Lima. El neoliberalismo de Keiko Fujimori o el socialismo de Pedro Castillo: los peruanos deben elegir entre dos propuestas económicas antagónicas en las elecciones presidenciales de este domingo.
Maestro de escuela rural, Castillo promueve un activo papel del Estado en la economía, mientras la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori aboga por mantener el actual modelo liberal.
Las promesas de ambos candidatos implican un aumento del gasto público en un país elogiado por el equilibrio de sus cuentas nacionales, pero al que se le reprocha la falta de inversión social.
"Estamos en un momento muy difícil" en el que los peruanos deben optar por "continuar por el camino del pasado u optar por un nuevo camino", dice a la AFP el analista Hugo Otero, exasesor del fallecido presidente Alan García.
Castillo promueve una Asamblea Constituyente que redacte una renovada Carta Magna en la que se consagre el nuevo rol del Estado en la economía, pero advierte que no busca eliminar la empresa privada ni la inversión extranjera.
Promete que "el Estado fortalecerá su papel regulador dentro de un enfoque de economía mixta", y que se "regulará más activamente a los monopolios y oligopolios".
En la otra cara de la moneda se encuentra Fujimori, quien defiende la actual Carta Magna -que promulgó su padre en 1993- que garantiza el libre mercado y que, según ella, "rescató al país de la pobreza y el caos generado por el modelo estatista y rentista" heredado del primer mandato de Alan García (1985-1990).
Castillo moderó su discurso tras la primera vuelta electoral, pero dice que las “riquezas (mineras e hidrocarburos) deben nacionalizarse, con nuevas reglas de impuestos y regalías que son muy necesarias”.
También sostiene que el sector estratégico de telecomunicaciones debe estar en manos del Estado. Actualmente, lo controlan varios operadores extranjeros.
Con una enorme producción de cobre, oro, plata, plomo y zinc, la minería es el motor de la economía peruana, responsable del 10% del PIB y de una quinta parte de los tributos pagados por empresas.
Castillo afirma que con los actuales precios del cobre de casi $10.000 por tonelada “las trasnacionales mineras están obteniendo sobreganancias” y parte de estas deberían pasar al erario nacional.
Por ello, propone "un nuevo impuesto a las sobreganancias, eliminación de exoneraciones tributarias, regalías en función de las ventas y renegociación de contratos con estabilidad tributaria".
También asevera que se requiere inversión pública para reactivar la economía y promete obras de infraestructura, compras públicas a Pymes y frenar "importaciones que afectan a la industria nacional y al campesinado".
"Me preocupa el programa del señor Castillo, porque lo que quiere es refundar el Perú", dice a la AFP el economista y exministro Jorge González Izquierdo.
En contraste, Fujimori quiere mantener el modelo en la minería, aunque promete "explotar los recursos naturales con responsabilidad", respetando normas ambientales.
Para reactivar la economía, muy golpeada por la pandemia, promete eximir de ciertos tributos a empresas y microempresas, bajar el impuesto a los combustibles y eliminar por tres años los tributos al sector turismo.
La candidata destaca su "firme creencia en la actividad privada como motor de la economía peruana y gran generador de fuentes de trabajo" y promete crear tres millones de empleos, establecer fondos de fomento para la agricultura, elevar el salario mínimo y duplicar el monto de las pensiones más bajas.
Como las de Castillo, estas promesas implican un incremento del gasto público, un tabú para los neoliberalistas.
Citando a economistas independientes, el diario El Comercio, decano de la prensa peruana, dijo que Fujimori “debe explicar cómo manejará el aumento del gasto con sus planes para mantener la confianza de los mercados”.
Fujimori sostiene que la baja productividad en la actividad agropecuaria y forestal de pequeños y medianos agricultores conduce a "la situación de pobreza" de millones de personas que trabajan en el campo.
Por ello, promete aumentar diversos fondos para riego, tecnología y programas de innovación en el campo.
Para Castillo esto no basta, pues es indispensable "una segunda reforma agraria", donde los productores participen en las decisiones de gestión agrícola.
La reforma agraria fue emprendida a partir de 1969 por la dictadura del general izquierdista Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Para algunos, esto no trajo beneficios económicos y afectó la producción agrícola, pero otros destacan que terminó con los latifundios existentes desde la colonia y se crearon muchas cooperativas de campesinos.
Ahora Castillo promete disminuir la importación de alimentos, optar por “la agricultura andina y orgánica”, y revisar el “monopolio de tierras”.