EscucharCon la entrada en funciones, el 16 de este mes, de sus tres integrantes permanentes, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), inició una etapa más vigorosa para el cumplimiento de sus tareas. A partir de ahora, los nuevos instrumentos legales de que dispone esa instancia operarán plenamente, y darán mayor dinamismo a su misión clave: regular la concentración de mercados y evitar las prácticas monopólicas, para beneficio de la productividad, el crecimiento y el bienestar de los consumidores.
Los tres nuevos comisionados, que trabajarán a tiempo completo, serán los abogados Guillermo Rojas Guzmán e Isaura Guillén Mora, y la economista Viviana Blanco Barboza. A ellos se unirán, como suplentes, Douglas Alvarado Castro, también abogado, y Cinthya Arias Leitón, especialista en negocios internacionales. Son profesionales de reconocida capacidad, designados por el Consejo de Gobierno tras un concurso abierto.
La nueva integración de la Coprocom, anteriormente compuesta por cinco miembros con dedicación parcial, es producto de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, aprobada el 29 de agosto del 2019 por la Asamblea Legislativa y publicada en La Gaceta el 18 de noviembre siguiente. También le otorgó autonomía funcional técnica, administrativa y presupuestaria, y la dotó de un régimen laboral interno flexible, fuera del Servicio Civil. Estas características, aunadas a instrumentos más eficaces para investigar y sancionar a quienes violen las disposiciones de la ley, otorgan a la Coprocom un vigor e independencia de los que había carecido.
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En el ámbito más sustantivo, la nueva ley, que emana del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), elimina una serie de excepciones que limitaban el alcance de la entidad. Su ámbito ya no solo abarca a actores económicos privados, sino también a los monopolios del Estado, los concesionarios públicos y las municipalidades, así como actos que se originen fuera del país, pero tengan un impacto nacional.
Tal como dijimos en un editorial en diciembre del pasado año, tras la promulgación de la ley, estos cambios otorgan a la Coprocom un arsenal mucho más sólido para evitar las prácticas anticompetitivas y concentraciones indebidas de actividades productivas, y para ejercer su «abogacía» en pro de la competencia. Esta consiste en impulsar una cultura nacional y promover nuevos avances en la materia.
Una de las grandes carencias de la ley es que su ámbito no alcanza los actos autorizados por leyes especiales, que otorgan a una serie de corporaciones privilegios para limitar la competencia. Un informe de la OCDE emitido hace pocos meses señala, entre esos ámbitos exceptuados, el establecimiento de cuotas de producción y precios de venta para el azúcar; la fijación de precios, importación y distribución entre los industriales del arroz en grano; la fijación de porcentajes de ganancia para beneficiadores y exportadores de café; los acuerdos sobre tarifas y distribución de rutas entre navieras; y la fijación de honorarios por parte de los colegios profesionales. La labor de abogacía de la Comisión será un importante instrumento para avanzar en la eliminación de estos controles de mercado.
De manera insistente, no solo la OCDE, sino también una gran cantidad de economistas independientes, han señalado a esas y otras barreras anticompetitivas como una de las razones que limitan el dinamismo de nuestra actividad económica y explican que Costa Rica sea un país en que los costos de insumos y bienes de consumo sean desproporcionadamente caros. A esto se añaden las excesivas regulaciones y costos de acceso a que están sometidos los mercados de productos, cuyo índice es el mayor entre los países que integran la organización.
Todo lo anterior quiere decir que queda mucho camino por andar. La gran ventaja es que el nuevo andamiaje para impulsar la competencia interna es mucho más robusto y sus ámbitos de acción más extendidos. Constituida ya formalmente la Coprocom bajo esta sombrilla, confiamos en que su actuación esté a la altura de las necesidades y expectativas nacionales.
