Médico de CCSS consiguió dos permisos sin goce de salario para evadir sanción por mala praxis

Se trata de Donato Salas Segura, de 56 años, contra quien en 2019 quedó en firme una condena por mala praxis. A él se impusieron dos años de prisión (con ejecución condicional), así como la suspensión para el ejercicio de la Medicina por 12 meses por el homicidio culposo de un menor de diez meses.

Según el Colegio de Médicos de Costa Rica, Salas estuvo inhabilitado para ejercer su profesión entre junio de 2019 y agosto de 2020. Sin embargo, el Hospital Calderón Guardia le otorgó un primer permiso sin goce de salario entre el 16 de setiembre de 2019 y el 12 de marzo de 2020. Luego, el centro médico le renovó ese beneficio entre el 13 de marzo de 2020 y el 13 de agosto de 2020.

Las fechas de los permisos sin goce de salario a favor de Salas fueron certificadas el pasado 14 de setiembre, por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Hospital Calderón Guardia a solicitud de La Nación.

Gracias a los dos permisos para ausentarse sin remuneración, el galeno consiguió eludir el castigo por la muerte del menor y seguir laborando para la Caja sin ningún tipo de consecuencias como el despido o cualquier otro tipo de sanción.

Desde el viernes 22 de setiembre, este diario llamó a Salas a su teléfono celular para conocer su posición sobre este tema y consultar cuál jefatura le aprobó esos permisos, pero no respondió las llamadas.

También se le consultó a la CCSS quién o quiénes aprobaron esos permisos y cuál fue la justificación, pero evadieron contestar las interrogantes.

Además de avalar los permisos sin goce de salario, en agosto anterior, este medio de comunicación reveló que la Caja dejó prescribir un proceso disciplinario contra Salas relacionado con el fallecimiento del bebé.

¿Qué pasó?

El médico fue condenado por hechos que se remontan al 10 de marzo de 1999 en el Hospital San Rafael de Alajuela. Ese día, una madre llevó a su hijo, de 10 meses al Servicio de Urgencias ya que presentaba un cuadro de diarrea y vómito.

No obstante, horas después de ingresar falleció a causa de un edema cerebral y deshidratación severa.

De acuerdo con el expediente judicial 99-200540-0305-PE, el paciente y su familia no recibieron atención adecuada en el centro de salud e incluso el médico indicó en los registros que el bebé no sufría deshidratación.

En el proceso judicial, el Ministerio Público acreditó que Salas no le dio seguimiento a la evolución del paciente y “desatendió las solicitudes de ayuda que le hicieron la madre y la abuela del menor al no acercarse a valorar el estado físico”.

Según la sentencia, los parientes del niño enfermo llamaron en varias ocasiones al doctor y a una enfermera –que también fue condenada a un año de prisión– para advertir que el bebé se estaba poniendo morado, convulsionaba y no reaccionaba, pero no les prestaron atención.

La CCSS fue obligada a pagar la familia una indemnización de más de ¢37 millones por daños físicos y morales.