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Seis meses después de que el Ministerio de Justicia comenzó a utilizar tobilleras electrónicas para vigilancia, como medida alternativa a prisión para personas con sentencias menores, la misma entidad urge a llenar vacíos legales.
El viceministro de Justicia, Marco Feoli, cree que se debe mejorar el sistema de seguimientos y también brindar mayor competencia al Instituto Nacional de Criminología, del Ministerio de Justicia.
Entre otros cambios, se pretende remitir a los jueces informes de cada caso para que tengan mejores criterios sobre las personas que podrían recibir el dispositivo electrónico.
Según Feoli, desde octubre del 2016, cuando las tobilleras no habían salido a la calle, se presentó a la Asamblea Legislativa el expediente 20.130, con el que se busca mejorar ese mecanismo de vigilancia. Sin embargo, en la práctica se han revelado nuevas situaciones que hacen todavía más urgentes esas modificaciones.
El viceministro indicó que, más allá de carencias técnicas, el programa tiene falencias legales y errores de concepto. Por ejemplo, se confunde el arresto domiciliario con el seguimiento electrónico.
La ley no establece la obligación de los jueces de fijar cómo se impone la vigilancia electrónica y ni siquiera define qué se entiende por esa vigilancia.
Ante esto, el Ministerio de Justicia tuvo que hacer un reglamento para contemplar qué hacer ante ciertas condiciones.
“Encontramos casos de personas a las que se les ordenaba un arresto domiciliario por cinco años y parecía que tenían que estar encerradas en sus casas 24 horas. Eso generaría un caos familiar y social tremendo”, dijo Feoli.
Ampliar rango
La legislación vigente en casos de sentencias condenatorias prevé el uso de tobilleras para personas con penas de seis años o menos, pero, para Feoli, no puede haber un único criterio a considerar.
Similar criterio tiene el juez de ejecución de la pena, Roy Murillo Rodríguez, para quien ni siquiera debería haber límites por tipo de delito, sino ver cada caso uno de los casos en particular.
Feoli mencionó también circunstancias socioeconómicas y citó el ejemplo de un muchacho de 18 años, con problema de adicción, a quien los jueces le dictaron monitoreo electrónico y arresto domiciliario.
La ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, tuvo que ayudarlo a alquilar cuarto porque no tenía dónde vivir y no le quedó otra salida que solicitar a Adaptación Social que lo mandara de nuevo a la cárcel, pero no puede ser sin orden de un juez.
Al joven le consiguieron un trabajo en Pérez Zeledón y una familia le ayudó con el domicilio, se le monitorea y hasta ahora ha cumplido a cabalidad.
“A veces no es que la persona no quiera cumplir, simplemente es que no tiene condiciones”, explicó Feoli.
El proyecto de ley propone valorar otros factores, como la personalidad del sentenciado, su comportamiento, la gravedad del hecho cometido, la conducta posterior y su disposición a reparar el daño.
“Es falso que busquemos aplicar tobilleras a personas peligrosas. Más bien se fijan criterios que favorecen la reparación del daño, sin desistir de la coerción”, alegó.
Sin dejar de considerar las tobilleras, Feoli afirmó que, conforme avance la tecnología se podrá acudir a relojes con radiofrecuencias beepers u otros dispositivos para vigilancia.
No revictimizar
El nuevo proyecto insiste en buscar aparatos que no estigmaticen.
“Esto es como que pongamos a una persona esposada a caminar por la calle, eso genera cierta alarma pues se le asocia con alguien peligroso”, indicó Feoli, al señalar que mecanismos muy visibles atentan contra el proceso de reinserción social.
Recordó que los usuarios de esos aparatos han recibido penas de seis años o menos.
Solo en casos de personas con medidas cautelares, es decir, a la espera de un juicio, se les aplica sin tomar en cuenta el delito cometido, porque la ley así lo permite, mientras llega la sentencia definitiva.
Feoli afirmó que en esos casos, la tobillera ayuda a vigilar que la persona no se fugue o que atente contra la víctima.
“El mecanismo electrónico actúa en este caso como una medida de protección a la persona ofendida, ya que el agresor tiene derecho a estar libre mientras no se le comprueben los cargos y, solo en casos calificados, se les deja presos antes de comprobar su culpabilidad”, añadió
El costo de poner en marcha este nuevo sistema fue de unos ¢800 millones.
Ya hay 321 personas que andan tobilleras y se han registrado 25 casos de incumplimientos; en al menos 10 ocasiones, el Juzgado revocó el beneficio.
Lo anterior por incumplimientos injustificados, como cuando un individuo intentó huir hacia Panamá.
No solo cárcel
“Un país que tenga 14.000 personas privadas de libertad tiene que revisarse. Somos el cuarto país de América Latina con más población penal”, manifestó Feoli.
Dijo que la cárcel no tiene que ser la única solución. “Muchas veces el encierro contamina a personas que salen peor y llegan a ser de más riesgo”.
Roy Murillo, juez de Ejecución de la Pena: ‘no se justifica la casa por cárcel’
¿Qué le hace falta a la ley sobre uso de tobilleras?
Urge un informe interdisciplinario sobre la persona a la que se le brinda el beneficio. Es esencial porque así es como los jueces deducen si se trata de alguien peligroso.
¿Qué más?
Hay una disfunción porque, aunque se trata de un beneficio, hay personas con tobillera a las que se les deja encerradas, sin permisos de salir. Si se trata de personas que no son peligrosas, no se justifica la casa por cárcel.
Como juez, ¿qué esperaría del informe?
Que se nos diga quiénes son esas personas, cuáles son sus vulnerabilidades, por qué se vio involucrada en ese hecho delictivo y qué ha pasado después de que lo cometió.
¿Qué perfil tienen los beneficiarios de tobilleras?
En su mayoría vienen de hogares de pobreza extrema, con oficios informales, sin educación o con escolaridad inconclusa y de condiciones muy adversas.
¿Eso afecta el proyecto?
Hubo un usuario que no tenía ni siquiera electricidad para cargar las baterías del dispositivo y, al quedarse sin señal, se expone a que se le revoque el beneficio.
En estos seis meses ¿qué otra experiencia ha visto?
La tecnología debería usarse para que cumplan su condena bajo el control del mecanismo, pero que se reincorporen a la sociedad, que puedan ir al trabajo o lugar de estudio porque si no, la gente empieza a enloquecer entre cuatro paredes. La abuela no entiende por qué el nieto está ahí, haciendo nada y no aporta a una casa donde la plata no alcanza.
¿Se da esa limitación?
Claro. Recientemente, Manuel Delgado, jefe de la Unidad de Vigilancia Electrónica, me llamó para gestionar un permiso provisional a un usuario de tobillera, pero la ley no me autoriza. Es un trámite que dura como una semana y a veces ellos pierden empleos por eso.
