Cuatro oficiales de Tránsito que colaboraron con una banda narcotraficante recibieron altas penas de prisión junto a los otros integrantes de la organización, la tarde de este lunes en el Tribunal Penal de San Carlos.
La sentencia más fuerte la recibió el exjefe de la delegación de Tránsito de La Fortuna, de apellidos Bravo Quesada, quien fue condenado a 76 años de cárcel por los delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos, homicidio calificado, asociación ilícita, comercialización de armas, peculado (malversación de fondos públicos) y falsedad ideológica.
Los otros oficiales y sus respectivas condenas son: Salas Gutiérrez (46 años), López Quesada (23 años) y Ulate Vásquez (un año).
Asimismo, Bravo, Gutiérrez y Quesada no podrán ocupar cargos públicos durante 12 años, mientras que para Ulate este impedimento será de un año.
Además, a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), Bravo y López deberán pagar ¢14 millones por daño social y costas personales. Por estos conceptos Salas deberá desembolsar ¢12 millones y Ulate ¢6 millones.
Según la acusación presentada al inicio del juicio por el fiscal Héctor Bodán, los oficiales presuntamente suministraban al grupo criminal armas, vehículos y placas decomisadas que se encontraban en las instalaciones policiales.
Además, de acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios mantenían informada a la banda sobre los operativos en carretera y, aparentemente, utilizaban patrullas para transportar droga sin levantar sospechas.
La acusación también afirma que algunos de los detenidos, con la ayuda de los tráficos, se encargaban de enviar dinero de la banda criminal hacia Nicaragua, lugar de origen del cabecilla, identificado como Martínez Rodríguez, alias Eddy, quien no fue capturado.
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También fueron condenados otros seis imputados por conformar la organización delictiva: Arce Ávila (condena de 15 años), Artavia Angulo (48 años), Zambrana Esquivel (54 años), Matamoros Quirós (50 años), Porras Cruz (11 años) y Rodríguez Zelaya (11 años).
En el caso de Bravo y Zambrana, sus penas fueron readecuadas a 50 años de cárcel, pues es lo máximo establecido en el sistema penal costarricense.
El Tribunal acreditó que estos encartados transportaban marihuana y cocaína a La Fortuna y Cutris de San Carlos, así como a los cantones de Guatuso y Los Chiles, a través de una banda con funciones definidas, estructura jerárquica y una importante permanencia en el tiempo.
Además de vender droga en la región, la organización fue enjuiciada por comercialización de armas y por el homicidio de Eric Vallejos Rodríguez ocurrido el 17 de mayo del 2022, , en Santa Gertrudis de Peñas Blancas, en el cantón de San Ramón.
Desde el 2021 la banda empezó a ganar notoriedad en la Zona Norte y se convirtió en objetivo de las autoridades. Un golpe importante lo dio el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en julio del 2022, en Muelle de San Carlos, donde una persona quedó detenida y se decomisaron al menos 10 paquetes de marihuana.
El golpe mayor se dio en octubre del 2022, cuando los 10 imputados fueron detenidos tras allanamientos en Muelle, La Fortuna, Guatuso y Coopevega de Cutris.