Escuchar
Un tres leches y un refresco habrían bastado para que una policía de la Fuerza Pública de Bribrí, en Talamanca, le filtrara ubicaciones de retenes a una presunta banda contrabandista de licor.
La oficial, de 42 años, es una de cinco policías investigados dentro del expediente 19-000006-621-PE, por presuntamente colaborar con una banda llamada Los Pichuditos, conformada por nueve personas quienes, según el Ministerio Público, compraban licor en los establecimientos duty free, es decir, exentos de impuestos, ubicados en la margen del río Sixaola, en Panamá, para introducirlos sin declarar a Costa Rica y distribuirlos en locales comerciales.
Para evitar ser capturados, los supuestos contrabandistas ofrecían sobornos a oficiales de diferentes delegaciones policiales en la provincia de Limón.
La acusación indica que, al parecer, a las 11:10 a. m. del 1.° de agosto del 2019, uno de los miembros de la banda, de apellido Jiménez, contactó a la oficial de Bribrí a su teléfono celular y “le ofreció una dádiva en su calidad de funcionaria pública, la cual consistió en un tres leches y un refresco, esto con la finalidad de que hiciera un acto contrario a sus deberes, específicamente brindar información esencial sobre los operativos y vigilancias que realizaban los diferentes cuerpos policiales en la zona”.
LEA MÁS: Policías decomisan 5.000 cervezas que entraron de contrabando por Panamá
La imputada, quien es policía desde el 2011, se habría aprovechado “del ejercicio de sus funciones como oficial del Fuerza Púbica, destacada en la Delegación Distrital de Bribrí del Ministerio de Seguridad Pública, con total desprecio al deber de probidad, aceptó la promesa de la dádiva ofrecida por el acusado Jiménez y brindó información sobre los operativos que se ejecutaban en la zona de Limón”, detalla el expediente.
Jiménez también habría sobornado por ¢20.000 a una oficial de la Fuerza Pública de Cahuita de apellido Hernández, quien al parecer omitió reportar a sus superiores un vehículo que transportaba el licor de contrabando. En apariencia, el 4 de agosto del 2019, Jiménez la llamó por teléfono y le indicó: “apunte mi amor: veinte mil, ¿cuándo pasa por eso?” La oficial le habría dicho que iba a pasar por el dinero al día siguiente, a lo que él respondió: “ahí está la plata suya ya”.
Ocho días después, un oficial de Fuerza Pública de apellido Solís, de la Delegación Distrital de Valle La Estrella, habría aceptado una dádiva de ¢10.000 para dejar pasar a Jiménez en un vehículo con el producto.
Similar procedimiento siguió el hermano de Jiménez, quien también es imputado, con los oficiales de apellidos Jiménez y Corrales. Este último incluso avisó a un contrabandista que evitara una zona en la que había un oficial de Fronteras y otro del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
La Fiscalía asegura que la operación se les facilitaba porque uno de los hermanos Jiménez tenía una casa cerca de Sixaola, en el lado costarricense, la cual era aprovechada para almacenar las botellas que luego eran enviadas a bodegas en Limón y Alajuela.
Grupo ‘tenía la policía comprada’
La banda también contaba con dos hombres, apellidados Soto y Vásquez, quienes supuestamente recibían y distribuían el alcohol a través de sus locales comerciales. Los otros acusados son de apellidos Sandoval (hermano del presunto líder), Al Yasir, Sequeira y Ortega.
La investigación también mencionó a un “gran proveedor” del licor en Panamá, solamente identificado como Paco Ávila, quien era encargado de un local que la banda denominó “el almacén” y quien además les habría otorgado créditos de hasta $30.000.
En una conversación telefónica del 22 de agosto del 2019, el cabecilla, de apellido Sandoval, le habría dicho a Ávila que “ya no le daba miedo” transitar por Limón porque “tenía toda la policía comprada”.
El grupo fue desmantelado el 22 de setiembre del 2020, día en que 31 personas fueron detenidas en 12 allanamientos en cinco casas y una bodega ubicadas en Limón, y en tres viviendas, dos licoreras y dos bodegas en Alajuela. Los operativos fueron dirigidos por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual.
Los oficiales fueron acusados por supuesto cohecho propio, penado con prisión de tres a ocho años y con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de diez a 15 años; así como por asociación ilícita, reprimida con prisión de uno a seis años.
Por su parte, a los miembros de Los Pichuditos, liderados por Sandoval, se les atribuye el presunto delito de contrabando agravado, castigado con penas de entre cinco y 15 años de prisión, según la Ley General de Aduanas; además de asociación ilícita.
El Ministerio Público concluyó que “este grupo de delincuencia organizada, contaba con una estructura establecida y bien definida, que le permitió operar como si fuera una empresa, en la que se crearon roles y funciones”. Presuntamente, la organización calculaba presupuestos y elaboró una red logística que incluía el pago de combustibles, insumo de los vehículos, así como las dádivas a los oficiales de Fuerza Pública.
Otras 21 personas aún aparecen como imputadas, pero la Fiscalía solicitó un sobreseimiento definitivo en su favor, el cual aún no ha sido resuelto por el Juzgado Penal de Hacienda, en los Tribunales de Goicoechea. Allí, la causa está a la espera de señalamiento de audiencia preliminar y de resolver una actividad procesal defectuosa por posible vulneración a los derechos de los sospechosos, según afirmó a La Nación el abogado de tres acusados, Gonzalo Campos.
