Un grupo de políticos conservadores solicitó este jueves al presidente saliente, Francisco Sagasti, que pida a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría a la reñida elección del 6 de junio, en la que Castillo superó por 44.000 votos a la derechista Keiko Fujimori según el escrutinio final, aunque falta que el JNE resuelva impugnaciones antes de proclamar un ganador.
Pero el organismo regional, que participó como observador internacional en la elección, se adelantó al eventual pedido y manifestó su sorpresa por la decisión del magistrado.
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“La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA toma nota de la insólita renuncia del magistrado Luis Arce al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un momento tan delicado del proceso electoral”, indicó en un comunicado divulgado en Washington.
La MOE destacó que seguirá observando el proceso electoral en Perú hasta la proclamación del ganador.
El JNE, por su parte, pidió a la Fiscalía designar un nuevo miembro de ese órgano para evitar que “se afecte la culminación del proceso electoral”, tras la “declinación irrevocable” que presentara Arce el miércoles en la noche.
La decisión de Arce —quien era representante de la Fiscalía— dejó al Jurado sin quórum para seguir funcionando.
El JNE optó por “suspender en el ejercicio del cargo” a Arce y expresó su “rechazo a las expresiones agraviantes formuladas por el renunciante”, quien había afirmado en su carta de alejamiento que “todo parece estar consumado desde hace mucho tiempo atrás” en favor de Castillo.
Arce legalmente no podía renunciar mientras no finalizara el presente proceso electoral, por lo que empleó la palabra “declinar” su puesto, lo que entrampó al Jurado de cuatro miembros cuando aparentemente faltaban pocos días para que proclamara al nuevo presidente.
‘Daño al país’
La decisión de Arce parece en sintonía con sectores políticos que denuncian un “fraude” en perjuicio de Fujimori, después de que Estados Unidos y la OEA han dicho que este proceso electoral fue limpio.
Arce “ha renunciado con el único propósito de paralizar al actual Jurado”, aseguró la candidata a vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte.
El renunciante “ha hecho un tremendo daño al país”, estimó el abogado Aníbal Torres, del equipo legal de Castillo.
“La ‘declinación’ del representante Luis Arce constituye un atentado frontal contra el estado de derecho que busca poner en jaque la democracia”, tuiteó de su lado José Miguel Vivanco, encargado para las Américas de la ONG Human Rights Watch.
El JNE estaba avanzando lentamente en dirimir las impugnaciones presentadas por Fujimori y había rechazado la mayoría de ellas.
El escrutinio del 100% de las mesas de sufragio, que culminó hace nueve días, dio 50,12% a Castillo y un 49,87% a Fujimori.
‘Modelo de democracia’
El martes, Estados Unidos destacó en un comunicado del Departamento de Estado que las elecciones peruanas “son un modelo de democracia en la región” y dijo que apoyaba “dar tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana”.
La MOE también resaltó que los comicios fueron limpios y sin “graves irregularidades”, lo mismo que asegura el gobierno de Sagasti, quien culmina su mandato el 28 de julio.
Sin embargo, el bando de Fujimori ha seguido afirmando que hubo “fraude” y ha buscado bloquear -o demorar- la proclamación del vencedor con diversas solicitudes ante el JNE, mientras militares retirados se manifiestan en las calles y han llamado a las Fuerzas Armadas a impedir que pueda asumir Castillo, a quien tildan de “comunista”.
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En Perú la palabra comunista está asociada al terror causado por la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (que operó entre 1980-2000), una idea que Fujimori y sus partidarios azuzaron durante la campaña.
‘Precedente de Bolivia’
La política conservadora Lourdes Flores, una de las que apoya una “auditoría internacional” a los comicios, afirmó que “lo sano es zanjar este tema y encontrar una dirimencia que dé luces con el precedente latinoamericano de Bolivia”.
“Queremos saber la verdad, no estamos a favor de ningún candidato (...) queremos que venga una auditoría de la OEA”, manifestó el legislador electo y almirante retirado Jorge Montoya, en una rueda de prensa junto a media docena de políticos, en la que anunciaron que pedirían a Sagasti concretar el pedido.
El informe de auditoría de la OEA sobre las elecciones del 2019 en Bolivia concluyó que hubo “manipulación dolosa”, pero la MOE sostuvo en su informe preliminar que en los comicios de Perú no hubo “graves irregularidades”.
