La Ley ya está aprobada

Como te decíamos, el tema no es nuevo. Una ley aprobada en agosto de 2018 ya mandó a las compañías de telefonía a ingeniárselas para cortar la señal en las prisiones para marzo de 2020.

La ley, diseñada para evitar estafas telefónicas desde los centros penales, establece un plazo de nueve meses desde aprobado su reglamento para que la señal celular se apague en estos lugares. El reglamento fue aprobado en julio de 2019. Fue creado por los ministerios de Justicia; Seguridad y Ciencia; Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), junto a representantes de las operadoras de telefonía además de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Pero marzo de 2020 parece una fecha demasiado ambiciosa, según nos confirmó Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara de Comunicación y Tecnología (Infocom).

Será difícil para Claro, Movistar y Kölbi

Será complicado porque no se trata de simplemente bajar un switch eléctrico y que mágicamente la señal de celular desaparezca en el perímetro de los 20 centros penitenciarios de Costa Rica.

En Infocom nos explican para esta publicación que las tres empresas telefónicas trabajan juntas y tienen consenso para buscar la forma de ejecutar lo que dicta la ley. Pero no se puede utilizar la misma tecnología con los mismos equipos en cada centro penitenciario, pues dependerá de dónde se encuentre ubicado, cuánta población tiene, qué tan grande es, entre otras particularidades.

El asunto más delicado es no afectar a los vecinos.

Quienes vivan cerca de las prisiones en ningún caso deben verse sin señal. Por ello, en los centros penitenciarios ubicados en zonas más rurales, bloquear la señal resultará más sencillo, pero en centros de detención vecinos de zonas residenciales, la tarea será compleja. Esto tiene que ver con la intensidad de los mecanismos bloqueadores de señal que se vayan a emplear.

Por ahora no se ha definido qué tecnología se va a implementar, según Infocom. Personal técnico de las tres compañías telefónicas mantienen visitas en los centros de detención para conocer cuál es la variante tecnológica apropiada en cada espacio. La ley no delimita qué tecnología debe usarse y le deja la decisión a las compañías del servicio.

Tampoco se tiene establecida la empresa que hará la instalación de esta tecnología.

Eso sí: todas las soluciones serían costosas. En la Cámara de Comunicación y Tecnología también han expresado que el plazo que impone la ley parece insuficiente.

“Pretender que en 9 meses todos estos centros puedan ser atendidos de la manera correcta que se requiere para asegurar al mismo tiempo que no haya señal a lo interno, y que se minimice la afectación externa, es muy poco razonable, y las autoridades lo saben”, nos dijo Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Infocom.

Aunque la ley es clara con marzo de 2020 como el mes en que las estafas vía teléfonos desde las prisiones dejarán de existir en Costa Rica, el director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, ha dicho a La Nación que lo crucial aquí no es el tiempo sino la “actitud de las operadoras”. El jerarca policial añadió, en julio: “No necesariamente el plazo (de 9 meses) está escrito en piedra. Puede haber realidades que lo hagan variar”.

Por ahora, la ley establece que si la empresa pública y las dos privadas de telefonía incumplen con el mandato, la Sutel las penalizará con sanciones leves.

¿Cómo funciona esta tecnología y qué se hace en otros países?

La tecnología más conocida y usada son los inhibidores o bloqueadores de señal, conocidos en inglés como signal jammers. Estos son dispositivos radiales que transmiten una señal de mayor potencia intencionalmente para afectar, bloquear, interferir o saturar los servicios de telecomunicación de los teléfonos móviles.

La cobertura de estos aparatos depende de dos factores, según la asociación global de telecomunicaciones GSMA, con sede en Londres y con más de 1.200 compañías entre sus miembros.

• Su diseño (incluyendo poder de transmisión y calidad de filtración).
• Factores de radiopropagación (la frecuencia que transmite en obstáculos geográficos como edificios, árboles o cuerpos de agua, que pueden causar que la señal se desvíe).

Los impactos más comunes de estos jammers cuando son usados para bloquear la señal en prisiones, son los siguientes, de acuerdo con la GSMA:

• Las comunicaciones se bloquean más allá de los perímetros de las prisiones, impidiendo incluso que vecinos hagan llamadas de emergencia.
• Los servicios de comunicación se ven dañados en el área que rodea a los centros de detención. Esto se evidencia en llamadas perdidas, pobre calidad de las comunicaciones y servicios de data lentos.
• Cuando los inhibidores de señal operan con múltiples bandas de frecuencia, se puede afectar todo tipo de servicios. Incluso se puede obstruir el trabajo de la policía al bloquear sistemas radiales de las autoridades.
• Se crean puntos ciegos dentro de las prisiones, donde los reos pueden continuar usando celulares a pesar de las medidas.

