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A las 12:15 p. m. de este viernes el presidente electo, Rodrigo Chaves, anunció al actual jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Luis Torres Carrillo, de 55 años, como ministro designado de Seguridad Pública, Gobernación y Policía.
El futuro jerarca de Seguridad es abogado, cuenta con una especialidad en Derecho Notarial y tiene un posgrado en Inteligencia Estratégica obtenido en México.
Entre sus atestados, se graduó como técnico medio en Ciencias Agropecuarias en el Colegio Técnico Profesional de Guaycará, Golfito y en el 2010 estudió Criminología en la Universidad de San José. Ahí mismo cursó Derecho, graduándose en el 2016. Se especializó en esa misma casa de enseñanza en Derecho Notarial en el 2017. Es casado y tiene dos hijos.
Torres, quien hace más de 10 años fungió como subdirector de la DIS, cuerpo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia, volvió a ese cargo y luego pasó a la dirección. Según el acuerdo N° 019-MP, firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, Torres fue ratificado como subdirector de la DIS a partir del 1.° de agosto del 2018. Tres años después, en agosto del 2021, asumió como director de la DIS, tras la salida de Eduardo Trejos.
Asimismo, se ha desempeñado como Secretario General de la Secretaría General para América Latina de la Red Internacional Antinarcóticos (RIAN) y ha sido jefe del Centro de Inteligencia contra Narcóticos de la DIS.
Investigado y sancionado
En su carrera el futuro jerarca de Seguridad también ha sido investigado, pues el 16 de febrero del 2019 fue sancionado por una falta de vigilancia al sistema de Control Interno. Por ese motivo se le impuso una sanción de 7 días que cumplió entre el 7 y el 14 de enero de ese año, según explicó esa vez Juan Alfaro, viceministro de la Presidencia. En aquella ocasión otros cuatro funcionarios de la DIS también fueron sancionados.
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Otro hecho en el que se vio invilucrado ocurrió en el 2013, en la administración Chinchilla Miranda (2010-2014), cuando ya ejercía como segundo en el puesto de mando de la DIS y el director de ese cuerpo policial, Celso Gamboa, confirmó que Torres enfrentaba una causa por el delito de conducción temeraria.
Esa vez fue parte de una violenta colisión en Santa Teresa de San Antonio, Escazú, lugar de cercano a su residencia, y se negó a que le realizaran la alcoholemia.
Tras la negativa de Torres, la Policía de Tránsito lo trasladó a la Fiscalía del Segundo Circuito de Goicoechea, donde se ordenó una prueba de alcohol en sangre y luego quedó libre, pues no se le dictó ninguna medida cautelar.
En aquella ocasión Celso Gamboa aclaró que Torres no estaba en horas laborales ni en un vehículo oficial en el momento en que ocurrió el accidente.
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El 29 de mayo del 2013, Jorge Torres aceptó haber cometido la falta ante el juez de flagrancia y solicitó acogerse a la medida de resolución alterna. Con la anuencia del Ministerio Público, el juez Hugo Vargas, aceptó la propuesta de Torres.
El arreglo consistió en el pago de ¢400.000 a entidades que velan por la salud de los niños. También hizo 200 horas de trabajo comunal en la Cruz Roja, con el fin de librarse de una pena por conducir en estado de ebriedad. Se determinó que conducía con 2,04 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el límite máximo permitido es de 1,2 gramos por litro.
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