EscucharEl proyecto de ley número 23.883, redactado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), generaría un millonario ahorro de deuda política al Estado. La iniciativa limitaría el porcentaje de dinero que se pueden dejar los partidos a los que, tras pagar sus gastos de campaña, les sobren recursos.
Esta es una de las reformas electorales que presentó el TSE el pasado mes de marzo. En esa ocasión solicitaron apoyo al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, para promover el avance de las iniciativas.
Sin embargo, las propuestas pasaron cinco meses a la espera de que algún diputado las llevara a corriente legislativa; hasta que, el pasado 27 de agosto, la bancada del Frente Amplio (FA) anunció que las impulsaría.
¿Cuánto dinero se pueden dejar actualmente los partidos?
Se conoce como deuda política al dinero que el TSE le asigna a los partidos políticos tras conocer los resultados de las elecciones presidenciales cada cuatro años. La relación es directamente proporcional: cuantos más votos obtenga un partido, más recursos recibe.
Previo a las campañas presidenciales, el órgano electoral anuncia cuánto dinero se destinará a la deuda política. En el caso de las elecciones de 2022, el Estado reservó ¢19.791 millones.
Tras conocer los resultados de la primera ronda electoral, el TSE asigna un porcentaje de la deuda política de acuerdo con la cantidad de votos recibidos por cada partido. Para acceder a esa contribución, las agrupaciones deben lograr al menos un diputado, u obtener como mínimo el 4% de los sufragios válidamente emitidos.
Por ejemplo, en el caso de los pasados sufragios, el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo el derecho de recibir, como máximo, ¢5.990 millones en deuda política, aproximadamente el 30% del total.
No obstante, para garantizar que los partidos sigan funcionando durante los cuatro años entre cada elección presidencial, el Código Electoral permite que las agrupaciones reserven un porcentaje del dinero que reciben por deuda política. Cada partido define en sus estatutos qué porcentaje quiere guardar para esos “gastos permanentes”.
En el caso de Liberación Nacional, reserva un 17%, el Frente Amplio (FA) un 25% y el Liberal Progresista (PLP) un 10%, entre otros.
De esta manera, por ejemplo, de los ¢5.990 millones a los que tuvo acceso el PLN, ¢4.972 millones (el 83%) se destinaron a gastos electorales, mientras que ¢1.018 millones se guardaron para pagar sus gastos permanentes.
¿Dónde está el ahorro que propone el TSE?
Para explicar el ahorro que podría tener el Estado con el citado proyecto de ley, utilizaremos el ejemplo del Frente Amplio en las pasadas elecciones.
La agrupación izquierdista tenía derecho a ¢1.961 millones por deuda política, gracias a los 182.000 votos que recibió. Sin embargo, su gasto de campaña reconocido por el TSE fue mucho más bajo, de apenas ¢605 millones.
Por este motivo, tras destinar ¢490 millones (25% del total) a gastos permanentes, y ¢605 millones a gastos de campaña, al FA todavía le sobraban ¢866 millones. ¿Qué ocurre con este dinero?
Según el artículo 107 del Código Electoral, si después de pagar los gastos de campaña y reservar los gastos permanentes, aún existe un remanente, los partidos tienen derecho a conservar un monto igual al definido para gastos permanentes.
Es decir, el FA tenía derecho a conservar ¢490 millones adicionales, para un total de ¢980 millones que se sumaron a las reservas del partido. Sin embargo, tras estos rebajos, aún sobraba dinero, exactamente ¢376 millones. Ese es el ahorro que se destina directamente a la arcas del Estado.
No obstante, con el proyecto del TSE, la cantidad de dinero que volvería al estado aumentaría, ya que proponen limitar a un 15% el porcentaje que pueden destinar los partidos políticos para gastos permanentes.
Si este tope hubiese sido implementado en las elecciones de 2022, en lugar de los ¢980 millones, el Frente Amplio solamente habría destinado ¢588 millones a sus reservas, y el ahorro del Estado hubiese sido de ¢768 millones, más del doble.
El jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón, explicó que han identificado casos en que los partidos políticos establecen porcentajes inusualmente altos para destinar a gastos permanentes.
De esta forma, las agrupaciones se aseguran de llevarse para sus bolsillos todo el dinero que no gasten durante la campaña electoral.
“Es el caso de partidos como Renovación Costarricense (fundado por el exdiputado Justo Orozco) en su momento, o más recientemente Restauración Nacional (cuyo líder es el excongresista Carlos Avendaño).
“Según recuerdo, Restauración destinó un 45% a gastos permanentes, y me da la impresión de que están apostándole a la obtención de una reserva amplísima si no tienen suficientes gastos electorales. Podría pensarse que, más que obtener un resultado positivo en la campaña, más bien buscan hacer uso luego de la reserva de gastos permanentes”, relató Chacón a La Nación.
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En la imagen, en primer plano, el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, Ronald Chacón, a su lado la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, y al fondo, el director del Registro Electoral, Héctor Fernández.
Como el artículo 107 del Código Electoral permite duplicar la reserva para gastos permanentes, un partido que determine un 45% de ahorro puede terminar por llevarse hasta un 90% de la deuda política para ese rubro.
TSE propone vencimiento de gastos permanentes
Como complemento al tope del 15% a las reservas para gastos permanentes, el TSE también propone que los partidos políticos tengan un tiempo límite de cuatro años para utilizar los recursos que hayan conservado tras la campaña electoral.
Según expuso el tribunal en su propuesta de ley, en la actualidad, el dinero que queda en favor de algunos partidos políticos se reserva por periodos excesivamente largos, generando su subutilización y un efecto negativo sobre el erario público.
Por este motivo, el órgano electoral propone que haya una liquidación en cada ciclo electoral, de manera que los partidos hagan “borrón y cuenta nueva” de cara a los siguientes sufragios.
Bajo la normativa actual, los partidos tienen 10 años para utilizar esos recursos, no obstante, ese plazo se renueva cada vez que presentan una liquidación de gastos, lo cual ocurre recurrentemente. En la práctica, la única forma de que esos fondos caduquen es que el partido sea “abandonado”.
“Aún hoy, en 2023, cinco años después de las elecciones de 2018, el saldo de las reservas de Restauración Nacional debe superar los ¢3.000 millones. Ese caso ilustra la situación”, explicó Chacón.
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