Además, según indica un amplio estudio de la GSMA, bloquear la banda de frecuencia móvil no es suficiente para prevenir comunicaciones ilegales, ya que se pueden utilizar otras tecnologías como Wi-Fi, walkie talkies o vía satélite.

Este tipo de inhibidores, que pueden ser de potencia reducida para afectar un cuarto o una casa, o pueden ser mucho más grandes --del tamaño de una camioneta--, para afectar un edificio o perímetro considerables, existen en modalidad portátil, estacionaria o montado en vehículos.

La GSMA establece que la intensidad del bloqueo en una cárcel dependerá de estos factores:

• La ubicación de las antenas del inhibidor o bloqueador de señal dentro de la prisión.
• Las características de las antenas (ganancia, cantidad de señal que puede concentrar en una dirección, contra las direcciones no deseadas).
• Potencia de transmisión del inhibidor o bloqueador.
• Bandas de frecuencia de operación y potencia para cada banda.
• Calidad de los filtros y amplificaciones para evitar emisiones fuera de la banda.
• Características de los muros de la prisión (material, altura, ancho, etc.).
• Características de las edificaciones dentro de la prisión.
• Características de las edificaciones fuera de los límites de la prisión (urbano, industrial, suburbano, rural, etc.)

En su estudio, la GSMA resume así la situación de telecomunicaciones ilegales de reos en las prisiones de Latinoamérica:

--Está prohibido el uso de aparatos de telecomunicaciones privadas entre reos.

--Los puntos de chequeo y los protocolos de seguridad para prevenir la introducción de aparatos de telecomunicaciones no son efectivos.

--Los delitos más comunes que realizan los reos desde las prisiones con sus equipos son: extorsión, amenazas, organización de secuestros o asesinatos y coordinación de escapes de la prisión.

--Las iniciativas para bloquear las telecomunicaciones dentro de las prisiones son normalmente lideradas por estas mismas instituciones. En México, Chile y Colombia, algunas prisiones contrataron empresas para instalar inhibidores de señal, pero varios contratos fueron cancelados por malos resultados.

--Las autoridades de telecomunicaciones de los países proveen asesoramiento y soporte para realizar los bloqueos dentro de las prisiones y también para coordinar el impacto afuera de las mismas.

En sus conclusiones, la GSMA recomienda el uso de inhibidores potentes de señal únicamente para prisiones ubicadas en zonas rurales, para no comprometer así el funcionamiento de servicios para la población vecina en general.

El uso de inhibidores de señal en zonas urbanas ha resultado insatisfactorio y la GSMA no lo recomienda.

Para centros penitenciarios en zonas urbanas, la asociación propone soluciones que ofrezcan mayor inteligencia y análisis de las señales, como mejor gestión de todos los ingresos o sistemas de detección de señal detallada, para minimizar el impacto en el área circundante.

“Cada prisión debería estudiarse individualmente para identificar la solución más adecuada posible”, detalla el estudio citado. “Es recomendable adoptar mejores prácticas para la instalación de sistemas de radiocomunicación sugeridos por la industria, y monitorear su impacto de forma más constante”.

Ana Lucía Ramírez, directora de Infocom, dice que en Costa Rica valoran el uso de dos grandes tecnologías: la de tipo interferente (los bloqueadores que acabamos de mencionar a detalle) y la captura de señal mediante una red falsa o privada (instalando antenas en las cercanías o a lo interno del centro que capturen los intentos de comunicación sin permitirles salir hacia la red móvil y con ello, impidiendo la comunicación con tercero).

A decir verdad, el panorama en materia de limitar las comunicaciones ilegales desde las prisiones en Latinoamérica no es alentador. Y es más que probable que en Costa Rica las soluciones no sean mucho mejores que en México, Colombia o Chile.

En Infocom lo saben. Ramírez explica, para esta publicación: “Las experiencias en general son similares: es posible con cierto grado de éxito bloquear la señal celular en un centro penal pero es improbable que se logre con una confiabilidad del 100%, y al mismo tiempo asegurar que las poblaciones aledañas no serán afectadas en determinado momento”.

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