Uruguay, una advertencia para Costa Rica

El embalse de Paso Severino, la principal reserva de agua dulce del área metropolitana de Uruguay, se secó, lo cual obligó al gobierno a declarar emergencia hídrica el 19 de junio. Ya era tarde, porque el país enfrenta la peor sequía en 74 años, al punto de verse obligado a consumir agua del Río de la Plata, con alta concentración de sal y cloruro.

Los uruguayos viven esta calamidad debido a la postergación de inversiones, incluida la construcción de otro embalse, idea que se remonta a finales de la década de los 80. El proyecto se pospuso y superpuso otro para construir una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata. Entre uno y otro, nada se hizo.

Solo queda Paso Severino, la última gran obra inaugurada en 1987. Casualmente, en el mismo año, en Costa Rica también empezó a operar su última gran obra hídrica: Orosi I, que toma agua del embalse El Llano, en Cartago, para abastecer a la mitad de San José y parte de Cartago.

La ampliación de Orosi I se propuso en 1990, y tanto Acueductos y Alcantarillados (AyA) como gobiernos sucesivos han postergado Orosi II, que garantizará agua hasta el 2040 a 15 cantones, hoy con 600.000 habitantes.

Orosi II costaría $400 millones. El crédito lo aprobó el Banco Centroamericano de Integración Económica en el 2020, pero el AyA dejó vencer el préstamo para revisar costos. El anuncio lo hizo en noviembre un gerente general destituido en febrero, y ahora se inicia un proceso de revisión que, conociendo la lentitud del Instituto, tomará tiempo.

Así, por inacción, se prolongarán los racionamientos que cada año sufren Alajuelita, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, La Unión, Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, San Pablo, Santa Ana, Tibás y Vázquez de Coronado.

El megaproyecto no puede seguir en manos de políticos pasajeros. Se requieren expertos porque está pronosticado, por profesionales en la materia, que en el 2050 el cambio climático dejará la zona central sin la mitad del agua que tiene hoy para consumo humano.

Es vital ver hacia Uruguay para conocer las consecuencias de la intromisión política en las decisiones técnicas.

amayorga@nacion.com

El autor es jefe de Redacción de La Nación.