“He tomado la decisión de prohibir, por motivos de salud pública, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas, porque estamos en un momento en que Madrid sigue siendo de los territorios de España con mayor incidencia de contagios de covid-19″, señaló Franco en rueda de prensa.
Franco dijo que entre el domingo y el lunes habían sido solicitadas autorizaciones para más de un centenar de actos, que habrían implicado reunir a "más de 60.000 personas moviéndose por las diferentes calles de Madrid".
De esta manera, la delegación del gobierno rectifica una decisión anterior, según la cual iba a permitir manifestaciones de menos de 500 personas, con respeto de la distancia de seguridad.
Los convocantes de las manifestaciones criticaron el anuncio.
“El 8-M lleva años llenando las calles de Madrid y demostrando su fuerza en cada convocatoria (...) Nos quieren callar, pero nuestro grito ya es global”, escribió en Twitter el departamento de Madrid de la Comisión 8-M.
"El 8-M estaremos presentes. Porque la crisis provocada por la pandemia ha impactado" especialmente en las mujeres, agregó, sin explicar cómo conmemorarán el día.
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La ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido Podemos, socio minoritario de la coalición de gobierno con los socialistas, afirmó en un evento sindical que "hay quienes quieren negarnos el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir", pero dijo que como miembro del Ejecutivo cumplirá "escrupulosamente" las indicaciones sanitarias.
Otras ministras españolas, del partido socialista, habían pedido en días anteriores no marchar para evitar contagios.
La capital de España, país con un fuerte movimiento feminista, ha sido escenario en años anteriores de grandes manifestaciones por el 8 de marzo, como en el 2018, cuando tuvo lugar una inédita huelga y salieron a la calle cientos de miles de personas.
En el 2020, varios miembros del Ejecutivo se unieron a la concentración de más de 100.000 personas. Días después, tres ministras dieron positivo por covid-19.
En mayo, un informe policial criticó el haber autorizado esa marcha cuando ya se registraban contagios, lo que inflamó el debate político.
España es uno de los países europeos más golpeados por el coronavirus, con más de 70.000 fallecidos y 3,1 millones de casos confirmados.
