Otra causa judicial por compras de emergencia de CCSS: Fiscalía investiga adquisición de batas para pandemia

Las compras de emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son motivo de una nueva investigación por parte de la Fiscalía.

Esta vez tiene relación con presuntas anomalías en la importación y compra de batas que son parte del equipo de protección que requiere el personal de salud para la atención de pacientes de covid-19.

La nueva causa judicial está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, por el delito de defraudación fiscal aduanera, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.

Se tramita bajo el expediente 21-000050-621-PE contra ignorado, es decir, que no existen imputados individualizados.

Las posibles irregularidades fueron denunciadas por la Unión Médica Nacional, el pasado 3 de febrero, informó la organización en un comunicado.

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Según la denuncia, la Caja adquirió y distribuyó a personal que trabaja en labores de alto riesgo de contagio, batas que están “diseñadas para proteger de sustancias de baja peligrosidad y no a la exposición de polvos muy finos”.

Las batas de cuya calidad dudan se utilizan en salas de operaciones y unidades covid en 19 de los 29 hospitales de la CCSS, entre ellos México, Hospital San Juan de Dios y Max Peralta.

Desde diciembre, afirmó la organización, le solicitaron a la institución un criterio técnico sobre la compra, ante la consideración de que estas son utilizadas en áreas de alto riesgo de contagio.

Asimismo, solicitaron “comprobar la equivalencia validada de estas batas como equipo de uso médico”, al tiempo que pidieron un lista de centros médicos que estuvieran utilizando estos insumos.

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La Fiscalía también tiene dos causas abiertas por presuntas anomalías en la compra de mascarillas y en la contratación de vuelos chárter para traer equipos de protección donados por China.

Los casos se tramitan bajo los expedientes 20-000122-1218-PE, abierto en agosto, y el 20-000175-1218-PE, de setiembre.

Se investiga si funcionarios y proveedores involucrados en las adjudicaciones habrían incurrido en los delitos de tráfico de influencias o perjuicio contra la Hacienda Pública.

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Estos hechos también dieron origen a investigaciones administrativas en la Caja y en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Hasta el pasado15 de diciembre, la CCSS había adjudicado ¢42.389 millones en compras de emergencia relacionadas con la pandemia.