Ladrones de combustible utilizan técnica traída de Colombia para perforar poliducto de Recope

El “ceguetazo” era la estrategia más frecuente para cortar la tubería, operación en la que el ladrón corría el riesgo de que el combustible saliera a tal presión que lo golpeara, le sacara un ojo o incluso lo matara.

En la actualidad, el presidente ejecutivo de Recope, Juan Manuel Quesada, explicó que la extracción de combustible se ha vuelto cada vez más especializada, con técnicas importadas del extranjero, para robar en mayores cantidades y en el menor tiempo posible.

En entrevista con La Nación, Quesada explicó que la técnica más sofisticada que han descubierto fue importada desde Colombia y aunque sigue teniendo riesgos, evidencia la evolución de los delincuentes, convertidos ahora en grupos criminales organizados, muchos de ellos vinculados con el narcotráfico.

Esa técnica, explicó un especialista de Recope, cuya identidad se reserva por seguridad, consiste en cubrir una parte del poliducto con llanta o neumático y, encima, instalar un anillo o “camisa” de una cuarta de ancho, que es fabricado en plástico, metal o concreto, lo suficientemente fuerte y grueso para que soporte la presión del combustible.

Ese anillo tiene soldados dos tubos más pequeños en forma de T. Desde el primero entra la broca que perfora el poliducto y el segundo conecta con la manguera y con una llave de paso para controlar la salida de combustible sin grandes derrames.

Además, utilizan una manguera de alta presión que cuesta ¢19.000 el metro, lo que evidencia que ahora operan grupos con suficiente poder adquisitivo para invertir en productos caros y de seguridad. A modo de ejemplo, si del poliducto sale una de estas mangueras y avanza apenas 100 metros a una propiedad privada, la inversión solo en este componente es de ¢1,9 millones.

Según los datos suministrados, hasta el 13 de octubre anterior, Recope reporta 140 tomas ilegales descubiertas, el equivalente a un hallazgo cada dos días. Además, apenas faltan 16 descubrimientos más para alcanzar las cifras totales del 2022, cuando se reportaron 156 tomas ilegales.

En el 2022 la pérdida fue de 2.828 metros cúbicos (m³) de combustibles y este año la cifra ya supera los 4.808 m³ y la preferencia de los ladrones es el diésel y los combustibles para avión, pues mucho se usan para el trasiego de drogas. En promedio, la pérdida anual, desde hace cinco años, ronda los ¢2.000 millones, que representan el 0,1% de las ventas que realiza Recope.

“Si bien es un porcentaje pequeño como vemos, la suma puede ser significativa. (...) Por dicha, no se equipara a los niveles de robo de combustibles que se dan en otros países de la región, como México y Colombia, donde también el producto lo transportan por poliducto, igual que nosotros. Las pérdidas de ellos llegan a representar el 30% en México, y por eso es que este tema se ha hasta militarizado en esos países, porque está el tema de bandas de narcotráfico y todo detrás de esto.

Grupos con responsabilidades específicas

De acuerdo con Juan Manuel Quesada, el país evolucionó del robo hormiga a los grupos organizados desde 1996, cuando los delincuentes identificaron cuán lucrativa podía ser esta actividad.

No obstante, en años más recientes, Recope ha identificado cinco estructuras de crimen organizado que están mucho mejor preparadas, tienen recursos para invertir y tienen muy bien delimitadas las asignaciones.

Por ejemplo, existen equipos especializados en perforar túneles y tuberías. Otros se encargan del robo, que ocurre, por lo general, en la noche y madrugada, incluso en sitios lejanos de donde está la toma. Le siguen los encargados de transporte, los de almacenamiento y quienes comercializan con terceros.

A lo largo de los 415 kilómetros del oleoducto, que se extiende desde Limón hasta Barranca de Puntarenas, la entidad tiene identificados los tramos más vulnerables: Limón - Siquirres, Siquirres - Turrialba y Turrialba - Cartago.

Los ladrones aprovechan propiedades privadas, cañales y potreros cercanos a la tubería principal para construir los túneles y correr las mangueras. Esto ocurre muchas veces en zonas montañosas, lo que dificulta la respuesta rápida de las autoridades, pues aunque la Refinería monitorea la presión de las tuberías, hay ciertos puntos de acceso muy difícil.

“Otros alquilan predios que pasan cerca del poliducto y le hacen un hueco a la casa o a la bodega, como sucedió aquí recientemente en Alajuela, y entonces a una distancia corta se conectan, nadie los va a ver porque todo eso es dentro de una estructura y lo están perforando por debajo.

“En el momento en que hay una pérdida de presión sí lo identificamos, pero cómo saber que está ahí es un tema difícil y ahí es donde entra nuestro equipo de inteligencia, donde ya empezamos a hacer vigilancias, a ver movimientos, a entrevistar vecinos, muchos de estos lugares los hemos identificado por denuncias, gracias a Dios la gente se ha animado a denunciar”, explicó Quesada.

Drones y labor de inteligencia

Uno de los casos más graves de trasiego ilegal se conoció apenas esta semana, cuando las autoridades detectaron una manguera que estaba instalada dentro del propio plantel de la Refinadora en Moín, Limón. Al momento de la captura de los dos sospechosos, el 10 de octubre anterior, los hombres ya habían cargado un cisterna con 34.000 litros de gasolina regular.

La labor de inteligencia permitió confirmar que los sujetos sabían que esa noche llegaba barco con combustible al puerto. Sin embargo, todavía falta por aclarar cómo lograron entrar al plantel con un pick-up lleno de mangueras y un cisterna que no tiene permisos para trasegar hidrocarburos.

Juan Manuel Quesada declinó indicar, días antes de este caso, si han identificado a empleados de la misma refinadora involucrados en estas redes delincuenciales. “Bueno, nosotros no los tenemos identificados en este momento, porque si los tuviéramos identificados ya los hubiéramos sacado de la empresa”, declaró.

Sin detallar en los trabajos de inteligencia que realizan, el jerarca de la Refinería dijo que la entidad recaba pruebas y luego transmite la información al Organismo de Investigación Judicial para que despliegue los allanamientos correspondientes.

Parte de esa prueba se logra, según dijo Quesada, con “los mejores drones” que tiene el país y que permiten vigilar predios sospechosos.

Aunque este negocio se conoce desde hace décadas, fue hasta el 2020 que se reformó la legislación y desde entonces la extracción ilegal de carburantes se pena hasta con 15 años de prisión. Esta sanción es igual a la que impone el artículo 213 del Código Penal para el delito de robo agravado.

Desde el 10 de octubre se consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el total de procesos penales abiertos por robo de combustible, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.