Jueces de Latinoamérica urgen a Chaves diálogo para solucionar crisis en seguridad

En un pronunciamiento emitido el viernes 14 de abril, los jueces piden al Poder Ejecutivo de Costa Rica “instalar un diálogo constructivo y democrático para la propuesta de soluciones reales y efectivas a las diferentes situaciones que enfrenta el país, especialmente referidos a la seguridad ciudadana”.

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Costa Rica vive una ola de asesinatos, aunque el mandatario culpó a los medios de comunicación de querer presentarla como una crisis.

En la antesala de que los jueces emitieran la declaración, el país registró nueve asesinatos en menos de 12 horas, entre la noche del jueves y la mañana del viernes.

Además, el primer trimestre cerró con casi 70 homicidios más que el mismo periodo del año pasado. El incremento es de un 40%.

Los jueces estuvieron en San José por tres días para discutir la situación que enfrenta cada uno de sus Estados.

Adriana Orocú, presidenta de la FLAM y de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), recalcó el apoyo de sus colegas de la región al llamado al diálogo en Costa Rica.

“Es un diálogo que realmente tenga la posibilidad de que cada uno de los presidentes de los Supremos Poderes, o quienes designen bajo sus competencias, pueda definir cuál es la ruta estratégica del país”, dijo Orocú.

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Los delegados costarricenses detallaron a sus homólogos las últimas expresiones del mandatario sobre jueces.

Según la presidenta de la FLAM, “no es admisible” que Chaves “emita comentarios ligeros para deslegitimar esa función, comentarios que pueden observarse sin ningún asidero, sin ningún contenido probatorio”.

El 2 de abril, por ejemplo, los jueces emplazaron a Chaves a que presente pruebas y denuncie las supuestas sentencias negociadas en los tribunales que sugirió en conferencia de prensa. De lo contrario, exigieron que se retracte “tal cual lo haría una persona de honor”.

Chaves aseguró, el 31 de marzo, que, producto de negociaciones, los jueces pueden emitir con discreción condenas carcelarias diferentes por el mismo delito. Ello, añadió, permite a los sentenciados evitar la cárcel cuando la pena es menor a los tres años.

El Sindicato de la Judicatura (Sindijud) aclaró, esa vez, que los jueces de la República no tienen competencia legal para negociar sentencias

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La FLAM busca generar acciones para defender la independencia judicial en los país de Latinoamérica.