El demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el republicano Marco Rubio, el miembro de más alto rango del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara Alta, llamaron a la administración Biden a usar “todas las herramientas diplomáticas disponibles para enfrentar al régimen de Ortega”.
En una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, Menéndez y Rubio pidieron incrementar las sanciones económicas contra funcionarios nicaragüenses y redoblar el trabajo conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para coordinar un rechazo multilateral al “ataque antidemocrático” del gobierno nicaragüense.
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“El régimen de Ortega está llevando a cabo una campaña de represión sin límites con el objetivo de demoler las esperanzas de poder celebrar elecciones libres y justas en noviembre y así consolidar la tercera dictadura en las Américas”, escribieron los senadores.
Menéndez y Rubio han apuntado repetidamente en el pasado contra las “dictaduras” de Cuba y Venezuela.
En la misiva a Blinken, los senadores destacaron la detención “arbitraria” en Nicaragua de los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, así como el arresto domiciliario de Cristiana Chamorro, entre otros opositores y líderes empresariales y de la sociedad civil privados de libertad en los últimos días.
Además, alentaron al gobierno de Biden a aplicar los protocolos del proyecto de ley bipartidista para Reforzar el Cumplimiento de las Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), presentado a fines de marzo bajo el liderazgo de Menéndez y Rubio.
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La iniciativa Renacer requiere que Estados Unidos aumente la coordinación de las sanciones económicas con Canadá y la Unión Europea, vigile más de cerca los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y refuerce la inteligencia sobre las actividades del gobierno ruso en Nicaragua, subrayaron.
Menéndez y Rubio condenaron el mes pasado las reformas electorales aprobadas por el oficialismo en Nicaragua y pidieron garantías para los comicios del 7 de noviembre, cuando Ortega podría buscar un cuarto mandato sucesivo.
