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Simpatizantes de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, protestan frente al edificio del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en Lima, Perú, el 9 de junio del 2021. Foto: AFP (ERNESTO BENAVIDES/AFP)
Lima. Durante el conteo de votos del balotaje presidencial en Perú, Keiko Fujimori denunció irregularidades y acusó al partido de su oponente, Pedro Castillo, de “boicotear la voluntad popular”.
Luego, anunció que solicitaría la nulidad de 802 mesas en todo el país. Sin embargo, ni las autoridades electorales ni misiones observadoras externas tienen registros de un fraude.
“Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados de la voluntad popular, y me estoy refiriendo al proceso de impugnación de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones sobre todo tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular, no sean contabilizadas”, denunció Fujimori en conferencia de prensa el 7 de junio pasado, un día después del balotaje.
Luego se refirió incluso a “indicios de fraude en la mesa”.
Perú Libre es el partido de Castillo y Fuerza Popular, el de Fujimori.
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El 9 de junio por la noche, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya llevaba el 99,1% de las actas procesadas, Fujimori afirmó que solicitaría la nulidad de 802 mesas al Jurado Nacional Electoral (JNE).
Ambos organismos indicaron que por el momento no se pronunciarían sobre esta solicitud.
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Al 7 de junio, el JNE había registrado 148 incidentes durante las votaciones, como propaganda ilegal, marcas a favor de candidatos dentro de las cámaras secretas y electores que se negaron a ser miembros de mesa, entre otros.
“Hay incidencias que se reportan pero que no significan fraude en absoluto”, señaló el 9 de junio una encargada de comunicaciones del JNE, quien agregó: “Las incidencias no son fraude. Un fraude es cuando hay actos sistemáticos y premeditados que tengan incidencia directa en las votaciones, eso no existe”.
El fraude electoral no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal peruano, aunque varios artículos sí castigan procedimientos que atentan contra las elecciones.
Casos reportados
Durante los comicios, varios usuarios se volcaron a las redes sociales para denunciar presuntas irregularidades, como la de un representante de Perú Libre que habría marcado 87 cédulas a favor de Castillo.
El involucrado fue detenido por la Policía en un local de votación del distrito de Carabayllo en Lima y la ONPE sustituyó las cédulas que encontraron en su poder por papeletas de reserva, es decir, nuevas.
El 7 de junio, la ONPE precisó que esos votos no estaban marcados en el casillero de Perú Libre. Luego, el Ministerio Público aseguró que la persona marcó “87 cédulas de sufragio con inscripciones fuera de los símbolos y fotografías de los candidatos” y que será investigado en libertad.
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Asimismo, medios peruanos informaron que en Tumbes una representante de Fuerza Popular había marcado tres cédulas de votación a favor de Fujimori.
Al igual que en el caso anterior, la ONPE aseguró que estas cédulas fueron reemplazadas por las papeletas de reserva, que la mujer fue detenida y que su caso sería investigado por la Fiscalía.
También en redes sociales, se reportó otro caso de cédulas marcadas a favor de Perú Libre, esta vez en la ciudad de Chiclayo. Para este caso, se llevó a cabo el mismo procedimiento.
Autoridades y observadores
Susana Vital, gerente de comunicaciones de la ONPE, confirmó que los casos denunciados en la prensa están en manos de la Fiscalía: “Los personeros que fueron detenidos por supuestamente marcar cédulas de sufragio o tener estos documentos en su poder fueron puestos a disposición de la Policía Nacional y Ministerio Público”.
Con un 99,9% de las actas procesadas, los Jurados Electorales Especiales (JEE) seguían revisando este jueves 684 actas observadas enviadas por el ONPE.
Estos entes, sesenta en total, dirimen en primera instancia la validez de esas actas. Hasta la fecha, habían resuelto anular 134.
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Respecto de la solicitud de nulidad de las 802 mesas, hecha por Fujimori, cada acta será revisada por un JEE.
La última palabra la tiene el JNE, que revisa las decisiones de los JEE y proclama al vencedor.
Estas elecciones fueron observadas por equipos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y por la organización civil Transparencia Perú. En sus respectivos reportes, ninguno evoca indicios de fraude.
La OEA mencionó que tuvo conocimiento de incidentes aislados sobre votos marcados, no obstante, destacó el actuar de las autoridades al respecto.
La Uniore hizo sugerencias sobre formación para los integrantes de mesa y accesibilidad para personas con discapacidad.
Transparencia Perú, en tanto, detalló que de un total de 175 eventos, 10 corresponden a cédulas de ejemplo marcadas a favor de un candidato; tres casos de cabinas secretas con marcas favorables a un partido, entre otras.
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Este jueves, la división anticorrupción del Ministerio Público peruano solicitó prisión preventiva contra Fujimori, en el marco de una investigación por lavado de activos vinculado al caso Odebrecht.
La candidata de Fuerza Popular, que debe ir a juicio por este caso si no gana la presidencia, permaneció 16 meses en total en prisión preventiva, entre octubre del 2018 y mayo del 2020.
