La ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, asegura que revelar la cifra de los reos que se encuentran hacinados en los ámbitos de las cárceles pone en riesgo la seguridad nacional.
Así lo expresó en un documento que entregó a los magistrados de la Sala Constitucional, el jueves anterior, en el que informa sobre las razones por las cuales negó dicha estadística al diario La Nación .
“Resultaría lesivo al interés público y a los deberes de la función pública detallar públicamente información que pueda arriesgar la seguridad interna de cada centro penitenciario y que como consecuencia del uso que pueda darse a dicha información tanto por personas externas como por las propias personas que se encuentran en reclusión, pondría en serio riesgo al seguridad nacional”, detalló Ramírez en el escrito.
Esa respuesta se origina por un recurso de amparo interpuesto por el periodista de este diario, David Delgado, el 22 de enero, contra la ministra Cristina Ramírez y su asesor de prensa, Steven Ramírez, en el que se reclamó que el rechazo vulnera el derecho a la información.
Según consta en el expediente N.° 15-000909-0007-CO, el periodista manifiesta que desde el 15 de diciembre del 2014 solicitó al Ministerio de Justicia el cuadro de población de todos los centros penitenciarios, desglosado por ámbitos, donde se indila capacidad y población real de cada espacio.
Sin embargo, cuando le respondieron el 9 de enero del 2015, solamente indicaron los datos generales de sobrepoblación para cada cárcel.
Delgado argumentó que el Ministerio incurrió en una omisión al negar el detalle de hacinamiento en cada uno de los ámbitos, lo que, a su criterio, constituye un encubrimiento de la trágica realidad de los centros, donde ocurren constantes violaciones a los derechos humanos de los reclusos.
Según explicó el reportero, no se trata de detallar únicamente cuánta población existe en cada cárcel como le contestaron, sino que la petición parte de un desglose por cada uno de los ámbitos que conforman una prisión para conocer en detalle cuáles son los espacios donde existe mayor sobrepoblación.
En la interposición del amparo, se argumenta que el derecho de acceso a la información es un mecanismo para controlar la función administrativa de los entes públicos, en este caso, para fiscalizar si en los centros penitenciarios se respetan los derechos humanos de los reos, por lo que sin una adecuada información no puede existir un control de los ciudadanos.
Secreto. Si bien la ministra Cristina Ramírez manifestó que reconoce la relevancia que tiene el derecho de acceso a la información pública en un sistema democrático, para ella nunca se ha dejado de brindar la información solicitada porque se le indicó al periodista cuál era la población hacinada al 6 de enero del 2015.
En ese caso, de la respuesta se desprende que en 13 cárceles hay 13.648 reos, pero la capacidad real es de 9.777, por lo que están hacinados 3.871; es decir, el 39,5%.
Ramírez aseguró que el acceso a la información pública no es absoluto y tiene su límite en la protección de la seguridad nacional y el orden público.
“Toda regla tiene su excepción, la denegatoria se permite cuando sea información confidencial que comprometa la contraparte o confiera un privilegio indebido para dañar ilegítimamente a la Administración dentro o fuera del expediente”, señaló Ramírez.
De hecho, la jerarca señaló que los datos requeridos por el periodista constituyen “información sensible”en razón de ser atinentes a la seguridad interna de las cárceles.
A pesar de que se intentó consultar a la ministra Ramírez por cuáles razones divulgar esa información pondría en riesgo la seguridad del país, su asesor, Steven Ramírez, dijo vía telefónica el viernes, hacia las 5 p. m., que ella no se refería al tema hasta que los magistrados resolvieran el recurso.
Actualmente, en la cárcel de San Sebastián hay capacidad para 664 reos, pero tienen 1.125 (69,4% de hacinamiento).
De acuerdo con los datos suministrados, tres de sus siete ámbitos superan el 100% de la ocupación.
