EscucharEl incremento salarial decretado para ministros y viceministros es una necesidad reconocida desde hace años, pero nunca fue posible materializar la solución por temor a la opinión pública y a las protestas de quienes simpatizan con la idea cuando gobiernan y la denuncian cuando están en la oposición.
Pasada más de una década sin ajustes, la pretensión de pagar al gabinete tanto o menos que lo devengado por los legisladores no parece abusiva. Por lo general, los ministerios demandan más y conllevan mayores responsabilidades, pero se les remunera con la mitad del salario dispuesto para los legisladores.
El incremento de los salarios base de ¢1,3 millones a ¢2,6 millones es un cien por ciento, pero ni así se acerca a lo devengado por los legisladores y por muchos mandos medios de la Administración Pública. Ni siquiera la aplicación de pluses aumentaría el ingreso total de los ministros a la mitad de lo devengado por los magistrados, algunos presidentes ejecutivos y muchos pensionados de lujo.
En el 2018, La Nación informó de 369 funcionarios con salarios superiores al del jerarca en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Representan más de la mitad de la planilla total de la cartera. En el Ministerio de Justicia, 456 trabajadores ganaban más que la ministra. El caso también era común en Hacienda, Salud y Cultura, entre otros.
En el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 49 colaboradores tenían sueldos superiores al de la presidenta ejecutiva con rango de ministra y en el Ministerio de Educación Pública (MEP) había 28 trabajadores con ingresos superiores a los ¢2,5 millones pagados al ministro.
Los desequilibrios han sido denunciados desde hace lustros y ningún presidente dejó de señalar las dificultades para integrar un gabinete con la oferta salarial existente.
La expresidenta Laura Chinchilla, en declaraciones en el 2017, tres años después de finalizado su mandato, señaló que los salarios más deprimidos en relación con la magnitud de la responsabilidad son los de la función política superior.
“La situación es tan absurda que aun cuando uno busca entre los mismos cuadros de la administración enfrenta negativas, porque si se nombra a un director en un puesto de viceministro devengará un salario sustancialmente menor. Es decir, la promoción se detiene en el nivel de Dirección General”, afirmó.
En la actualidad, la propuesta del presidente Rodrigo Chaves enfrenta un obstáculo legal. La regla fiscal incorporada a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas impide hacer ajustes salariales para compensar el costo de vida mientras la deuda pública supere el 60% del producto interno bruto. Esa disposición podría descarrilar el aumento, y en la Asamblea Legislativa ya existe la intención de consultar a la Procuraduría.
No obstante, es discutible si el incremento responde al alza en el costo de vida o si más bien constituye un ajuste necesario para apuntalar la competitividad del Poder Ejecutivo en el mercado laboral.
El testimonio casi unánime de los expresidentes sobre las dificultades para armar gabinete respalda esta tesis. También encuentra sustento en la comparación con las remuneraciones del sector privado para niveles gerenciales.
No es el mejor momento para decretar el alza. La inflación deja rezagados los ingresos de miles de costarricenses y el país exige al gobierno austeridad.
Pero nunca hubo un buen momento en más de una década y no lo habrá en el futuro próximo. Mientras tanto, los ministros siguen ganando como si fuera el 2010.
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La propuesta del presidente Rodrigo Chaves, sin embargo, enfrenta un obstáculo legal. (Jose Cordero)
