El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya desconocía todos los actos de la Asamblea Nacional desde el inicio de su mandato, cuando la declaró en desacato.
La Sala Constitucional del Tribunal tachó ahora de "írrita" cualquier acción de la cámara presidida por Juan Guaidó, para "perpetuar, extender, continuar o prorrogar" el actual período legislativo, que termina el 4 de enero próximo, indicó un comunicado.
Declaró además sin efecto "la presunta 'Reforma Parcial del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela'" con la que la oposición dijo extender su mandato, "por colidir con la Constitución".
Ese documento, aprobado el 26 de diciembre en una sesión virtual, da, según la oposición, piso legal a una “continuidad” de dicho poder “ejercida por la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del 2015”.
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Desde el Parlamento, Guaidó se declaró presidente de Venezuela y es reconocido por unos 50 países, liderados por Estados Unidos, que rechazaron igualmente las parlamentarias del 6 de diciembre por catalogarlas como fraudulentas.
La “continuidad” se mantendría precisamente “hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero del 2021”, según el texto del Legislativo.
Guaidó buscó legitimar esta acción con un plebiscito en el que asegura más de 6 millones aprobaron el proyecto de prolongar su legislatura.
El recurso fue introducido por diputados electos de la oposición disidente a los grandes partidos, que decidieron marginarse de las legislativas.
La nueva Asamblea Nacional, ahora controlada por el chavismo, se instala el próximo 5 de enero.
