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El pasado 10 de setiembre, la Fuerza Pública descubrió a ocho africanos indocumentados (cuatro eritreos y cuatro somalíes) que intentaban ingresar por Peñas Blancas, frontera norte.
Dos días antes, 27 nepalíes fueron encontrados en unas cabinas en Paso Canoas, Corredores, en la frontera sur. Otros nueve asiáticos (siete de Nepal y dos de Bangladés) habían sido detenidos a inicios del mes cuando iban con un coyote en un carro, en Jacó.
La llegada de foráneos desde tierras lejanas para intentar pasar por nuestro país ilegalmente preocupa a las autoridades migratorias, no solo porque podría significar que hay nuevas rutas de tráfico activas, sino porque devolverlos representa un impacto económico para la dependencia.
El año pasado, por ejemplo, la Dirección de Migración gastó ¢140 millones en deportaciones.
Ese monto incluyó ¢80 millones en tiquetes y ¢60 millones en viáticos.
El monto equivale al 66% del presupuesto que tiene la entidad para viajes al exterior y viáticos (incluidos los que hagan funcionarios a reuniones).
En el 2013, en total, la entidad deportó a 777 personas, de las cuales una gran mayoría son de países cercanos como Nicaragua (536) y Colombia (58). Otros son de naciones más lejanas.
Viajes caros. Kathya Rodríguez, directora de Migración, explicó que para cada deportación se requiere enviar a dos custodios.
La funcionaria indicó que los foráneos de países de América no son los que más preocupan pues, usualmente, las aerolíneas donan tiquetes.
“Pero nosotros no podemos decirles que nos den un viaje a Sudáfrica, porque casi ninguna aerolínea que llega a Costa Rica tiene un viaje directo”, manifestó.
“Los ¢80 millones que nosotros pagamos al año es en viajes a Sudáfrica, a Nepal, Bulgaria, Rumanía, etc. Si le sumáramos a esa cifra lo que las aerolíneas nos donan, podríamos estar hablando al menos de la mitad adicional en tiquetes (¢40 millones)”, añadió.
Rodríguez indicó también que, en algunas ocasiones, no se puede realizar la deportación de extranjeros a otros continentes porque no se tiene certeza de la identidad de una persona.
“Si nosotros llegáramos a tener un mecanismo completamente efectivo de identificación, ya no sería la cantidad de personas que hoy estamos deportando a estos países, sino cuidado y el doble, y eso podría significar el doble de recursos”, puntualizó Rodríguez.
“Lo que a mí me preocuparía es que, en un momento determinado, no podamos hacer deportaciones por el hecho de no contar con los recursos presupuestarios”, agregó.
Controles. Rodríguez dijo que, para contrarrestar la situación, se está analizando con países vecinos a qué se debe el flujo de grupos más grandes. “Lo mismo les pasa a Panamá y a Colombia”, afirmó.
Resaltó que, anualmente, las autoridades impiden el ingreso de 45.000 indocumentados.
