El nuevo Congreso, dominado por aliados de Bukele, destituyó el sábado pasado a los magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema de Justicia por decisiones “arbitrarias” y al fiscal general, Raúl Melara, por considerarlo cercano a la oposición.
“El secretario general llama a respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de Derecho y la división de poderes, con el fin de preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz” de 1992, manifestó a periodistas Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.
Pero Bukele adelantó este lunes la posibilidad de continuar con la remoción de funcionarios.
“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió en Twitter Bukele, quien ya domina el legislativo tras lograr un triunfo aplastante en los comicios parlamentarios de marzo pasado.
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Acusaciones
Su partido conservador Nuevas Ideas, fundado en 2018, obtuvo 56 legisladores en esas elecciones y su aliado, el partido GANA, logró otros cinco para un total de 61 escaños sobre 84.
Bukele ha acusado a la Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, de quitarle facultades para manejar la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.
Los magistrados destituidos y el fiscal Melara fueron electos por la anterior legislatura que dominaron los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Tanto Arena como el FMLN se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019, hasta la llegada de Bukele, un empresario populista de 39 años que domina las redes sociales y es criticado por su autoritarismo.
Las destituciones decididas por Bukele también han sido criticadas por la oposición, el gobierno estadounidense, la Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos humanitarios.
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La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó el domingo la "profunda preocupación" de su gobierno "por la democracia de El Salvador", en momentos en que Estados Unidos intenta controlar una ola migratoria proveniente de ese país, Guatemala y Honduras.
"Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte", escribió Harris en Twitter.
El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, expresó por su lado su “seria preocupación” por las destituciones, y dijo que el fiscal general era “un socio efectivo” de Washington DC en la lucha contra la corrupción y el crimen.
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