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Estados Unidos y El Salvador siguen enfrentados. Esta semana, en medio de la cumbre de la democracia que presidió Joe Biden, el Departamento del Tesoro anunció sanciones para tres funcionarios clave del gobierno de Nayib Bukele.
El miércoles, el Tesoro impuso medidas contra Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social, y los acusó de encabezar negociaciones secretas con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, para que estas redujeran el número de homicidios a cambio de incentivos económicos y beneficios carcelarios en favor de sus líderes presos.
“Sabemos que el crimen organizado respaldado por actores corruptos puede desestabilizar el Estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática”, afirmó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
Una investigación del diario digital El Faro reveló en agosto el pacto secreto entre el gobierno salvadoreño y las pandillas. Mantener ocultas las conversaciones podría beneficiar a Bukele en caso de que busque la reelección presidencial.
En tanto, el jueves, la Administración de Biden también castigó a Martha Carolina Recinos, jefa de Gabinete del mandatario por haber dirigido “un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios”.
Según el gobierno estadounidense, Recinos lideró una estructura que infló contratos y desvió fondos durante la pandemia para beneficio económico suyo y de otros asesores de Bukele. El presidente tildó de “absurdas” las acusaciones contra la funcionaria. Mientras que el jefe de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica y el Caribe, Brian A. Nichols, tuiteó que están “abiertos al diálogo y a una mejor relación pero no a costa de guardar silencio ante acciones dañinas”.
Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky del 2017, suponen el congelamiento de cualquier activo que los involucrados puedan tener en Estados Unidos y les prohíbe toda transacción a través del sistema financiero estadounidense.
Esta no es la primera vez que la potencia norteamericana toma acciones contra El Salvador. En setiembre, incluyó en su lista de personalidades corruptas a cinco magistrados salvadoreños por “socavar la democracia” e “interpretar la Constitución” de manera que Bukele pudiera presentarse a la reelección.
Aunque el punto más bajo entre ambos gobiernos se dio el 22 de noviembre, cuando la encargada de negocios de la Embajada estadounidense en San Salvador, Jean Manes, anunció que dejaba el país debido a las “decisiones antidemocráticas”, las cuales, indicó, deterioraron la relación con Estados Unidos.
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