El fiscal general de la República, Carlo Díaz, afirmó que, de aprobarse la reducción y condicionamiento de recursos incluidos por el gobierno de Laura Fernández en el proyecto de Presupuesto Nacional del 2027, el 20% de las plazas del Ministerio Público podrían verse afectadas.
Según el fiscal, esta medida reduciría en un 80% la capacidad de la institución para atender los casos que ingresan.
Las normas presupuestarias propuestas por el Ejecutivo dejarían al Poder Judicial con restricciones para utilizar ¢29.843,8 millones incluidos en su plan de gastos del 2027 y, además, un recorte equivalente a unos ¢10.500 millones, lo que representa una asignación menor del 2%, respecto al 2026.
En entrevista con La Nación, el fiscal describió los recortes como perversos y sostuvo que las líneas donde se está condicionando el presupuesto son estratégicas. “Es algo muy bien pensado. No es simplemente decir, ‘bueno, les quitamos esta mínima parte’. No, nos quitaron donde más duele, donde no vamos a tener capacidad de reacción”, lamentó.
Justamente el 21 de setiembre, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Díaz explicó que se verían afectadas 25 plazas que corresponden a funcionarios vinculados con investigaciones de narcotráfico y otras 33 destinadas a atender delitos sexuales y violencia doméstica.
Los eventuales recortes presupuestarios, dijo a este diario, beneficiarían al crimen organizado y las consecuencias se verían reflejadas no solo en la eventual incapacidad para investigar, sino también en los servicios básicos a los que acceden los usuarios a diario.
Por ejemplo, cesarían las ayudas económicas que brinda el Poder Judicial a la población de escasos recursos para acudir a las instancias judiciales a interponer denuncias. Aunado a ello, advierte que las limitaciones presupuestarias obligarían eventualmente a cerrar distintas fiscalías, como las de Cóbano, Jacó y Quepos, lo que obligaría a los usuarios de esas localidades a movilizarse hasta Puntarenas.
En esos casos, el panorama para una mujer de Cóbano víctima de violencia doméstica se complicaría, pues tendría que utilizar de sus recursos para movilizarse hasta el centro de esa provincia solo para interponer una denuncia.
“La señora va a tener que valorar si utiliza los ¢5.000 para dar alimentos a su familia o si cruza en ferry al otro lado, sin recibir ayudas económicas para poner una denuncia”, dijo.
Situaciones similares ocurrirían en la Gran Área Metropolitana, donde podría eventualmente cerrar la Fiscalía de Hatillo, que se ubica en Pavas, y trasladarla hasta el centro de San José.
Tampoco, dijo, quedaría músculo económico para pagar a traductores que atienden causas en las que personas indígenas figuran como víctimas o imputados. Díaz afirmó que los casos “quedarían botados”.
También explicó que el Ministerio Público se vería obligado a cerrar las plazas en las fiscalías de narcotráfico que se habilitaron durante la Asamblea Legislativa pasada en diferentes provincias para atacar el tráfico local.
“Como fueron de la asamblea anterior, están vacantes y están colocadas en las diferentes fiscalías, las ubicamos en todas las fiscalías. Como son de creación reciente, están vacantes, no hay nombramiento en propiedad”, dijo.
Según Díaz, la escasez de personal no afectaría únicamente a las fiscalías de narcotráfico, sino también a otras oficinas, que tendrían que dejar de atender algunos asuntos para priorizar otros. Entre las causas que quedarían en riesgo están las relacionadas con estafas informáticas, administración fraudulenta, contrabando y defraudación fiscal.
También sufriría consecuencias la Sección de Delitos Sexuales, que afronta una creciente demanda con solo 33 personas, entre fiscales y técnicos, para atender los casos de todo el país.
“No da chance de cubrir la demanda (...) Todo lo económico no sería la prioridad en este país. Con lo que nos queda, contener la criminalidad violenta y el narco”, dijo.
Añade que, aunque se centren los recursos en la contención de la criminalidad, estos no darían abasto para enfrentar la resiliencia de los grupos criminales, es decir, la capacidad de estas estructuras para adaptarse y continuar operando pese a las acciones del Estado para desarticularlas.
“A usted se le quita la capacidad de investigar y, por supuesto, la persistencia criminal va a ser mayor. Ya no podemos investigar, ya no podemos ir a hacer allanamientos, ya no podríamos ir a detener”, dijo.
Los recortes, afirmó, impactarían el uso de gasolina, los repuestos para los vehículos policiales y el pago de viáticos. En términos operativos, la falta de dinero también impactaría el pago de las licencias del correo electrónico, uno de los principales medios de comunicación institucional.
El fiscal afirmó que este lunes estaba previsto que el Consejo Fiscal se reuniera de emergencia para exponer a los jefes de las oficinas los posibles escenarios y, a partir de ahí, buscar soluciones.
Los reacomodos ante eventuales recortes no se plantearán durante ese próximo encuentro, pues llevan más tiempo de planeamiento.