El primer semestre del 2023 marcará un récord con más de 400 homicidios, un centenar más con respecto a los 305 registrados en el mismo periodo del 2022.
Hasta este miércoles 14 de junio, Costa Rica reportaba 398 asesinatos en cinco meses y medio. El promedio es uno cada 10 horas, poco más de dos por día y 17 por semana.
Así, se llega al 60% de los 656 homicidios ocurridos en el 2022, año que se convirtió en el más violento, de acuerdo con los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De continuar la tendencia en el segundo semestre, el 2023 superará las 800 víctimas, advirtió esa entidad policial.
Un análisis del OIJ de los homicidios ocurridos en los primeros semestres de los años 2010 al 2022, demostró que el 2018 tuvo el primer semestre más sangriento de los últimos 13 años, con 311 asesinatos. Esa cifra ya fue superada por los 398 en cinco meses y medio ocurridos hasta ahora en 2023.
De los 398, 225 homicidios (56%) son ajustes de cuentas y venganzas, lo que implica la participación en ellos de casi 500 sicarios, ya que la mayoría son duplas que llegan en moto.
Hasta este 14 de junio, del total de muertes, 102 ocurrieron en San José; 101 en Limón y 60 en Puntarenas. San José, por ejemplo, registraba 55 homicidios hace un año, por lo que en la actualidad casi duplica la estadística del periodo anterior.
Heredia, con 22 asesinatos, y Cartago, con 24, son, en cambio, las provincias con las cifras más bajas de este tipo de criminalidad.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien asumió el puesto el 10 de mayo, no solo se enfoca en el número de muertes, sino en el fenómeno detrás de ellas, denominado por el OIJ como “miniejércitos”.
Zamora, quien fue parte de un equipo que logró reducir los homicidios hace una década, durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), no espera resultados inmediatos. Por ahora prioriza el trabajo estratégico en las calles, para detener el crecimiento exponencial.
El jerarca atribuye el aumento en los asesinatos a la proliferación de bandas armadas que aplican el sicariato, no solo en regiones como las portuarias, sino también en la zona sur, Guanacaste y San Carlos, entre otras.
Algunos pistoleros están involucrados en tres o cuatro homicidios, dijo, mientras que otros solo en uno o dos casos, pues operan de forma aislada y menos sofisticada.
También se han observado, en cámaras de video, escenas en las que llegan tres o cuatro sicarios para perpetrar un ajuste de cuentas.
Zamora incluso se atrevió a hacer un cálculo durante una comparecencia, el lunes 12 de junio en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Afirmó que hay más de 1.000 sicarios en operación y su estructura de mando es de 250 personas.
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“Existen grupos que reclutan a jóvenes y les proporcionan armas de fuego. Esas personas son capaces de matar en medio de un acontecimiento criminal”, dijo. Se ha identificado un patrón de reclutamiento en el que se les suministran diferentes tipos de armas, para que se constituyan como un brazo armado de las organizaciones criminales.
Además de los homicidios, destacó que la Policía y los servicios de emergencia atienden regularmente a un gran número de personas heridas de bala en tiroteos.
Esta cifra casi triplica la cantidad de homicidios, ya que hasta el día de hoy se han registrado, en cinco meses y medio, cerca de 1.300 casos de personas que sobrevivieron a impactos de bala, a veces percutidos como advertencia o para intimidar, mientras que otros los sufren de forma incidental.
“Mexicanización” del crimen
El comportamiento delictivo en homicidios refleja una “mexicanización” en el país, ya que no solo buscan eliminar físicamente a una persona, sino que a través de la muerte, las bandas pretenden enviar un mensaje de terror y amedrentamiento hacia grupos rivales, al igual que sucede en México con muchos carteles.
Así lo expresó el ministro al referirse a personas quemadas, maniatadas o con una cantidad enorme de impactos. Agregó que esas bandas no se limitan a la venta de drogas. También se atreven a cometer otros delitos e intentan crear una gobernanza en ciertos territorios, donde monopolizan todas las acciones criminales e incluso cobran una especie de impuesto a los residentes.
Durante su exposición ante los diputados, señaló que esas organizaciones aplican la pena de muerte mediante sicarios en los territorios que dominan o en la lucha por el control de territorios rivales. Esto crea un estado de excepción en el que se limitan los derechos y libertades establecidos en la Constitución Política.
Se trata de los llamados “peajes” o “vacunas”, que son una especie de impuesto criminal. En la práctica, buscan sustituir al Estado, ya que en las áreas que ellos controlan no se respetan las garantías constitucionales. Eso ya ocurre en poblados de Limón, Puntarenas y la periferia sur de San José, afirmó.
Agregó que el país todavía está a tiempo de contener y revertir el fenómeno, pues no hacerlo en este momento obligaría a quintuplicar recursos a mediano y largo plazo. Tales manifestaciones las hizo para defender la aprobación de un presupuesto extraordinario por ¢6.000 millones.
Recuperación de plazas
Uno de los ejes para combatir esta criminalidad es la contratación de 348 policías de primer ingreso. De ellos, ya se nombraron 100 que entran este 16 de junio. La previsión es nombrar 100 más cada mes hasta completar la cifra.
Para financiar estas nuevas plazas, el Gobierno pretendía recortar ¢1.900 millones del presupuesto del Ministerio de Educación Pública, destinados para transporte de estudiantes. Incluso, Zamora justificó que aunque la educación es muy esencial, el servicio policial protege la vida, lo cual supera cualquier otro bien jurídico.
Por ejemplo, citó que a diario la Fuerza Pública realiza labores en los centros educativos contra grupos de narcotraficantes que antes vendían droga en las periferias de escuelas y colegios, pero que en la actualidad reclutan menores para vender dentro de muchos de esos centros.
También se ayuda a los estudiantes a la hora de entrada y salida y se interviene cada vez que hay amenazas de tiroteo. Afirmó que ese trabajo supera en mucho el presupuesto solicitado y en suma se trabaja con el Ministerio de Educación, el de Salud y los municipios para erradicar búnkeres establecidos cerca de centros educativos.
Sin embargo, toda esta justificación fue rechazada por los legisladores y, en su lugar, la comisión dictaminó afirmativamente un presupuesto extraordinario de ¢4.100 millones, en lugar de los ¢6.000 millones solicitados.
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Ante el cuestionamiento de la diputada Paulina Ramírez, de que hay 700 plazas sin usar, mientras el Ministerio de Seguridad está busca nuevas plazas, el ministro explicó que se trata de asuntos diferentes. Alegó que hay 1.009 vacantes que son para personas con experiencia policial y no para primerizos.
Dijo que debido a la carencia de policías, en los últimos tres años se acumularon esas vacantes, pues ante el aumento de la delincuencia ha sido imposible sacar de las calles a grupos de oficiales para que se capaciten en la Escuela Nacional de Policía y cumplan así con los requisitos exigidos para llenarlas.
“Se requiere que la persona sea policía. Son plazas de ascenso interno, por ejemplo, de suboficiales a oficiales o de agente 1 a agente 2, y se exige ser policía, por eso no aplican para personas de primer ingreso”, dijo Zamora.
