Tres empresas en busca de una solución para evitar el cierre y otra más declarada en quiebra, mantienen al Juzgado Concursal atestado con centenares de escritos sin resolver y un atraso de más de dos meses para responder una solicitud.

Corporación Yanber, que cerró en el 2018; así como los procesos de salvamento de los almacenes Casa Blanca, el grupo bursátil Aldesa y la constructora Grupo Orosi son los casos que entraban este órgano judicial, a raíz de la complejidad de los problemas financieros, los cientos de acreedores involucrados y los más de $375 millones en deudas sin pagar.

A esos expedientes se debe unir el de TicoFrut que, el pasado 4 de mayo, obtuvo la protección legal que le permitirá negociar la reestructuración de sus pasivos por $166 millones.

Jennifer Arroyo, jueza coordinadora del Juzgado Concursal, explicó que los grupos de interés económicos grandes, conformados por múltiples compañías, y cientos de acreedores involucrados, provocan las actuales dificultades.

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“Cuando emitimos una resolución, podemos recibir 50 recursos contra la medida. Esto ha generado que la cantidad de escritos sin resolver tenga un incremento enorme. El año pasado, en enero, andábamos en unos 100 escritos pendientes, y este año (a abril) ya vamos por 800 sin resolver”, reconoció Arroyo.

La funcionaria enfatizó a La Nación que, cuando se da una resolución preliminar, deben notificar a todos los involucrados, y todas las partes tienen derecho a recurrir, con lo cual el volumen de pendientes se eleva.

El caso de Aldesa es el que más acreedores tiene en el proceso con 306, seguido de Casa Blanca, con 122 partes; Yanber, 96; Grupo Orosi, 50; y TicoFrut, 50.

“Cada uno de estos casos (grandes empresas) tienen hasta más de 100 partes. A cada una de esas partes, por cada gestión hecha en el expediente, se les debe notificar. Cada parte tiene derecho a presentar sus observaciones y dar audiencia”, subrayó Arroyo.

Según las estadísticas de este despacho judicial, a inicios del 2020, para resolver alguna petición tardaban, en promedio, 17 días.

Para este año, los días para dar respuesta a alguna oposición, incidente o medida cautelar se elevó a 69 días.

La dificultad de los casos y la imposibilidad de efectuar audiencias presenciales, a raíz de las medidas sanitarias por la pandemia, afectan la evolución de los expedientes

“Sí hemos detectado una mayor complejidad en el tipo de empresas que ingresan (al Juzgado). Tal vez sin la pandemia, no hubieran iniciado un proceso”, consideró Arroyo.

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El Juzgado Concursal es el único órgano judicial del país especializado en el trámite de quiebras de empresas, convenios preventivos para reestructurar las deudas de una compañía e intervenciones judiciales.

Además lleva casos de personas incapaces de hacer frente a sus deudas que se someten a un concurso civil de acreedores, proceso en el cual se declara al individuo en insolvencia por su alto endeudamiento.

Hasta abril pasado, este órgano tenía un total de 477 casos de personas y empresas en problemas financieros, es decir, un incremento del 23% comparado con los 389 casos, según las estadísticas del Poder Judicial.

Del total de expedientes en dicho órgano, el juez Simón Bogantes tiene asignados 249; mientras que la jueza Arroyo, los restantes 228 casos.

Empresas en problemas

La información estadística del Juzgado Concursal muestra que, casi la mitad de la totalidad de los casos son de compañías en dificultades.

Hasta abril anterior, dicho órgano judicial tenía 197 casos de empresas en problemas, la mayoría de los procesos son de quiebra, con 162 casos. Mientras que hay 23 convenios preventivos.

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El caso de bancarrota más conocido es el de Yanber. Este ingresó a la vía judicial como un convenio preventivo, en el 2015. Sin embargo, tres años después la empresa fue declarada en bancarrota.

El dueño original de la empresa, Samuel Yankelewitz, la entregó a los acreedores como forma de saldar los $70 millones adeudados. Él y otras seis personas son investigados por posible estafa.

Desde la declaratoria de quiebra, el curador Miguel Villegas es el encargado de responder ante el Juzgado Concursal sobre el proceso de liquidación de la compañía.

Villegas reconoció que la cantidad de partes involucradas en el proceso ha complicado los avances para liquidar los pasivos pendientes.

Entre los acreedores de la empresa industrial hay extrabajadores, bancos y proveedores. En total, son 96 las empresas y personas en espera de pagos.

“Hay muchos actores involucrados. Entonces, en un solo día, pueden entrar 30 o 50 escritos sobre el caso. Estos se van resolviendo conforme los jueces tengan posibilidad”, explicó el curador.

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De los convenios preventivos, el expediente más relevante es el de Aldesa. En el proceso para intentar salvar la empresa hay 44 sociedades, 306 acreedores y una deuda de $222 millones.

La coordinadora del Juzgado Concursal afirmó, en un oficio enviado al Consejo Superior, que este caso es uno de los responsables de la cantidad de escritos acumulados en espera de respuesta.

“El ingreso de gestiones mensuales para el expediente (de Aldesa) es tres veces el circulante normal de ingreso de escritos que posee el Juzgado para todos los demás casos, es decir, solo este expediente ha triplicado la cantidad de trabajo”, destacó Arroyo en su oficio.

Por su parte, Casa Blanca tiene cuatro años bajo un proceso de convenio preventivo, lo cual la protege de embargos y la exime de efectuar pagos.

La compañía sigue en marcha y mantiene $61,5 millones en deudas, a 112 acreedores entre bancos públicos y privados; proveedores y acreedores financieros, que invirtieron en la empresa.

“Todos los pagos existentes están suspendidos para darle aire a la empresa e ir recuperando las finanzas”, detalló Enrique Fernández, curador del caso.

En el caso de Grupo Orosi, el proceso aún está en la etapa de la legalización de créditos por parte de 50 acreedores, a los cuales la compañía adeuda $22,7 millones, confirmó Sergio Artavia, abogado de la compañía.

La compañía acudió a la vía judicial, en el 2019, para enfrentar sus dificultades financieras bajo la figura de reorganización por intervención judicial. Sin embargo, el año pasado, el proceso se transformó en un convenio preventivo.

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“La empresa está activa. Tiene contratos en ejecución con instituciones públicas y estamos a la espera de una solicitud de remoción del curador por inopia, pues él pidió la quiebra, a lo cual nos oponemos”, dijo Artavia.

El jurista enfatizó que la empresa, durante el primer año del proceso, pagó muchas de sus deudas con proveedores y trabajadores. Hace dos años atrás, el pasivo rondaba los $40 millones.

El Juzgado será el encargado de determinar si el caso continúa, mediante la readecuación de las deudas, o si se liquida la empresa.

Antes de acudir a la vía judicial, el Banco de Costa Rica remató varias garantías de la empresa para saldar pendientes por ¢4.000 millones.