SistMap es una pequeña empresa costarricense que fue fundada por Marcos Sánchez, ingeniero civil, y Dagoberto Barboza, topógrafo.

La compañía se dedica a proveerle a sus clientes la información geoespacial básica para el desarrollo y control de sus proyectos, así como la recolección de datos para la documentación del avance de obras.

Actualmente, la firma usa drones para registrar el trabajo en importantes obras como los trabajos en la ruta 32.

“Nosotros sabíamos desde que salió publicada la regulación, en el 2017, que teníamos un año de plazo para hacer todo el proceso, empezamos a hacer el curso para piloto de dron y una vez que tuvimos la licencia, nos sirvió para saber el proceso que teníamos que llevar a cabo ante Aviación Civil”, afirmó Barboza.

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SistMap es una de las cuatros empresas que están autorizadas ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para efectuar vuelos de estos aparatos con fines comerciales.

El reglamento de la DGAC que delimita las restricciones para volar drones dentro de Costa Rica entró en vigencia el 13 de agosto del 2017.

La normativa establece pautas para la operación de ese tipo de aeronaves con fines recreativos, institucionales y comerciales, así como sanciones para quienes incumplan las disposiciones.

Todos los vuelos –sin ninguna distinción por tratarse de operaciones recreativas, comerciales o institucionales– deben realizarse fuera de aglomeraciones, a una altura no mayor de 120 metros sobre la tierra y a no menos de ocho kilómetros de distancia de un aeropuerto.

Además, las aeronaves que pesen más de 25 kilogramos deben contar con aeronavegabilidad (certificado para operar) y se les asignará una matrícula TI (Tango India, identificador de Costa Rica).

Todas las personas o empresas que quieran utilizar los drones con fin comercial tienen que registrarse ante la DGAC.

Quienes vayan a usar el equipo con fines recreativos no deben registrarse, pero sí es obligatorio que acaten las reglas básica para volar.

El trámite de solicitud del permiso cuesta $1.874, además del monto que cobre la escuela de capacitación por el curso de operación de drones.

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Las personas físicas o jurídicas que estén inscritas como pymes o emprendedores ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) pueden solicitar que se les den tres años para pagar el costo de la certificación.

“Nosotros somos una pyme y podemos hacer el pago en tres años, pero a ese monto se le tienen que sumar gastos como el curso teórico- práctico, las pruebas de vuelo que hace Aviación Civil y preparar toda la documentación que solicitan, esto ronda entre los $5.000 y $6.000, más los $1.800 de la solicitud”, explicó Barboza.

Usos comerciales

Las operaciones con drones destinados a actividades comerciales, solo podrán efectuarse por personas o empresas que cuenten con un certificado de operación y explotación.

El hecho de contar con licencia de piloto de dron, no le faculta para utilizar la aeronave con fines comerciales; para eso debe contar, además, con el Certificado de Operación y Explotación.

Los infractores se exponen a sanciones que van desde los ¢426.200 hasta los ¢8,5 millones (de uno a 20 salarios base), según lo dispone la Ley General de Aviación Civil.

De momento, las cuatro empresas registradas ante la DGAC se dedican a la fotografía aérea, levantamiento de planos y observación; no obstante, otras firmas como Go Pato quieren darle otros usos a estos vehículos.

Los “patos” ya completaron el formulario de inscripción ante la DGAC y esperan a febrero próximo para comenzar operaciones, según indicaron representantes de la firma.

José Navarro, director ejecutivo de Go Pato, afirmó que comenzarán a repartir medicamentos en alianza con farmacias Fischel. Las primeras zonas para comenzar con las entregas por medio del vuelo de drones serían los alrededores de Plaza Roosevelt en Montes de Oca y Cartago.

Para investigación

Dentro de la lista de las empresas autorizadas para volar drones se encuentra el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme) el cual los utiliza para actividades no comerciales.

Para obtener la licencia fue necesario que un grupo de cinco profesionales de Lanamme, fuera acreditado por la Dirección General de Aviación Civil para volar Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) o RPAS –popularmente conocidos como drones– con fines ingenieriles.

“El Lanamme está tratando de mostrar una formalidad en el uso de estos equipos que se han consolidado como herramientas de trabajo técnico y que han permitido profesionalizar más la labor de ingeniería en fiscalización que le corresponde al Laboratorio”, explicó Roy Barrantes, coordinador de la Unidad de Gestión y Evaluación de Lanamme.

Los equipos son utilizados en tareas propias del laboratorio y de la ingeniería, como por ejemplo, la fiscalización de estructuras, carreteras, puentes, deslizamientos, ríos y derrumbes.

“Con la ayuda de estas herramientas podemos evaluar sitios de difícil acceso, como carreteras, puentes, estructuras, cimientos, zonas con peligrosidad en el acceso, como ríos con cocodrilos o derrumbes”, indicó Barrantes.

El funcionario resaltó que la licencia es un complemento a la formación profesional y multidisciplinaria del grupo, además, dijo que con este trabajo Lanamme logrará reducir costos y riesgos, ya que podrá hacer de manera más eficiente trabajos de fiscalización.

El potencial que tiene el uso de los drones es alto. Estudios de la firma PwC revelan que el mercado de los drones tiene un valor de $127.000 millones debido a las diferentes soluciones que ofrecen.

“SistMap nació porque queremos hacer topografía y mapas, con mayor rapidez y calidad. Fue por eso que decidimos utilizar drones en nuestro negocio”, concluyó Barboza.