Costa Rica ocupa en el puesto 3, de entre 15 países latinoamericanos, en el Índice Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, un informe que mide las herramientas con las que cuentan las naciones de la región para descubrir, castigar y prevenir este flagelo.

El país obtuvo 6,43 puntos de una nota máxima de 10. Solo fue superado por Uruguay (7,78) y Chile (6,57).

En los siguientes escalafones, en orden, se ubicaron: Brasil (5,52), Perú (5,47), Argentina (5,32), Colombia (5,18), México (4,55), Ecuador (4,19), Panamá (4,17), Guatemala (4,04), Paraguay (3,88), República Dominicana (3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52).

En su segunda edición —la primera fue en el 2019— el índice incluyó a Costa Rica. Se trata de un estudio elaborado por la organización sin fines de lucro Sociedad de la Américas/Consejo de las Américas (AS/COA, por sus siglas en inglés), así como por la consultora global de riesgos Control Risks.

El informe evalúa la forma en la que cada país combate la corrupción desde tres grandes áreas, a cada una de las cuales también les asigna una calificación.

En la categoría de Capacidad legal, nuestro país obtuvo 6,26 puntos; en la de Democracia e instituciones políticas, la calificación fue de 6,73 puntos; y en el escalafón de Medios de comunicación y sector privado, el puntaje fue de 6,61.

Dentro de esas esferas, la medición valora 14 subcategorías, entre las que destacan la independencia de las instituciones judiciales, la influencia del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco.

Un robusto sistema judicial

¿Qué ubicó a Costa Rica entre los primeros tres lugares del índice? Según el documento, publicado este lunes 8 de junio, nuestro país está “marginalmente” por encima de Chile en la subcategoría Capacidad Jurídica, que incluye siete de las 14 variables comprendidas en la medición.

La investigación considera que Costa Rica cuenta con un sistema judicial independiente y eficiente, así como con sólidas prácticas de transparencia gubernamental y de acceso a la información pública.

También destaca los recursos disponibles para combatir el crimen de cuello blanco y aplaude el atinado establecimiento de canales de cooperación internacional para la aplicación de la ley, entre otros factores.

Asimismo, el índice ve con buenos ojos la aprobación —el 11 de junio del 2019— de la Ley 9699, que atribuye responsabilidad penal a empresas involucradas en escándalos de corrupción.

Antes de esa normativa, las compañías se limitaban a reparar daños, sin recibir castigos.

“Según los expertos, incluidos los costarricenses que participaron en el índice CCC, la ley aclara varias cuestiones críticas relacionadas con la responsabilidad corporativa, el cumplimiento y más.

"Hemos visto en toda América Latina, y en otros lugares, cómo las buenas leyes de responsabilidad corporativa pueden ser un cambio de juego para la lucha contra la corrupción. Queda por ver cómo se implementará la nueva legislación de Costa Rica”, dijo a La Nación Roberto Simon, director senior de políticas públicas de AS/COA y uno de los encargados de elaborar el estudio.

Actualmente, se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre extinción de dominio, un mecanismo que permitiría al estado costarricense apropiarse de bienes obtenidos por terceros mediante actividades ilícitas como narcotráfico, lavado y terrorismo.

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Cemento chino y otros escándalos

Sin embargo, el país “no ha sido inmune a los escándalos embarazosos”, apuntan Simon y Geert Aalbers, socio de Control Risks y el otro responsable del índice.

Dos de esos episodios son el escándalo del cemento chino, durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y el reciente caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en el actual gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).

Según los investigadores, el caso del cemento chino plantea interrogantes sobre la eficiencia de las compras y contrataciones del Gobierno, “áreas críticas para la lucha contra la corrupción”.

“El escándalo es una prueba para Costa Rica, pero también puede figurar como una oportunidad para aumentar la transparencia del gobierno. Lo mismo ocurre con el reciente escándalo de violación de datos de Costa Rica (UPAD), que, sin duda, no se trataba exactamente de corrupción”, agregó Simon.

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El caso del cemento chino comenzó a ser investigado después del 29 de setiembre del 2017, cuando trascendió que el Grupo JCB —propiedad del empresario Juan Carlos Bolaños— le reportó al Banco Popular y al Banco de Costa Rica (BCR) las mismas importaciones de cemento, desde China, a la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero provenientes de líneas de crédito.

El de la UPAD se desató cuando, el 17 de febrero de este 2020, un decreto ejecutivo —publicado en el diario oficial La Gaceta— le daba acceso a “información de carácter confidencial de los ciudadanos” a una oficina adscrita a Casa Presidencial.

Ambos casos están en investigación actualmente.

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En criterio de Simon, estas experiencias suponen una ventana de oportunidad para un cambio positivo en términos de legislación y medidas ejecutivas para mejorar la gobernanza y la transparencia.

