El Consulado de Costa Rica en Nicaragua hizo la solicitud formal al Gobierno vecino para poder repatriar a “un grupo” de presos costarricenses, ante la pandemia por el nuevo coronavirus. No detalló cuántas personas serían.
Según confirmó a La Nación el cónsul Óscar Camacho, la petición al Ministerio de Gobernación nicaragüense se realizó en este mes de mayo; no obstante, recalcó, son gestiones que se hacen todos los años.
Por ejemplo, el año pasado se lograron repatriar 19 costarricenses para que descontaran el resto de la pena en cárceles nacionales. En lo que va de este 2020, se han repatriado dos.
“Vivimos coordinando con el Ministerio de Gobernación de Nicaragua estos procesos y, en efecto, por todo el tema del covid-19 hemos pedido que se estudie la posibilidad de repatriar un grupo de presos de Nicaragua", apuntó.
Debido a que la solicitud aún está en estudio, Camacho prefirió no ahondar sobre cifras de cuántos privados de libertad se verían beneficiados con el cambio.
“No tenemos el dato exacto porque no sabemos si se van a poder repatriar. Es una solicitud expresa del Consulado hacia las autoridades nicaragüenses. Esperamos tener afinado ese detalle en las próximas semanas. Hasta ese momento podríamos decir quiénes se van”, señaló.
Esta solicitud se da en medio de que la prensa nicaragüense ha denunciado en múltiples ocasiones que el gobierno de Daniel Ortega oculta los datos verdaderos sobre la cantidad de pruebas realizadas de covid-19, sus resultados y la cantidad de víctimas mortales.
Además, aseguran que hay un contagio comunitario.
Paralelamente al trámite que realiza Costa Rica ante las autoridades penitenciarias de Nicaragua, trascendió, según el diario nicaragüense La Prensa, que el régimen de Daniel Ortega ordenó la expulsión de privados de libertad extranjeros que cumplen penas en las distintas cárceles del país.
Ortega dictó el regreso de los presos hacia sus países de origen por medio de la figura de la «Expulsión», contemplada en el artículo 95 del Código Penal de Nicaragua. Sin embargo, la figura no puede utilizarse de esa manera, según penalistas independientes del país del norte.
El diario indicó que el Código Penal de Nicaragua señala que la figura de la expulsión se aplica a reos extranjeros cuyas penas privativas de libertad impuestas son inferiores a cinco años.
Sin embargo, los penalistas consultados por el medio advirtieron que la mayoría de extranjeros condenados en Nicaragua están cumpliendo penas mayores a los cinco años de cárcel, por lo que no pueden ser expulsados a través de esta figura.
Por su parte, el Ministerio de Justicia de Costa Rica indicó en un video de menos de un minuto, enviado por su oficina de prensa, que conocen de las intenciones del Consulado tico y que, por ello, trabajarán en un plan estratégico para la eventual recepción de estos nuevos ingresos.
Se les enviaron más consultas al departamento de prensa, pero no se ha obtenido respuesta.
¿Cómo funciona este proceso?
Para empezar, estas solicitudes se realizan bajo el marco de la Convención Interamericana para Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, el cual Costa Rica suscribió en 1998.
Según explicó Camacho, cualquier privado de libertad puede solicitarlo, no tiene que cumplir con algún requisito puntual. Recalcó que estas petitorias se hace basándose en la calidad de su nacionalidad y no así del delito que cometió.
Lo único que sí es necesario es que el recluso exprese su consentimiento para el traslado.
“Sí lleva un trámite especial, lleva documentación y una coordinación entre el Poder Judicial de Nicaragua y el de Costa Rica. Una vez que se cumpla con eso, queda a voluntad absoluta de Nicaragua quiénes se van, cuándo se van y la forma en que se van”, explicó.
Como parte del proceso, se da la coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, debido a que son ellos quienes deben ingresar a los reclusos al sistema penitenciario nacional. “Eso lleva su tiempo”.
Entre los presos costarricenses que actualmente están en Nicaragua, destaca Luis Ángel Martínez Fajardo, alias Pollo, de 37 años.
Él fue detenido en abril del 2015 y fue condenado a 18 años por el delito de tráfico internacional de drogas y a 12 años por crimen organizado.
Sin embargo, lo último que se conoció de él es que, en el 2016, se rehusó a ser repatriado.
Precisamente, en una carta que había enviado a los funcionarios de la Embajada de Costa Rica en Nicaragua en ese tiempo, él daba a conocer que no quería entrevistarse ni tener contacto con ningún funcionario diplomático.
Así las cosas, él se mantuvo en la cárcel Tipitapa, ubicada en las afueras de Managua.
Colaboraron: los periodistas Josué Bravo y José Andrés Céspedes