Ministerio de Cultura acepta parálisis en las coproducciones artísticas

Esta revelación fue hecha por la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y la director del Teatro Popular Melico Salazar, Liubov Ramírez Otto, en una carta (oficio MCJ-DM-1449-2023) que pretende aclarar las inquietudes planteadas por seis agrupaciones y proyectos del sector teatral costarricense.

Se trata de la respuesta a una misiva, enviada el 8 de setiembre, en que los grupos Abya Yala, Crisol, Impromptu, Raíz, Yunta Arte Escénico y el Proyecto “El Representante” solicitaron información a las autoridades de Cultura ante el silencio y la falta de información acerca de los resultados del concurso de proyectos escénicos en coproducción de la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

Además, externaron su preocupación por la disminución de actividades presentadas en espacios escénicos del Ministerio y la falta de actividad en los teatros administrados por la CNT -1887 y Teatro de la Aduana Alberto Cañas-.

“Atendiendo otras inquietudes, es preciso aclarar que la limitación de desarrollar coproducciones no es exclusiva de la Compañía Nacional de Teatro y ha afectado a todas las instituciones del Ministerio de Cultura y Juventud a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública”, expresó el documento enviado este viernes y del cual La Nación tiene una copia.

Asimismo, se detalla que la “Dirección de Compras Públicas (del Ministerio de Hacienda) no reconoce la figura de las coproducciones artísticas que desarrolla esta cartera ministerial e indica debe ser sujeta de contratación administrativa”.

Incluso, se aclara que se está pidiendo a la comisión de abogados de Cultura “la elaboración de un nuevo criterio para continuar con las gestiones ante la Autoridad de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda”.

Hacienda contradice a Cultura

Ante la consulta de La Nación, el Ministerio de Hacienda aseguró que no es cierto que la Dirección de Contratación Pública no reconozca las contrataciones de coproducción.

“Ante el cambio normativo acontecido a partir del 1.° de diciembre de 2022 con la derogatoria de la Ley 7494 y la puesta en vigor de la Ley N.° 9986, se advierte que no puede continuarse dando el mismo tratamiento que recibían, producto de las derogatorias acontecidas y, por ende, de promoverse este tipo de contrataciones”, explicó la noche del viernes Yesenia Ledezma Rodríguez, directora de Contratación Pública.

Además, agregó: “Deberá acatarse en lo conducente, las disposiciones de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) en estricto apego al principio de legalidad que cobija la contratación desplegada por el Ministerio de Cultura y Juventud y sus adscritas”.

Hacienda explica que el reglamento de las coproducciones del Ministerio de Cultura, publicado en el Decreto Ejecutivo N.° 30451-C del 9 de abril del 2002, se fundamentaba en el artículo 55 de Ley N.° 7494, que fue derogada, y demás normativa vigente al momento de su promulgación.

Es decir, se debe cambiar la forma de contratar las coproducciones en el marco de la nueva ley. “Se dispone de una nueva legislación que resulta de acatamiento obligatorio para todas las entidades contratantes cubiertas por su alcance, la cual brinda un tratamiento diferente a como lo hacía la anterior Ley N.° 7494, y no es que no se reconozca la figura de la coproducción, sino que la forma en la que se contrata debe ahora realizarse atendiendo la ley vigente que regula la materia”, precisó la directora.

Este tema está en conocimiento de Hacienda desde el 22 de febrero. Desde entonces, afirmó Ledezma Rodríguez, “se le ha indicado al Ministerio de Cultura que las coproducciones son viables bajo la nueva LGCP, que incluyen nuevos procedimientos que deben respetarse”.

El viernes a la 1:50 p. m. se le envió una serie de consultas sobre esta problemática a la Unidad de Comunicación de Cultura; hubo acuse de recibo, mas no respuesta a las preguntas realizadas.

Sin respuesta a un concurso realizado el año pasado

Debido a todo lo anterior, la CNT no ha anunciado los proyectos seleccionados o ganadores para hacer coproducciones con este ente estatal, cuya convocatoria pública se realizó a finales del año pasado.

En diciembre del 2022, la propia Liubov Ramírez, entonces directora de la CNT, les expresó a los participantes que había problemas con las coproducciones al entrar en vigor la Ley de Contratación Pública.

Entonces, les dijo: “En razón de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Pública, se ha generado incertidumbre respecto de la vigencia del Reglamento de Coproducciones del MCJ que servía de marco regulatorio de estas figuras colaborativas; les informo, además, que se están realizando las consultas y acciones necesarias para superar tal situación, ante las instancias correspondientes; lo cual se espera dé resultados positivos en el menor tiempo posible”.

El menor tiempo posible se convirtió en meses de incomunicación. Ante tal silencio, las agrupaciones independientes hicieron una nueva consulta en julio y Ramírez Otto, ya en ese momento director del Melico Salazar, les escribió que trasladaría la solicitud a “las autoridades correspondientes, en espera de poder brindarles pronta y formal respuesta”.

Luego de esto, hubo un nuevo silencio de dos meses hasta la nueva carta de los grupos y la respuesta mencionada de la ministra y Ramírez Otto. La CNT ha tenido dos jerarcas en lo que va de la administración actual y lleva cuatro meses sin dirección nombrada; el último director duró pocas semanas en el cargo.

¿Cómo afecta esta parálisis a los costarricenses?

Sin duda, los gremios más afectados por esta parálisis son los del teatro, la danza y la música.

Actualmente, diferentes movimientos e iniciativas del sector teatral están levantando la voz para manifestar su molestia e incertidumbre ante este panorama, solicitar transparencia e información al Ministerio de Cultura y sus instituciones, así como alertar sobre la disminución drástica de las presentaciones en los escenarios estatales, según se desprende de declaraciones del director David Korish, de la actriz y profesora Andrea Gómez, de la actriz Natalia Regidor y del representante de la Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional, Edder Alvarado.

Las coproducciones son un apoyo fundamental para diversas agrupaciones y proyectos independientes o privados que se apoyan en la infraestructura teatral, personal técnico, vestuario, logística o utilería de las instituciones públicas para desarrollar espectáculos escénicos que luego llegan a los escenarios.

La pandemia de covid-19 afectó drásticamente el sector de artes escénicas, pues se suspendieron las actividades que les generaban ingresos y empleo. Desde entonces, el gremio promovió una Ley de Emergencia y Salvamento Cultural, firmada el 14 de octubre del 2021, que asegura fondos especiales para artistas. Empero, persisten problemas de financiamiento para producciones, atracción de públicos y, especialmente, acceso a escenarios en los cuales presentarse.

Es por ello que las agrupaciones apelan a coproducciones con el Estado, que cuenta con escenarios adecuados para presentaciones escénicas y de otra índole.

La excepción hasta agosto: el Teatro Nacional

Una excepción entre las instituciones afectadas por esta parálisis ha sido el Teatro Nacional, que pudo desarrollar su programación artística, la cual incluye coproducciones, hasta el mes de agosto debido a un criterio de la Oficina Jurídica del Teatro Nacional que establece que las coproducciones son convenios, no contratos, y son competencias consignadas dentro Ley N.° 8290 del Teatro Nacional para cumplir sus fines establecidos.

Sin embargo, a partir de este mes, la institución ya tiene impedimento para gestionar nuevos convenios de coproducción debido a la divergencia de criterios entre Hacienda y Cultura, según informó la directora del Teatro Nacional, Karina Salguero.