Según el índice, los principales retos de Costa Rica en materia de anticorrupción son, por ejemplo, “las malas regulaciones que rigen actividades de cabildeo”.

De hecho, aseguran los investigadores, ese punto condujo a una “ligera baja" en la subcategoría de Democracia e instituciones políticas.

La indagación celebra la actual discusión en el Congreso de un proyecto de ley en ese sentido, que regularía el lobby entre funcionarios públicos y sus familiares.

La iniciativa de ley crearía los mecanismos de publicidad para las reuniones que se gesten entre un grupo de funcionarios públicos y lobistas o defensores de intereses privados.

Además, de que se generaría una agenda pública que registre estas actividades, los gestores de los intereses privados deberán constar en un registro público también.

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Entre las recomendaciones del índice para Costa Rica, se encuentra la creación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha anticorrupción.

Para Francisco García, analista de Control Risks, este tipo de entidades representan un contrapeso a las actividades de investigación y auditoría que el Gobierno hace de oficio.

“En Costa Rica llega a suceder que la clase política pierde asuntos importantes de vista, precisamente, por la fortaleza institucional del país. En casos como ‘el Cementazo’ o, por ejemplo, el escándalo alrededor de los conflictos de interés de la vicepresidenta Epsy Campbell como ministra de Relaciones Exteriores (por nombramientos irregulares en la Cancillería), ha sido valioso tener perspectivas analíticas externas que guíen la rendición de cuentas del gobierno”, aseguró García.

Desafíos de cara a la OCDE

Con el recién aprobado ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vienen más desafíos con respecto al combate de la corrupción, asevera el documento.

Parte de esas tareas pendientes son reformas institucionales en áreas como las adquisiciones del Gobierno y la lucha contra el blanqueo de capitales.

“La nueva legislación sobre responsabilidad civil, que entró en vigor en junio de 2019, se alineó con los esfuerzos de Costa Rica para unirse a la OCDE. La pregunta que sigue es cómo se aplicará una nueva legislación”, reza la investigación.

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El resto de la región

En término generales, el Índice CCC 2020 presenta una imagen preocupante de América Latina.

Según la publicación, con pocas excepciones, la lucha regional anticorrupción viene en caída desde el 2015.

Antes de ese año, denuncias de casos como el de Lava Jato (lavado de dinero) en Brasil, y La Línea (contrabando en aduanas) en Guatemala, habían atenuado levemente la crisis de la corrupción en la región.

Esa distensión, la cual no solo muestra la merma de esfuerzos sino el retroceso de algunos países, es “particularmente preocupante, dado que el covid-19 está creando nuevas oportunidades para cometer actos de corrupción y de administrar fondos de manera fraudulenta”, advierte el informe.

Dicha situación supone un estado de alerta en una región donde, históricamente, la corrupción ha socavado la democracia y la gobernanza, al tiempo que ha contribuido con la violación de los derechos de millones de personas, enfatiza el índice.

Uno de los casos destacados en la edición de este 2020 es el de Brasil, que pese a ocupar el cuarto puesto en el índice porque demuestra credenciales anticorrupción “relativamente sólidas”, arrastra “una de las trayectorias más preocupantes de la región”.

Ese país disminuyó en un 10% su puntaje total en comparación con el 2019, debido al debilitamiento de la Fiscalía y la Policía Federal, expone la investigación.

En tanto, en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de terminar con la corrupción, la situación no ha cambiado mucho en la práctica, reitera el documento.

“De hecho, el país se ha estancado y mantiene una débil capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción”, añade el índice.

Otros dos países donde sigue el estancamiento en relación con el año anterior son Argentina y Colombia, en los puestos seis y siete, respectivamente.

En el caso de Venezuela, que ya estaba en el último lugar del ranquin en el 2019, no solo se mantuvo en el sótano, sino que deterioró su nota en un 11%.

En contraposición, “el caso más positivo” es el de Perú, que superó a Argentina y a Colombia en relación con el año anterior.

Esto fue posible en Perú gracias a avances en capacidad fiscal, Policía, sistema judicial, acciones de la sociedad civil y el impulso de una robusta agenda anticorrupción por parte del presidente Martín Vizcarra, relata la publicación.

Según los creadores del Índice CCC, En lugar de evaluar la percepción de la corrupción o cuantificar el dinero perdido producto de esta, la investigación se basa en “una amplia cantidad de información pública y privada para evaluar el complejo escenario y permitir a los países enfrentar este flagelo de mejor manera".

Su objetivo, insisten los autores, no es avergonzar o señalar a los países, sino fomentar políticas y ayudar a los gobiernos y a las sociedades civil y privada a identificar, “a través de datos y una metodología sólida”, áreas de éxito y deficiencias.