Las multinacionales generaron la mayoría de los nuevos empleos en el sector privado este año, afirma la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Es una cifra récord por quinto año consecutivo, pero su valor se agiganta en el dificilísimo 2020. La pandemia de covid-19 elevó el desempleo a niveles inusitados y sumió a miles en la pobreza. La inversión extranjera impidió sufrimientos todavía mayores.
Los 19.806 empleos creados este año, 3.600 de ellos fuera de la Gran Área Metropolitana, representan un aumento del 18,4% con respecto al año pasado. La ganancia neta de puestos de trabajo fue de 14.709. En total, 330 empresas multinacionales atraídas por Cinde y provenientes de 11 países ofrecen 134.026 empleos.
Los números son elocuentes y deberían salir a colación cada vez que renace la idea de variar las condiciones de operación de las zonas francas y, en especial, su régimen tributario. Lejos de idear formas para disminuir el atractivo del país, deberíamos pensar en aumentarlo y encontrar medios para encadenar la producción nacional con el dinamismo del régimen especial.
Andrés Valenciano, recién nombrado ministro de Comercio Exterior, lo tiene claro. No solo refuta los argumentos de quienes pretenden variar las condiciones de las zonas francas, sino que aboga por ampliar las posibilidades mediante la negociación de nuevos tratados comerciales y la renovación de los existentes.
También insiste en fortalecer la institucionalidad para impulsar la competitividad, la inclusión y la sostenibilidad. Ese objetivo guarda estrecha relación con dos de los elementos más relevantes para la atracción de inversiones: la seguridad jurídica y la predictibilidad del clima de negocios.
Específicamente en el área de atracción de inversiones, el país ha consolidado un trío de instituciones reconocidas por su excelencia: el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) y la propia Cinde. Marisol Guzmán, investigadora del Programa Estado de la Nación, señala la necesidad de ofrecer una red de apoyo similar para la producción del régimen definitivo. Los ministerios de Economía y de Agricultura y Ganadería muestran rezagos significativos y sus esfuerzos son más dispersos, dice la estudiosa.
Para el ministro Valenciano, el fortalecimiento de la institucionalidad y la inserción en la economía mundial deben ir de la mano con una política de desarrollo productivo capaz de coordinar el financiamiento, la innovación, la inversión en ciencia y tecnología, y el desarrollo del talento humano, entre otros elementos requeridos para impulsar la producción local y aprovechar las oportunidades de encadenamiento.
La reforma del Instituto Nacional de Aprendizaje para ajustar su oferta a las necesidades de la producción es un paso en la dirección correcta, así como la ampliación de la oferta de carreras científicas y tecnológicas. Otros impedimentos a la competitividad, como el costo de la energía, el exceso de trámites y las deficiencias de la infraestructura deben ser removidos para facilitar la integración y ampliar los beneficios del régimen especial.
El encadenamiento eleva la productividad de las empresas del régimen definitivo entre un 6% y un 9%, según el estudio Productividad e innovación en Costa Rica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, aumenta la calidad de los productos y su uniformidad para cumplir los estándares de los compradores.
En las zonas francas y la atracción de empresas transnacionales, Costa Rica tiene una vía para aumentar su prosperidad. Ese camino podría ensancharse con la tendencia a acercar las cadenas de suministro a los mercados definitivos (nearshoring). Nos ayuda la geografía. Ojalá también lo haga la voluntad.
