La exclusión financiera empuja a miles de personas a buscar formas alternativas para obtener un préstamo, lo que los lleva a ser víctimas de los llamados préstamos gota a gota, los cuales suelen incluir tasas de interés abusivas, extorsiones y violencia contra los deudores por parte de los prestamistas.
Según datos publicados en agosto pasado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre enero y junio del 2022 se contabilizaron 444 causas de extorsión, de las cuales 215 fueron por préstamos gota a gota. En aquel momento la Policía Judicial mostró preocupación porque en todo el 2021 ingresaron 666 denuncias por extorsión, y de estas 300 eran relacionadas a este tipo de préstamo.
Asimismo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que el 75% de la población rural estaría financieramente excluida de un producto bancario tradicional según su perfil de ingresos. También se señala que el 51% de las mujeres cuentan con un ingreso por debajo de los $500 (lo que equivale ¢330.710 según el tipo de cambio), lo cual hace que no sean bancarizables y queden propensas al gota a gota.
Diferentes casos de violencia han trascendido relacionados con este cuestionable sistema, tales como los prestamistas que en el 2021 balearon a un hombre por recomendar a un cliente que, al final, no les pagó la deuda.
¿Cómo evitar verse involucrado en una situación similar? Mónica Navarro, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi) comentó en entrevista con La Nación que en caso de no tener acceso a un crédito en un banco común, lo primordial es identificar cuáles empresas de microfinanzas están asociadas a alguna organización gremial.
“Esto da algún tipo de respaldo en cuanto a la formalidad. A pesar de que las cámaras empresariales no podemos garantizar el actuar del 100% de nuestros agremiados, sí podemos por lo menos garantizar de que son empresas formales que pagan sus impuestos, que aportan a la Caja Costarricense de Seguro Social, que cumplen con las normativas de los artículos que les corresponden ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)”, comentó Navarro.
Por su parte, Javier Cascante, asesor de la Asocomi, explicó que existen varias personas particulares que brindan préstamos, pues la ley en Costa Rica lo permite. Para notar que un préstamo de este tipo puede tornarse peligroso, Cascante recomienda observar las condiciones del trato.
Por ejemplo, si el prestamista no dice con claridad de cuánto es la tasa de interés que está cobrando, o cuando impone condiciones que se salen de los asuntos financieros y entran a temas personales, son síntomas de que el crédito se aleja de las prácticas crediticias normales.
“Si ya alguien te dice como, qué se yo, que ‘lo va a pagar con su vida’ y ese tipo de cosas, pues la persona debe saber que está asumiendo ese riesgo a la hora de tomar ese crédito, el tema aquí es que mucha gente acepta esas condiciones, o sea aquí uno puede decir ‘tenga cuidado’, pero estoy casi seguro que la mayoría de la gente sabe cuáles son esas condiciones”, indicó.
Cascante detalló que los deudores muchas veces creen que van a poder controlar los riesgos que conlleva el préstamo; sin embargo, la deuda se les sale de control y terminan siendo víctimas de actos de violencia.
“La pregunta que hay que hacerse es ¿cómo evitamos que lleguen a esa condición? Cuando les das oportunidades, que tengan acceso al crédito, les damos oportunidad a esas personas para que puedan resolver su vida. Es complicado cuando esas oportunidades de oferta de crédito se limitan”, señaló.
