“Muchos factores son los que han incidido para que se interrumpan los señalamientos de audiencia preliminar, desde que no se ha tenido una sala apropiada para albergar en Puriscal a tantas personas, hasta que se dan choques de agendas de las partes involucradas en este caso.

“A veces se hace un señalamiento y poco después alguno de los abogados presenta un documento que hace constar que, antes de recibir la notificación del Juzgado Penal de Puriscal, fue citado para otra diligencia y en otra jurisdicción, como parte de otro asunto de igual o similar importancia.

“También, en algunos momentos, se han presentado inconvenientes con la convocatoria de las partes y eso genera que se suspendan las audiencias, por lo cual no es un solo factor sino que son varios”.

De esa forma sintetizó el fiscal de Puriscal, Allan Ramírez, parte de las dificultades existentes para hacer la audiencia preliminar en la que se definirá si se realiza o no un juicio por un accidente registrado en un puente de hamaca, que se encontraba sobre el río grande de Tárcoles, entre Turrubares y Orotina.

Esa estructura colapsó el 22 de octubre del 2009, mientras un bus cargado de pasajeros pasaba.

Debido al siniestro, Norma Jiménez Cerdas, Natalia Meléndez Quesada, Marta Artavia Granados, William Gutiérrez Chaves y Efraín Marino Santamaría murieron, mientras que otras 38 personas resultaron heridas.

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Casi 12 años después del accidente y siete desde de que se anuló un sobreseimiento definitivo por el hecho, el Juzgado Penal de Puriscal agendó para el próximo 23 de julio la audiencia preliminar de la causa 09–000384–1093–PE.

Así lo confirmó la Fiscalía de Puriscal a La Nación, la cual detalló que en esa diligencia solicitará la apertura de juicio en contra de una mujer de apellidos Ramírez González y un hombre apellidado Salas Vega, ingeniera de puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y chofer del bus, respectivamente.

Ramírez figura como sospechosa del delito de incumplimiento de deberes, mientras que Salas es investigado por cinco homicidios culposos y 38 lesiones culposas.

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Pese al largo camino que ha tenido esta causa, cada vez que hay un señalamiento del juez el plazo de prescripción se interrumpe, por ello es que sigue abierta.

Precisamente, el fiscal Allan Ramírez recordó que desde que se presentó la acusación, en el 2011, se han hecho diversos señalamientos que no han tenido éxito.

“La acusación se planteó el 19 de octubre del año 2011 y los hechos fueron el 22 de octubre del 2009, básicamente dos años después, cuando se recabó toda la información necesaria. Desde 2011 hasta la fecha se han suspendido, si mis cálculos son correctos y revisando el expediente, 12 veces los señalamientos y el número 13 es el que está señalado para el 23 de julio próximo”, aseguró.

El funcionario reconoce que esta situación es complicada y que en nada favorece la investigación, ya que con el paso del tiempo las personas van olvidando con exactitud lo ocurrido.

Asimismo, reconoce que la presentación de recursos en esta fase intermedia ha sido constante, pero que luego de la resolución más reciente espera que, finalmente, en un par de meses pueda realizarse.

Agregó que uno de los alicientes en esta ocasión es que ya Puriscal cuenta con una sala grande para juicios, factor que permitiría realizar la diligencia en la zona y no coordinar para su traslado a otra edificación o a San José.

“Uno de los pilares de nuestro proceso penal es el de justicia pronta y cumplida, por lo que uno esperaría que los procesos inicien y finalicen en un plazo prudencial. Este caso no cumple, diría yo, con esos parámetros y sí afecta porque han pasado ya muchos años desde el 2009, vamos por 12 años.

“Los testigos y ofendidos se ven seriamente afectados porque el transcurso del tiempo suele afectar las declaraciones y, además, entre más tiempo pasa más se afecta a las víctimas directas y a sus familiares, quienes han esperado por muchos años que este asunto se resuelva”, explicó Allan Ramírez.

El representante del Ministerio Público también dijo que se debe tener en cuenta que luego de superar la audiencia preliminar, viene la definición de una fecha para el juicio y la posibilidad de que haya otras diligencias posteriores, por lo que lamenta que el tiempo pueda seguir pasando sin que se cierre el caso.

Por ello, reitera, tiene esperanza en que esta ocasión sí sea posible desarrollar la audiencia preliminar y avanzar un poco más con el expediente.

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Camino difícil

Harley Priscila Castro Benavides, una de las sobrevivientes de la tragedia, conversó con La Nación hace dos años y en aquel momento manifestó que ella siente que no puede cerrar este capítulo en su vida, hasta que concluya el proceso judicial.

En la actualidad aún arrastra secuelas físicas del percance, ya que estuvo seis meses sin poder caminar. Primero en cama, luego en silla de ruedas y, finalmente, con ayuda de un bordón y terapias volvió a movilizarse.

Sin embargo, Castro contó que cuando limpia debe hacer pausas, tanto por el dolor de la clavícula y la pierna, como por la cantidad de polvo que respira, debido a que tiene un problema en un pulmón que, eventualmente, puede provocarle un paro cardiorrespiratorio.

Precisamente, por eso no se queda en casa sola y, regularmente, va a la vivienda de sus padres con su hija.

Además de afrontar las lesiones físicas, esta sobreviviente acudió por tres años a terapia psicológica y fue así como se animó a cruzar por primera vez el puente sobre el río Grande de Tárcoles caminando, aunque su temor a estas pasarelas persiste.

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