octubre del 2019, que en el 2020 fue renovado por un año, hasta octubre del 2021.
De acuerdo con Borrell, ese mecanismo “previsiblemente tendrá que ser utilizado nuevamente”.
