Previsible parálisis de un elefante blanco

El presidente no la vetó y existe hoy como elefante blanco, con aspiraciones de recibir miles de millones provenientes de un 0,4 % de las sub ejecuciones presupuestarias de instituciones públicas no financieras, excepto el Gobierno Central, municipalidades, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y universidades.

El Estado, como era de esperar —y quizá de agradecer— no ha cumplido la mayoría de las obligaciones impuestas por la ley, y el diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), hizo un llamado a poner los pies sobre la tierra mediante la presentación de un proyecto para derogarla. “¿Para qué vamos a mantener una agencia de naturaleza aspiracional que nada contribuye a los costarricenses? Más bien, deberíamos estar viendo cómo damos presupuesto a otras instituciones más relevantes”, comentó el legislador.

A la fecha, la AEC no ha logrado nombrar un director ni goza de los recursos financieros asignados por ley. El concurso público celebrado en el 2021 para escoger al funcionario se frustró porque ninguno de los postulantes cumplía los requisitos: un doctorado, experiencia técnico-científica relacionada con el desarrollo espacial y los sectores industriales relacionados y publicaciones científicas en medios internacionales del área espacial.

Una persona con ese currículum difícilmente se arriesgaría a encabezar un cascarón de tan incierto futuro. Jorge Oguilve Araya, directivo del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), advirtió de que mantener la Agencia con sub ejecuciones presupuestarias crearía incertidumbre sobre el ingreso de fondos. Esto es especialmente cierto en las actuales circunstancias de estrechez fiscal.

Los expertos también han cuestionado la conveniencia de poner a la entidad en manos de académicos. “Soy el primero en apoyar una agencia espacial costarricense, pero no esta versión, que parece una ocurrencia, pues limita a académicos los cargos directivos, cuando estas agencias en todo el mundo requieren políticos, diplomáticos, empresarios, ingenieros y académicos”, manifestó Ronald Chang Díaz, ingeniero y empresario cofundador de la empresa Ad Astra Rocket en Liberia, Guanacaste.

A falta de un director ejecutivo, tampoco se han oficializado el Plan Estratégico y el Programa Nacional de Actividades Espaciales. El Consejo Directivo de la agencia ni siquiera ha avanzado en la adquisición de un terreno en Guanacaste, como exige la ley, para establecer el centro espacial.

Todo lo sucedido era previsible, pero la dinámica de las fuerzas políticas del momento condujo a la aprobación de la ley como si la agencia fuera factible. La Contraloría General de la República señaló los riesgos de la propuesta en el 2020 y la necesidad de hacer un análisis técnico para fundamentar su viabilidad y conveniencia. Al mismo tiempo, se mostró preocupada por la falta de recursos para financiar la iniciativa.

El presidente Carlos Alvarado también sabía de la escasez de recursos y lo dijo, pero se abstuvo de interponer el veto. No le correspondería a su administración decidir sobre el futuro del elefante blanco. “Es una mala solución. La ley debe ser sancionada o vetada por sus méritos o deficiencias, no pospuesta para dejar a futuras administraciones la obligación de financiar la quimera burocrática temida por personas con amplísima experiencia en el campo espacial”, puntualizamos en nuestro editorial del momento.