Bancos, empresas, entidades públicas, centros comerciales y condominios que tienen oficiales de seguridad privada, podrán seguir contando con ese servicio pero sin el uso de armas de fuego debido a una nueva directriz del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
El pasado 26 de junio, el ministro de esa cartera, Gustavo Mata, firmó el documento 2016-132-MSP, que limita esa portación en los servicios de vigilancia privada.
El acuerdo establece que las únicas firmas autorizadas para usar el armamento son las de custodia y transporte de valores, de mercancías, así como los guardaespaldas.
Sin embargo, las personas físicas o jurídicas interesadas en seguir brindando servicios con armas de fuego deberán presentar un estudio técnico para justificar sus razones, elaborado por un criminólogo. La Dirección de Servicios de Seguridad Privada decidirá si lo avala.
De acuerdo con Mata, esta disposición se da a raíz del descontrol que hubo por muchos años con este tipo de empresas.
Por ejemplo, en los argumentos de la nueva directriz se cita que, al 31 de mayo de 2016, están registradas 30.292 armas de fuego, de las cuales hay 7.070 que no se saben dónde están porque pertenecen a 715 empresas que se disolvieron o trabajan en la informalidad.
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“Bancos, hospitales o malls no requieren oficiales armados. Vea lo que pasó en el banco de Monteverde (asalto en el 2005 en el que murieron nueve personas), ahí pasó lo que pasó porque el agente de seguridad ve llegar a los asaltantes, les empieza a disparar y los asaltantes hacen una matazón producto del enfrentamiento.
”Si alguien no les hubiera disparado, entran al banco, se roban lo que tienen que robar y se van. Está por encima la vida de las personas”, expresó el jerarca de Seguridad.
Añadió que, además, muchas de esas pistolas, revólveres y escopetas, están siendo robadas por los delincuentes.
El documento agrega que el acuerdo rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Se espera que eso suceda en el transcurso de esta semana.
Quienes deseen realizar un estudio que acredite la necesidad de tener vigilancia privada armada deberán presentarlo en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la norma.
A favor y en contra. Eric Koberg, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), comentó que están a favor del acuerdo del MSP ya que consideran que ha habido mucha libertad en algunas empresas que contratan oficiales con armas de grueso calibre y los exponen a que más bien sean asaltados.
“En la Asociación creemos que hay otros medios para asegurar ciertos lugares y que no requieren armas letales. Hay mecanismo electrónicos de alarma, armas no letales y medidas preventivas”, arguyó Koberg.
Una posición distinta tiene la Asociación Costarricense de Guardas y Vigilantes de Seguridad Privada, la cual se opone a este plan, indicó su representante Rafael Rodríguez.
“Vamos a tener a un vigilante sin el medio adecuado, vamos a poner a expensas de la delincuencia a los guardas de seguridad. Si con esta circular se comete un hecho delictivo y el guarda estaba desarmado, el Estado va a asumir esa responsabilidad”, reprochó Rodríguez.
El ministro de Seguridad explicó que no le están limitando a la ciudadanía el uso de armas, para casos de legítima defensa, sino que están regulando solamente a las empresas de seguridad.