Seis hombres detenidos en Parrita, entre el sábado y el lunes, como sospechosos de robar cable del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quedaron a la espera de medidas cautelares y ligados al proceso en la Fiscalía local.
La tarde del lunes, la Fuerza Pública detuvo en Sardinal de Parrita, provincia de Puntarenas, a cinco ocupantes de un carro rojo donde trasladaban cable que al parecer habían robado poco antes.
Gracias a la denuncia de vecinos, se realizó un operativo policial y se logró interceptar el vehículo, en cuya cajuela se encontraron tres sacos con aproximadamente 250 kilos de cable convertidos en cobre.
Los ocupantes del carro son dos costarricenses apellidados Marín Zúñiga y Ríos Centeno, así como tres extranjeros, uno de apellidos Castillo Urrutia y dos hermanos de apellidos Castillo Sosa.
En otro caso similar, en ese mismo cantón del Pacífico central, pero en la comunidad de Chires, la Fuerza Pública investigó otro vehículo que llevaba varios bultos con cable y detuvo al sospechoso, de apellidos Sánchez Gutiérrez.
El Ministerio de Seguridad coordinó con el ICE para devolver el cable decomisado y en ambos casos los capturados fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía.
Esa entidad informó este martes que los cinco detenidos en Sardinal son sospechosos de robo agravado, delito que se sanciona con penas entre los cinco y quince años, mientras que Sánchez, el detenido en Chires, es sospechoso de receptación, cuyas penas van de seis meses a cinco años de cárcel.
A los primeros se les tomó la declaración indagatoria y ahora la Fiscalía se encuentra a la espera de que se programe la audiencia de solicitud de medidas cautelares.
Por su parte, Sánchez, quien fue detenido en la ruta que comunica Puriscal con Parrita, fue llevado a la sede fiscal donde luego de tomarle la declaración indagatoria, se comprobó que cuenta con los arraigos procesales requeridos (laboral, domiciliar, familiar) por lo que quedó libre, pero ligado el proceso penal como imputado.
En la mira de la Fiscalía
La fiscala General Emilia Navas anunció la semana pasada que en tiempos de pandemia esas acciones delictivas impactan de manera importante el teletrabajo que realizan cientos de personas.
De igual manera, se ve afectada en muchos casos la labor que se desarrolla el clínicas y hospitales que atienden a personas enfermas por covid-19.
Según Navas, se sospecha que una red organizada se dedica a manejar estas sustracciones que han dejado pérdidas al ICE por más de ¢3.000 millones en el último año y medio.
Lo anterior al determinarse en las investigaciones que aparentemente esas redes cuentan con cortadores de cable, transportistas del material, encargados de almacenaje, centros de acopio y hasta exportadores del cobre.
En una circular emitida el 17 de julio a todos los fiscales, Navas dispone que al recibir una denuncia deben coordinar con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y disponer de todas las diligencias para dar con los sospechosos, determinar su participación y las posibles vinculaciones con la estructura en la que se encuentren organizados.
Si se comprueba la existencia de un grupo estructurado, se aplicará la ley que permite el rastreo de datos móviles o la intervención de las comunicaciones para llevar el caso hasta las últimas consecuencias.
La idea es tratar de encontrar el ligamen de los detenidos con las personas que los contratan, para que no sean sujetos de beneficios como criterios de oportunidad o medidas alternas a la cárcel.
