El Gobierno de los Estados Unidos mantiene a Costa Rica en la deshonrosa lista de países con mayor tránsito de drogas o mayores productores de drogas, en la que aparece junto a Bolivia, Colombia, Venezuela y México, entre otros.
La nómina está conformada por 23 naciones, 17 de ellas ubicadas en el continente americano.
Según el memorando firmado por el presidente Joe Biden, y enviado al Departamento de Estado, la lista la conforman: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, la República Popular China (RPC), Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
“La presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antidrogas de su gobierno o del nivel de cooperación con Estados Unidos. (...) La razón por la que los países están incluidos en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha adoptado medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley”, dice el documento colgado en la página de la Casa Blanca desde el pasado 15 de setiembre.
Nuestro país apareció por primera vez en ese recuento en el 2010, según publicaciones de La Nación de la época. Un año después, en el 2011, el entonces presidente, Barack Obama, precisó que el 90% de las 700 toneladas de drogas que ingresaron a Estados Unidos pasaron por Centroamérica.
En marzo pasado, el Reporte Estratégico de Control Internacional de Narcóticos del gobierno estadounidense indicó que “Costa Rica sigue siendo el principal punto de transbordo de cocaína en ruta a Estados Unidos desde América del Sur, y es un punto de tránsito clave en el tráfico internacional de narcóticos”.
Este nuevo memorando, fechado hace tres días, trasciende justamente en momentos en que agentes de diferentes cuerpos policiales denuncian un debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica. Ellos cuestionaron la decisión del Ministerio de Seguridad Pública de sacar a la Policía de Control de Drogas de aeropuertos, muelles y fronteras terrestres y delegar su trabajo en otras autoridades, como el Servicio de Vigilancia Aérea.
Los agentes alegan que otras Policías no están capacitadas ni cuentan con las herramientas para la detección de narcóticos y que, una decisión como esta, solo puede ser derivada del desconocimiento “o porque están favoreciendo a alguien más”.
Frente a los cuestionamientos lanzados por los oficiales, el principal argumento de Seguridad Pública es que al asignar el rol de la PCD a otros cuerpos policiales, los oficiales antidrogas podrán concentrarse en investigar y judicializar los casos.
Mario Zamora, titular de esa cartera, manifestó el domingo ante una consulta de La Nación que la medida pretende “que las policías de investigación, investiguen y las policías de vigilancia, vigilen”.
“Manuel Jiménez, el viceministro de Unidades Especiales está a cargo de ese proceso. En síntesis, pretendemos equiparar en términos funcionales a nuestras policías al modelo del CBP estadounidense (Control Border Patrol)”, argumentó.
China y el fentanilo
Gracias a una reforma de la legislación interna, Estados Unidos modificó la definición de principales países fuente de drogas para incluir países fuente de precursores químicos utilizados para producir drogas ilícitas. Esto permitió incorporar a China en la lista de este año, como el principal productor de precursores para producir fentanilo.
Estos precursores parten a México y América Central, donde los carteles producen analgésicos y los introducen de contrabando en Estados Unidos. El fentanilo es considerado un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. “Sólo en el último decenio se han detectado y comunicado a las Naciones Unidas más de 1.100 nuevas sustancias psicoactivas y drogas de diseño”, agrega el informe estadounidense.
Por último, Estados Unidos señala que continuarán los esfuerzos con los socios de América del Sur, “para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína, ampliar el acceso a la justicia y promover medios de vida alternativos. Colombia ha sido históricamente un socio fuerte en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el cultivo ilícito de coca y la producción de cocaína siguen en niveles históricamente altos”.
Precisamente por esa sobreproducción se atiborraron las bodegas en Costa Rica, se abarató el precio por kilo de la cocaína y se facilitó que más personas se involucren en el trasiego y comercialización. Este negocio también es uno de los principales disparadores de la violencia y los homicidios.
Costa Rica empezó esta semana con 648 asesinatos, ocho menos que el total registrado en todo el 2022, un año con récord histórico por este tipo de delito. Hoy, cuando faltan más de tres meses para que finalice el 2023, las autoridades policiales auguran que se registrarán más de 930 asesinatos, una cifra sin precedentes.