El Juzgado Concursal de San José declaró abierto el convenio preventivo presentado por la empresa TicoFrut para reestructurar su deuda de casi $166 millones.
La resolución, firmada por el juez Simón Bogantes, se tomó este martes 4 de mayo e implica una protección judicial, pues se suspende la obligación de la empresa agrícola para pagar a sus acreedores y estos no podrán efectuar ningún remate o cobro.
“Al tenor de lo dispuesto por el artículo 746 del Código Procesal Civil, se declara abierto el convenio preventivo de Ticofrut S.A. (…) se ordena expedir atento oficio a Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, a fin de que proceda a nombrar un curador específico para este proceso”, se detalla en la resolución de 40 páginas, de la cual tiene copia La Nación.
El Juzgado otorgó un plazo de 15 días a las personas y empresas acreedoras, domiciliadas en Costa Rica, para legalizar sus créditos.
Mientras que las entidades financieras extranjeras tendrán un periodo de dos meses.
Sergio Artavia, abogado de la empresa agrícola, confirmó la decisión del Juzgado, así como las medidas de protección a la compañía.
Además, dijo que los acreedores de la compañía son alrededor de 50, entre personas físicas y jurídicas.
TicoFrut presentó, el pasado 11 de marzo, la solicitud de un convenio preventivo para hacerle frente a su situación financiera.
El objetivo es la reestructuración de la deuda ($165,9 millones), en un plazo de 18 años, manteniendo en operación la compañía que brinda empleo a más de 3.000 personas.
La firma propone un periodo de gracia de dos años, en el 2021 y 2022, e iniciar la cancelación paulatina a 10 bancos y dos acreedores no financieros, a partir del 2023.
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Los principales acreedores de la compañía son entidades financieras, a las cuales se les adeuda $112,9 millones, se detalla en el documento presentado por TicoFrut ante el Juzgado Concursal.
El Banco de Costa Rica (BCR) es la institución que más recursos prestó a la compañía, con un saldo de $34,3 millones, al momento en que se pidió la apertura del convenio preventivo.
Con acreedores no bancarios, la firma agrícola posee una deuda de $53 millones. Todo el pasivo de la empresa tiene garantía real, según el documento en poder de este diario.
En el proceso judicial se incluyó a la principal empresa y a 17 compañías más que constituyen el Grupo TicoFrut.
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Siguientes acciones
El abogado de TicoFrut explicó que con la decisión del Juzgado Concursal no se podrá iniciar ningún proceso de cobro, por parte de ningún acreedor, contra las empresas del grupo económico.
“No se puede hacer ningún remate judicial, o extrajudicial, de ningún bien contra la empresa o las compañías afiliadas”, recalcó Artavia.
La compañía se mantiene en marcha, con lo cual los trabajadores pueden continuar con sus labores, y la firma debe realizar el pago de sus salarios.
“Tampoco se podrá iniciar ningún proceso de quiebra contra TicoFrut o requerirles algún pago. Así como imponer alguna multa, sanción o cláusula penal desde este momento y mientras dure el convenio preventivo”, detalló el abogado.
Las entidades financieras también quedan inhibidas para ejecutar fideicomisos de garantía, pues todos los bienes de la compañía quedan protegidos a raíz de la decisión judicial.
Una vez legalizados los créditos, por parte de los acreedores, el curador designado por el Poder Judicial deberá emitir un criterio sobre el plan de reestructuración de las deudas de TicoFrut y sobre la situación económica de la empresa.
Pasado este proceso es cuando se nombra la junta de acreedores para decidir si acepta o rechaza el plan remedial de la compañía agrícola.
En cada una de estas etapas, las partes pueden presentar escritos ante el Juzgado en caso de estar en desacuerdo.
TicoFrut es una empresa agrícola cuya principal operación es en la Zona Norte de Costa Rica con el cultivo de naranjas.
Precisamente, la caída en la demanda de concentrado de esta fruta, entre el 2011 y el 2019, afectó los ingresos de la empresa. Además, el precio del jugo concentrado de naranja se desplomó.
La compañía también enfrentó tareas de control de la plaga del Dragón Amarillo, en especial, y de otros males, que la obligaron a destinar al menos $7 millones anuales.