Costa Rica frenó inversión en seguridad en los últimos años, señala Colegio de Abogados

Según las estadísticas expuestas por Jorge Roberto Méndez, de la Comisión de Seguridad del Colegio, entre el 2010 y el 2015 el presupuesto del Ministerio de Seguridad creció a una tasa del 18,8% anual, cifra que se redujo fuertemente a un 2,7% entre el 2016 y el 2021. Los valores nominales no fueron divulgados.

Méndez indicó que entre el 2022 y el 2023 el crecimiento fue negativo, ya que el Gobierno ha recortado más de ¢1.000 millones al presupuesto de la cartera en cada uno de esos años.

“Eso es que está poniendo en aprietos al Ministerio de Seguridad Pública, no solo a nivel de equipamiento e infraestructura, sino con el tema de reclutamiento de personal, igual en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Justicia”, indicó Méndez.

Los datos trascienden apenas a dos meses de que el 2022 rompiera el récord histórico de homicidios, con 656 muertes y el país alcanzara una tasa de 12,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Contrario censo, cuando el país invertía más recursos en seguridad, la tasa de homicidios bajó de 10,3 a 8,7 en el periodo 2011-2013.

El experto en seguridad presentó algunas recomendaciones, como diseñar una hoja de ruta en el marco de un proceso de consulta, con indicadores de desempeño; convocar por parte del Poder Ejecutivo a un Consejo de Seguridad Ampliado, con representación de los otros poderes de la República; y presentar un presupuesto extraordinario con asignación de recursos adicionales a los rubros de Seguridad y Justicia.

En el foro también participaron el presidente del Colegio de Abogados, Álvaro Sánchez; el ministro de Seguridad, Jorge Torres; el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; y la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, Gloria Navas, del Partido Nueva República.

Asimismo, intervinieron figuras como el ex fiscal general (2003-2010) Francisco Dall’Anese, el exministro de Seguridad (2018-2022), Michael Soto, y la magistrada Patricia Solano.

El actual ministro, Torres, expuso los puntos principales de la Ruta de Seguridad, con la que el Gobierno intentará aplacar el incremento de la criminalidad en el país, que pasó de un promedio de 50 asesinatos por mes a 70 en el mismo periodo. El jerarca indicó que dividió la ruta en tres ejes: operacional, capacidades y prevención.

Una de las acciones operacionales se enfoca en combatir el narcomenudeo. “¿Por qué se da la violencia? De todas las fases, desde que usted planta la hoja de coca, hasta que saca el dinero, no hay ninguna fase más violenta que las disputas territoriales”, dijo Torres.

“Eso es una conducta aprendida y repetida en el continente (...), sin dejar de lado obviamente las estructuras que se dirigen al tráfico internacional. Tenemos todos los cuerpos policiales metidos en Moín y en Caldera, estamos haciendo un gran esfuerzo para evitar que esos exportadores se vean afectados porque les contaminen sus contenedores”, añadió.

Otras operaciones, como la denominada Zeus, está concentrada en la Zona Atlántica, mientras que la operación Fortaleza consiste en blindar las fronteras, indicó el ministro. De igual forma, manifestó que se encuentra en conversaciones con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para recibir financiamiento por $100 millones para la compra de equipamiento.

Por su parte, el ministro Gerald Campos manifestó su descontento con las malas condiciones salariales que están enfrentando los cuerpos policiales del país, y apuntó que al llegar al Ministerio de Justicia se encontró “patas arriba” el estado estructural de las oficinas.

Serie de reuniones

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Este encuentro ha sido parte de una serie de reuniones organizadas por el Colegio de Abogados con los poderes de la República para atender los problemas de seguridad.

El pasado 17 de enero, en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Seguridad del Colegio presentó algunas de sus propuestas, respaldadas por exjerarcas policiales, que consisten principalmente en recuperar presupuestos cuya intención original era luchar contra el avance criminal, principalmente de gravámenes como: el impuesto a las cajas de banano (ley 7313) y el impuesto a los casinos (ley 9050).

De igual forma, el 7 de febrero, representantes del Colegio se reunieron con magistrados de la Sala Constitucional. En dicho encuentro, el magistrado Fernando Cruz propuso la creación de una oficina de política criminal que se encargue de analizar las estadísticas relacionadas con los delitos cometidos en el país.